Firmarán un acuerdo para controlar la obra pública con participación ciudadana

El martes 2 de agosto, en la cumbre de gobernadores en Puerto Madryn, los mandatarios firmarán un Acuerdo por el Fortalecimiento del Federalismo. En el documento el Estado nacional incluirá un apartado relacionado a la transparencia en el que se comprometerán a mejorar la “difusión, el control y la participación ciudadana” en la gestión de la obra pública, aunque el objetivo final será la adhesión de todos los distritos a una ley nacional que impulsará la Casa Rosada a fines de agosto.

Télam informó que según figura en el texto que se suscribirá en la ciudad del Golfo, confeccionado por el Ministerio del Interior junto a funcionarios de todos los gobiernos provinciales, habrá un párrafo dedicado a la transparencia en la gestión, en sintonía con la agenda que pretende instalar la Casa Rosada.

El texto -al que tuvo acceso la agencia de noticias- resalta que se procurarán iniciativas para mejorar “la difusión, el control, la participación ciudadana y la eficiencia en la gestión de las obras públicas”, aunque no establece premios ni castigos ni apunta a normativas concretas.

Fuentes de Interior explicaron que “el documento son ideas consensuadas, más declamativo”. Y que una vez que esté aprobado el proyecto de Transparencia y Buenas Prácticas en Obras Públicas -que el presidente Mauricio Macri tiene previsto presentar formalmente a fines de agosto-, “se va a sugerir a los gobiernos provinciales que adhieran a la ley o aprueben algo similar”.

El convenio firmado bajo el nombre de Acuerdo por el Fortalecimiento del Federalismo es un enunciado de intenciones para “mostrar coherencia en que se va a una mejor administración del Estado, más eficaz y eficiente en el gasto y para brindar servicios públicos mejores y similares en todo el territorio” y apunta a crear pautas de gasto, déficit y endeudamiento, graficó uno de los funcionarios que participó de su confección,

En cambio, la posible futura ley de Transparencia y Buenas Prácticas, que prepara el equipo del ministro Rogelio Frigerio (el encargado es el subsecretario de Coordinación, el exmassista Ricardo Delgado), sí registra sanciones y detalla un nuevo marco legal para todo el gasto en infraestructura.

El proyecto -que aún está en borrador y debe ajustar detalles- plantea “castigos a los funcionarios que incumplan y también la expulsión del Registro de Contratistas a quienes se cartelicen”, además de prohibir incompatibilidades: quien haya trabajado en estamentos del Estado que ejecutaron obras no podrá pasar a ser contratista por un lapso de cinco años.

Otra medida será sumar a la Comisión Nacional de la Competencia al entramado de la licitación y participar a la AGN y la SIGEN sobre cada paso concreto en la adjudicación y control de las obras.

Una novedad será la disposición de un techo y un piso en el presupuesto oficial que puede rondar el 25% (aún no está definido) para evitar que ganen licitaciones ofertando precios excesivamente altos o bajos, algo que puede esconder maniobras de cartelización o de sobreprecios.

Si bien en Interior se aclaró que “son dos temas que van por separado”, desde la Rosada buscarán que los gobiernos provinciales adhieran a esa ley que, en los hechos, sólo podrá ser aprobada si una buena parte de los gobernadores está a favor (debido a la correlación de fuerzas muy negativa que tiene el oficialismo en el Senado, especialmente).#