Hay preocupación por demoras en juicios de lesa humanidad

Organizaciones de Derechos Humanos manifestaron hoy su preocupación ante los retrasos por los inicios de los juicios de lesa humanidad en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

16 AGO 2016 - 15:54 | Actualizado

"Hace nueve meses finalizó el último juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizó en nuestra ciudad. Hace nueve meses y después de más de un año de desarrollo para juzgar a una veintena de genocidas", expresaron Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Bahía Blanca, HIJOS y la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Según indicaron en un comunicado, el Tribunal Oral Federal (TOF) "extraoficialmente dejaron correr información sobre distintas fechas de inicio, hasta llegar a que en el mes de julio de este año iniciarían el próximo. Sin embargo a esta altura del mes de agosto, no tenemos fecha cierta ni formato de los juicios a realizarse".

"Hemos planteado, así como varias veces la Fiscalía de Lesa Humanidad, la unificación de causas por una cuestión de economía procesal ya que no se puede realizar un juicio de la manera que se vienen haciendo, o sea uno por año, sumando a las dificultades que las audiencias son insuficientes", indicaron a Télam.

En ese contexto expresaron que "eso significa por un lado impunidad biológica para los imputados y un avance del burocratismo judicial".

"Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles", agregaron.

En ese contexto los organismos expresaron que "esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad, y hoy se confronta al fallecimiento de víctimas, familiares y testigos de todo orden generando otras graves dificultades judiciales más, que no deben suceder a esta altura del inicio de políticas de estado de Memoria, Verdad y Justicia."

También expresaron que en todo el país "los genocidas han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial" al indicar que de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos".

"Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión", indicaron.

También y por último expresaron que los "juicios de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Es de estricta justicia".

"Instamos a los jueces del TOF que juzga a genocidas en Bahía Blanca, a que sigan el camino que nos honra como sociedad y que parecería están abandonando, de Memoria, Verdad y Justicia", puntualizó el comunicado.

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16 AGO 2016 - 15:54

"Hace nueve meses finalizó el último juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizó en nuestra ciudad. Hace nueve meses y después de más de un año de desarrollo para juzgar a una veintena de genocidas", expresaron Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Bahía Blanca, HIJOS y la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Según indicaron en un comunicado, el Tribunal Oral Federal (TOF) "extraoficialmente dejaron correr información sobre distintas fechas de inicio, hasta llegar a que en el mes de julio de este año iniciarían el próximo. Sin embargo a esta altura del mes de agosto, no tenemos fecha cierta ni formato de los juicios a realizarse".

"Hemos planteado, así como varias veces la Fiscalía de Lesa Humanidad, la unificación de causas por una cuestión de economía procesal ya que no se puede realizar un juicio de la manera que se vienen haciendo, o sea uno por año, sumando a las dificultades que las audiencias son insuficientes", indicaron a Télam.

En ese contexto expresaron que "eso significa por un lado impunidad biológica para los imputados y un avance del burocratismo judicial".

"Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles", agregaron.

En ese contexto los organismos expresaron que "esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad, y hoy se confronta al fallecimiento de víctimas, familiares y testigos de todo orden generando otras graves dificultades judiciales más, que no deben suceder a esta altura del inicio de políticas de estado de Memoria, Verdad y Justicia."

También expresaron que en todo el país "los genocidas han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial" al indicar que de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos".

"Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión", indicaron.

También y por último expresaron que los "juicios de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Es de estricta justicia".

"Instamos a los jueces del TOF que juzga a genocidas en Bahía Blanca, a que sigan el camino que nos honra como sociedad y que parecería están abandonando, de Memoria, Verdad y Justicia", puntualizó el comunicado.


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