Gils Carbó: la Corte debe definir quien investiga la muerte de Nisman
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sostuvo hoy que debe ser la Corte Suprema de Justicia quien defina qué juez debe quedar a cargo de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, aunque no emitió opinión sobre en qué fuero debe recaer la causa.
En un dictamen de dos renglones con una veintena de palabras, la Procuradora coincidió con los recursos de queja presentados por el fiscal Ricardo Sáenz y las querellas, aunque, a diferencia de ellos, que reclaman la intervención de la Justicia federal, no se expidió sobre el fuero que considera competente.
“A fin de que la Corte Superma pueda pronunciarse sobre la cuestión planteada, mantengo la queja interpuesta”, consigna el dictamen, que se completa con la fecha “14 de setiembre de 2016”, con la que fue emitido.
Producido el dictamen de la Procuración, que no es vinculante pero sí “relevante” en cuestiones de competencia, la Corte deberá resolver si la causa por la muerte de Nisman sigue su trámite ante el magistrado federal Julián Ercolini (como lo piden las querellas y Sáenz) o con la juez de instrucción Fabiana Palmaghini, como sostiene la defensa del experto en informática Diego Lagomarsino.
Tanto Sáenz como las dos querellas, la madre de Nisman, Sara Garfunkel, y la juez federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado en representación de las dos hijas menores de edad que tuvo durante su matrimonio con el fiscal, pidieron a la Corte que revoque el fallo de devolvió el expediente a Palmaghini.
La “sala de turno” de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (CNCCC) tomó esa decisión a pedido de la defensa de Lagomarsino, el dueño de la pistola de la que, según las pericias, salió el disparo que mató a Nisman.
El 18 de enero de 2015 Nisman, quien cuatro días antes había denunciado a la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman, entre otros, por encubrimiento del atentado a la AMIA, apareció muerto, con un balazo en la cabeza, en el departamento que ocupaba en un edificio de Puerto Madero, de esta capital.
En sendas presentaciones “directas” ante la Corte –la “sala de turno” de la CNCCC rechazó conceder los respectivos recursos extraordinarios- Sáenz y las querellas sostuvieron que la muerte de Nisman constituye un caso de “gravedad institucional”, que habilita la intervención de la Corte.
El caso, luego de tramitar durante algo más de un año en la justicia penal ordinaria, fue enviado al fuero federal, donde, luego de algunos meses a cargo de Ercolini, el 16 de julio último, por apelación de la defensa de Lagomarsino, fue devuelto a Palmaghini por la “Sala de Turno” de la CNCCC, integrada por los camaristas María Laura Garrigós de Rébori, Daniel Morín y Mario Magariños.
La competencia del fuero ordinario favorece la hipótesis del suicidio, en tanto que la intervención de un juez federal abonaría la del homicidio, ya que el fiscal podría haber sido asesinado por su función como tal.
El atentado a la mutual judía de la calle Pasteur 633, perpetrado el 18 de julio de 1994, provocó 85 muertos, centenares de heridos y multimillonarios daños materiales.
En un dictamen de dos renglones con una veintena de palabras, la Procuradora coincidió con los recursos de queja presentados por el fiscal Ricardo Sáenz y las querellas, aunque, a diferencia de ellos, que reclaman la intervención de la Justicia federal, no se expidió sobre el fuero que considera competente.
“A fin de que la Corte Superma pueda pronunciarse sobre la cuestión planteada, mantengo la queja interpuesta”, consigna el dictamen, que se completa con la fecha “14 de setiembre de 2016”, con la que fue emitido.
Producido el dictamen de la Procuración, que no es vinculante pero sí “relevante” en cuestiones de competencia, la Corte deberá resolver si la causa por la muerte de Nisman sigue su trámite ante el magistrado federal Julián Ercolini (como lo piden las querellas y Sáenz) o con la juez de instrucción Fabiana Palmaghini, como sostiene la defensa del experto en informática Diego Lagomarsino.
Tanto Sáenz como las dos querellas, la madre de Nisman, Sara Garfunkel, y la juez federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado en representación de las dos hijas menores de edad que tuvo durante su matrimonio con el fiscal, pidieron a la Corte que revoque el fallo de devolvió el expediente a Palmaghini.
La “sala de turno” de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (CNCCC) tomó esa decisión a pedido de la defensa de Lagomarsino, el dueño de la pistola de la que, según las pericias, salió el disparo que mató a Nisman.
El 18 de enero de 2015 Nisman, quien cuatro días antes había denunciado a la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman, entre otros, por encubrimiento del atentado a la AMIA, apareció muerto, con un balazo en la cabeza, en el departamento que ocupaba en un edificio de Puerto Madero, de esta capital.
En sendas presentaciones “directas” ante la Corte –la “sala de turno” de la CNCCC rechazó conceder los respectivos recursos extraordinarios- Sáenz y las querellas sostuvieron que la muerte de Nisman constituye un caso de “gravedad institucional”, que habilita la intervención de la Corte.
El caso, luego de tramitar durante algo más de un año en la justicia penal ordinaria, fue enviado al fuero federal, donde, luego de algunos meses a cargo de Ercolini, el 16 de julio último, por apelación de la defensa de Lagomarsino, fue devuelto a Palmaghini por la “Sala de Turno” de la CNCCC, integrada por los camaristas María Laura Garrigós de Rébori, Daniel Morín y Mario Magariños.
La competencia del fuero ordinario favorece la hipótesis del suicidio, en tanto que la intervención de un juez federal abonaría la del homicidio, ya que el fiscal podría haber sido asesinado por su función como tal.
El atentado a la mutual judía de la calle Pasteur 633, perpetrado el 18 de julio de 1994, provocó 85 muertos, centenares de heridos y multimillonarios daños materiales.