Embargaron a De Vido por los trenes comprados a España y Portugal
El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue procesado hoy por cohecho en la compra de material ferroviario a España y Portugal, en la causa en la cual ya está detenido y procesado el ex secretario de transporte Ricardo Jaime.
Se trata del tercer procesamiento del ex ministro quien también fue inculpado por el juez Claudio Bonadio por la tragedia ferroviaria de Once y por el juez Sebastián Ramos por no renovar los contratos ferroviarios.
La medida por los supuestos delitos de “administración fraudulenta agravada” y “partícipe necesario de cohecho”, fue dispuestas por el juez federal Julián Ercolini, quien también lo embargó por 100 millones de pesos.
“Es de extrema gravedad que habiendo existido ingentes sumas de dinero destinadas a la mejora de un servicio por el que circulan diariamente millones de habitantes de este país y que estaba en emergencia, no se haya producido una reforma tan necesaria a causa de la actuación de los funcionarios involucrados” escribió el juez en un extenso fallo de 272 páginas.
Ercolini también procesó a otros cincos ex funcionarios involucrados en la maniobra: Antonio Sicaro, Pedro Ochoa Romero, Fernando Cortés, Carlos Retuerto Castaño y Ricardo Roseto, pero sobreseyó a Enrique González.
El juez dejó asentado que dado que ninguno de los procesados tienen condenas firmes anteriores “y en función de los delitos que les son imputados”, no correspondía aplicarle la prisión preventiva, dado que tampoco se advierte peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
En su indagatoria, De Vido adujo que su firma bajo los convenios realizados por Jaime “obedeció a razones políticas y no de gestión” ya que no había intervenido “ni me competía intervenir en ninguna de las etapas previas o posteriores a su firma".
Aseguró que por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, se le había otorgado a la Secretaría de Transporte que presidía Jaime "competencias específicas en la negociación, instrumentación y ejecución de los contratos, y a la CNRT en el control de esas mismas etapas".
Se trata del tercer procesamiento del ex ministro quien también fue inculpado por el juez Claudio Bonadio por la tragedia ferroviaria de Once y por el juez Sebastián Ramos por no renovar los contratos ferroviarios.
La medida por los supuestos delitos de “administración fraudulenta agravada” y “partícipe necesario de cohecho”, fue dispuestas por el juez federal Julián Ercolini, quien también lo embargó por 100 millones de pesos.
“Es de extrema gravedad que habiendo existido ingentes sumas de dinero destinadas a la mejora de un servicio por el que circulan diariamente millones de habitantes de este país y que estaba en emergencia, no se haya producido una reforma tan necesaria a causa de la actuación de los funcionarios involucrados” escribió el juez en un extenso fallo de 272 páginas.
Ercolini también procesó a otros cincos ex funcionarios involucrados en la maniobra: Antonio Sicaro, Pedro Ochoa Romero, Fernando Cortés, Carlos Retuerto Castaño y Ricardo Roseto, pero sobreseyó a Enrique González.
El juez dejó asentado que dado que ninguno de los procesados tienen condenas firmes anteriores “y en función de los delitos que les son imputados”, no correspondía aplicarle la prisión preventiva, dado que tampoco se advierte peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
En su indagatoria, De Vido adujo que su firma bajo los convenios realizados por Jaime “obedeció a razones políticas y no de gestión” ya que no había intervenido “ni me competía intervenir en ninguna de las etapas previas o posteriores a su firma".
Aseguró que por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, se le había otorgado a la Secretaría de Transporte que presidía Jaime "competencias específicas en la negociación, instrumentación y ejecución de los contratos, y a la CNRT en el control de esas mismas etapas".