Abogada de Buzzi recusó a fiscales y deberá resolver el Procurador
La Dra. Valeria Corbacho pidió apartamiento de los fiscales Daniel Báez y Silvia Pereira. También recusó al Fiscal de Estado Diego Martínez Zapata.
Se suspendió la audiencia preliminar para determinar si se eleva a juicio oral y pública la causa que investiga la presunta comisión de un delito en el préstamo que en su momento CORFO le entregó a la desaparecida pesquera Alpesca por un monto de $10 millones durante la anterior gestión del gobierno provincial.
La suspensión es a los efectos de que el Procurador General Jorge Miquelarena decida sobre las recusaciones que la abogada del ex gobernador Martín Buzzi planteó sobre los fiscales Daniel Báez, Silvia Pereira. La letrada también pidió la recusación del Fiscal de Estado Diego Martínez Zapata.
En la causa está imputado el ex gobernador Buzzi, los ex ministros Carlos Eliceche y Pedro Zudaire, como así también la ex ministra y actual diputada provincial Gabriel Dufour. También están comprometidos en la causa los ex integrantes del directorio de Corfo, el empresario Omar “Cura” Segundo y su hijo Juan Paulo, quienes eran propietarios de la firma pesquera por aquel entonces.
Corbacho, que representa desde esta instancia a Buzzi, cuestionó en primer término las declaraciones testimoniales que se tomaron a los síndicos de CORFO y aseguró que los fiscales festejaron cuando Bambachi – ex presidente del Banco del Chubut- dijo que "Buzzi canta la marcha peronista con forceps"
La abogada sustuvo que su representado tiene temor de funcionarios arbitrarios y parciales, además de que el mandatario provincial es víctima de una triada entre Fiscalía, el Fiscal de Estado y el estudio jurídico de este último.
Respecto a la figura de Martínez Zapata, la abogada Valeria Corbacho dijo que en su perfil de Twitter “dice que es dasnevista, está certificado” y asegura que el Fiscal de Estado en su momento dijo que “"Dufour será la María Julia Alsogaray de Buzzi"
Respuesta fiscal
El Fiscal Daniel Báez dijo que el planteo de recusación de la abogada del ex gobernador “no es sorpresiva, es una puesta en escena. Hay cámaras, hay público. Hacen una presentación ante un juez que no puede resolverlo" dijo el funcionario del Ministerio Público Fiscal.
"Es parte de la estrategia planteada primero con los fueros y luego cuestión de competencia ante –el juez – Canicoba Corral", recordó Baez, en referencia al pedido que en su momento hizo Buzzi para que causa por el préstamo de CORFO a Alpesca fuera tramitado fuera de la provincia.
En cuanto a las entrevistas a los síndicos de CORFO, el fiscal dijo que “hace dos años que están las entrevistas. Ahora se dieron cuenta. Hoy" y al mismo tiempo afirmó que “más allá de vehemencia y voz alta de la Doctora, su alocución no reviste el menor análisis; más que una recusación, es una maniobra claramente dilatoria. No tienen elementos", sostuvo Báez
Para el Fiscal Jefe de Puerto Madryn “que a Buzzi no le guste el contenido de las entrevistas, es otra cuestión. No le gusta porque lo incriminan" dijo, mientras que su par Silvia Pereira sostuvo que la abogada del ex gobernador “no fundó su recusación en ningún artículo del Código Procesal Penal de Chubut" .
Por su parte, el Fiscal de Estado calificó de “insólita” la recusación y explicó que “la querella no puede ser recusada".
Finalmente, el Juez Monti indicó que la recusación debe ser resuelta por Monti para el caso de los fiscales y suspendió la audiencia hasta tanto el Procurador General Jorge Miquelarena no resuelva la cuestión.
En rebeldía
El juez Monti, previo a los plantos de las partes, declaró la rebeldía y captura para Diego Hernández, uno de los imputados, por no estar presente en la audiencia. Finalizando la audiencia, su abogado defensor indicó que el mismo estaba en Gualjaina y que se iba a presentar voluntariamente.
La causa judicial investiga el otorgamiento del crédito de 10 millones a Omar Segundo cuando era presidente de Alpesca, del cual sólo se devolvió 1,5 millones y la calificación legal es por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Desde la Fiscalía indicaron que no se cuestiona “el destino de los fondos sino la forma en que se otorgó, contrariando las leyes vigentes”.
La causa
En la causa se encuentra acusados el ex gobernador Martín Buzzi, la actual diputada Gabriela Dufour, los ex ministros Carlos Eliceche y Pedro Zudaire; así como a los directores de CORFO, el organismo por el cual se otorgó el préstamo, Claudia Mundet, Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Romero Belastín. Asimismo, Héctor Omar Segundo, su hijo Juan Paulo y el ex gerente de Alpesca, Carlos Molina, también están acusados, en calidad de partícipes necesarios.
La calificación es por “fraude en perjuicio de la administración pública”, ya que los fiscales sostienen que “existió un despliegue de actos engañosos a fin de aparentar legalidad a un acto de disposición patrimonial del Estado que en realidad no la tenía, contraviniendo las disposiciones legales que regían la materia, violando deberes propios y disponiendo patrimonialmente a través de un organismo autárquico –CORFO- de la suma de diez millones de pesos, sin garantías reales ni avales, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública”.
Respecto a Segundo, los fiscales indicaron que el mismo “tenía acabado conocimiento de que no iba a poder devolver el “préstamo”, siendo parte necesaria y esencial de la maniobra defraudatoria que luego se concreta a través de CORFO”.
Se suspendió la audiencia preliminar para determinar si se eleva a juicio oral y pública la causa que investiga la presunta comisión de un delito en el préstamo que en su momento CORFO le entregó a la desaparecida pesquera Alpesca por un monto de $10 millones durante la anterior gestión del gobierno provincial.
La suspensión es a los efectos de que el Procurador General Jorge Miquelarena decida sobre las recusaciones que la abogada del ex gobernador Martín Buzzi planteó sobre los fiscales Daniel Báez, Silvia Pereira. La letrada también pidió la recusación del Fiscal de Estado Diego Martínez Zapata.
En la causa está imputado el ex gobernador Buzzi, los ex ministros Carlos Eliceche y Pedro Zudaire, como así también la ex ministra y actual diputada provincial Gabriel Dufour. También están comprometidos en la causa los ex integrantes del directorio de Corfo, el empresario Omar “Cura” Segundo y su hijo Juan Paulo, quienes eran propietarios de la firma pesquera por aquel entonces.
Corbacho, que representa desde esta instancia a Buzzi, cuestionó en primer término las declaraciones testimoniales que se tomaron a los síndicos de CORFO y aseguró que los fiscales festejaron cuando Bambachi – ex presidente del Banco del Chubut- dijo que "Buzzi canta la marcha peronista con forceps"
La abogada sustuvo que su representado tiene temor de funcionarios arbitrarios y parciales, además de que el mandatario provincial es víctima de una triada entre Fiscalía, el Fiscal de Estado y el estudio jurídico de este último.
Respecto a la figura de Martínez Zapata, la abogada Valeria Corbacho dijo que en su perfil de Twitter “dice que es dasnevista, está certificado” y asegura que el Fiscal de Estado en su momento dijo que “"Dufour será la María Julia Alsogaray de Buzzi"
Respuesta fiscal
El Fiscal Daniel Báez dijo que el planteo de recusación de la abogada del ex gobernador “no es sorpresiva, es una puesta en escena. Hay cámaras, hay público. Hacen una presentación ante un juez que no puede resolverlo" dijo el funcionario del Ministerio Público Fiscal.
"Es parte de la estrategia planteada primero con los fueros y luego cuestión de competencia ante –el juez – Canicoba Corral", recordó Baez, en referencia al pedido que en su momento hizo Buzzi para que causa por el préstamo de CORFO a Alpesca fuera tramitado fuera de la provincia.
En cuanto a las entrevistas a los síndicos de CORFO, el fiscal dijo que “hace dos años que están las entrevistas. Ahora se dieron cuenta. Hoy" y al mismo tiempo afirmó que “más allá de vehemencia y voz alta de la Doctora, su alocución no reviste el menor análisis; más que una recusación, es una maniobra claramente dilatoria. No tienen elementos", sostuvo Báez
Para el Fiscal Jefe de Puerto Madryn “que a Buzzi no le guste el contenido de las entrevistas, es otra cuestión. No le gusta porque lo incriminan" dijo, mientras que su par Silvia Pereira sostuvo que la abogada del ex gobernador “no fundó su recusación en ningún artículo del Código Procesal Penal de Chubut" .
Por su parte, el Fiscal de Estado calificó de “insólita” la recusación y explicó que “la querella no puede ser recusada".
Finalmente, el Juez Monti indicó que la recusación debe ser resuelta por Monti para el caso de los fiscales y suspendió la audiencia hasta tanto el Procurador General Jorge Miquelarena no resuelva la cuestión.
En rebeldía
El juez Monti, previo a los plantos de las partes, declaró la rebeldía y captura para Diego Hernández, uno de los imputados, por no estar presente en la audiencia. Finalizando la audiencia, su abogado defensor indicó que el mismo estaba en Gualjaina y que se iba a presentar voluntariamente.
La causa judicial investiga el otorgamiento del crédito de 10 millones a Omar Segundo cuando era presidente de Alpesca, del cual sólo se devolvió 1,5 millones y la calificación legal es por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Desde la Fiscalía indicaron que no se cuestiona “el destino de los fondos sino la forma en que se otorgó, contrariando las leyes vigentes”.
La causa
En la causa se encuentra acusados el ex gobernador Martín Buzzi, la actual diputada Gabriela Dufour, los ex ministros Carlos Eliceche y Pedro Zudaire; así como a los directores de CORFO, el organismo por el cual se otorgó el préstamo, Claudia Mundet, Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Romero Belastín. Asimismo, Héctor Omar Segundo, su hijo Juan Paulo y el ex gerente de Alpesca, Carlos Molina, también están acusados, en calidad de partícipes necesarios.
La calificación es por “fraude en perjuicio de la administración pública”, ya que los fiscales sostienen que “existió un despliegue de actos engañosos a fin de aparentar legalidad a un acto de disposición patrimonial del Estado que en realidad no la tenía, contraviniendo las disposiciones legales que regían la materia, violando deberes propios y disponiendo patrimonialmente a través de un organismo autárquico –CORFO- de la suma de diez millones de pesos, sin garantías reales ni avales, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública”.
Respecto a Segundo, los fiscales indicaron que el mismo “tenía acabado conocimiento de que no iba a poder devolver el “préstamo”, siendo parte necesaria y esencial de la maniobra defraudatoria que luego se concreta a través de CORFO”.