Alpesca: el martes se trata la recusación de Buzzi a los fiscales
Es en la causa que investiga el préstamo de $10 millones a la desaparecida pesquera cuando Omar “Cura” Segundo era el propietario
La audiencia para tratar la recusación que la abogada del ex gobernador Martín Buzzi planteó contra los fiscales Daniel Báez y Silvia Pereira será el próximo martes y deberá resolver el Procurador Miquelarena.
La abogada Valeria Corbacho, que representó en la audiencia preliminar por la causa al ex mandatario provincial, recusó a los los fiscales que investigan el crédito de 10 millones de pesos que el gobierno de Buzzi otorgó a la desaparecida pesquera Alpesca cuando el empresario Omar Segundo era su dueño.
La audiencia se programó para el martes 2 de agosto a las 12 horas y se realizará en la Procuración General.
Según lo previsto por el artículo 117 del Código Procesal Penal, el fiscal “podrá ser recusado cuando existan motivos graves y fundados que afecten la objetividad en su desempeño”. La recusación será resuelta por el fiscal superior, en este caso, el Procurador General, y quien recusa podrá pedir la revisión de esa decisión ante el tribunal.
La recusación se resolverá, en todos los casos, en audiencia oral con intervención de todas las partes y no se suspenderá en caso de ausencia injustificada de alguna de éstas.
Audiencia suspendida
El lunes, por un planteo de la abogada del ex gobernador Martín Buzzi se pospuso la audiencia preliminar donde se debe definir si la causa que investiga el otorgamiento del crédito de 10 millones a Omar “Cura” Segundo va a juicio oral y público.
Corbacho, patrocinante de Buzzi, solicitó la recusación de los fiscales Daniel Báez y Silvia Pereira, así como del Fiscal de
Estado Diego Martínez Zapata, quien es querellante en la causa.
Tras la realización de los planteos de la defensora, el juez de la causa, Fabio Monti, rechazó el pedido de apartamiento de Martinez Zapata ya que la recusación del querellante no está prevista en el Código Procesal Penal de Chubut.
Por su parte, según la ley, el Procurador Jorge Miquelarena deberá resolver sobre la recusación a los fiscales Báez y Pereira. Dicha audiencia será el próximo martes.
El caso
En la causa se encuentra acusados el ex gobernador Martín Buzzi, la actual diputada Gabriela Dufour, los ex ministros Carlos Eliceche y Pedro Zudaire; así como a los directores de CORFO, el organismo por el cual se otorgó el préstamo, Claudia Mundet, Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Romero Belastín. Asimismo, Héctor Omar Segundo, su hijo Juan Paulo y el ex gerente de Alpesca, Carlos Molina, también están acusados, en calidad de partícipes necesarios.
La calificación es por “fraude en perjuicio de la administración pública”, ya que los fiscales sostienen que “existió un despliegue de actos engañosos a fin de aparentar legalidad a un acto de disposición patrimonial del Estado que en realidad no la tenía, contraviniendo las disposiciones legales que regían la materia, violando deberes propios y disponiendo patrimonialmente a través de un organismo autárquico –CORFO- de la suma de diez millones de pesos, sin garantías reales ni avales, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública”.
Respecto a Segundo, los fiscales indicaron que el mismo “tenía acabado conocimiento de que no iba a poder devolver el “préstamo”, siendo parte necesaria y esencial de la maniobra defraudatoria que luego se concreta a través de CORFO”.
La audiencia para tratar la recusación que la abogada del ex gobernador Martín Buzzi planteó contra los fiscales Daniel Báez y Silvia Pereira será el próximo martes y deberá resolver el Procurador Miquelarena.
La abogada Valeria Corbacho, que representó en la audiencia preliminar por la causa al ex mandatario provincial, recusó a los los fiscales que investigan el crédito de 10 millones de pesos que el gobierno de Buzzi otorgó a la desaparecida pesquera Alpesca cuando el empresario Omar Segundo era su dueño.
La audiencia se programó para el martes 2 de agosto a las 12 horas y se realizará en la Procuración General.
Según lo previsto por el artículo 117 del Código Procesal Penal, el fiscal “podrá ser recusado cuando existan motivos graves y fundados que afecten la objetividad en su desempeño”. La recusación será resuelta por el fiscal superior, en este caso, el Procurador General, y quien recusa podrá pedir la revisión de esa decisión ante el tribunal.
La recusación se resolverá, en todos los casos, en audiencia oral con intervención de todas las partes y no se suspenderá en caso de ausencia injustificada de alguna de éstas.
Audiencia suspendida
El lunes, por un planteo de la abogada del ex gobernador Martín Buzzi se pospuso la audiencia preliminar donde se debe definir si la causa que investiga el otorgamiento del crédito de 10 millones a Omar “Cura” Segundo va a juicio oral y público.
Corbacho, patrocinante de Buzzi, solicitó la recusación de los fiscales Daniel Báez y Silvia Pereira, así como del Fiscal de
Estado Diego Martínez Zapata, quien es querellante en la causa.
Tras la realización de los planteos de la defensora, el juez de la causa, Fabio Monti, rechazó el pedido de apartamiento de Martinez Zapata ya que la recusación del querellante no está prevista en el Código Procesal Penal de Chubut.
Por su parte, según la ley, el Procurador Jorge Miquelarena deberá resolver sobre la recusación a los fiscales Báez y Pereira. Dicha audiencia será el próximo martes.
El caso
En la causa se encuentra acusados el ex gobernador Martín Buzzi, la actual diputada Gabriela Dufour, los ex ministros Carlos Eliceche y Pedro Zudaire; así como a los directores de CORFO, el organismo por el cual se otorgó el préstamo, Claudia Mundet, Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Romero Belastín. Asimismo, Héctor Omar Segundo, su hijo Juan Paulo y el ex gerente de Alpesca, Carlos Molina, también están acusados, en calidad de partícipes necesarios.
La calificación es por “fraude en perjuicio de la administración pública”, ya que los fiscales sostienen que “existió un despliegue de actos engañosos a fin de aparentar legalidad a un acto de disposición patrimonial del Estado que en realidad no la tenía, contraviniendo las disposiciones legales que regían la materia, violando deberes propios y disponiendo patrimonialmente a través de un organismo autárquico –CORFO- de la suma de diez millones de pesos, sin garantías reales ni avales, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública”.
Respecto a Segundo, los fiscales indicaron que el mismo “tenía acabado conocimiento de que no iba a poder devolver el “préstamo”, siendo parte necesaria y esencial de la maniobra defraudatoria que luego se concreta a través de CORFO”.