Por primera vez en su historia, el Consejo de la Magistratura del Chubut negó por unanimidad la designación de un juez penal que ese mismo cuerpo ya había seleccionado. Se trata del conocido penalista de Comodoro Rivadavia, Francisco Romero. Los trece consejeros que debatieron consideraron que al presentar sus antecedentes laborales y académicos, y en la entrevista personal, el letrado les ocultó que sobre él pesaba una suspensión de 2012 que le había aplicado el Colegio de Abogados de la ciudad petrolera. Este dato lo conocieron recién después de que Legislatura le otorgó el acuerdo a Romero.
El Consejo sesionó ayer en la Escuela de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de Justicia, en Rawson. El caso Romero fue el único tema del Orden del Día. La discusión fue caliente y se extendió varias horas. Pero todos coincidieron en que Romero no dijo la verdad sobre la suspensión, pese a que fue consultado explícitamente sobre el tema. Tampoco lo dijo cuando fue entrevistado por los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ni constaba en su declaración jurada.
El proceso de selección de un juez incluye su selección por parte del Consejo, el acuerdo legislativo y su designación definitiva. Una vez que los diputados provinciales aprueban a un nuevo funcionario judicial, es tradición que el Consejo lo designe sin problemas. Es el tercer y último paso. Pero esta vez el antecedente de la matrícula suspendida de Romero apareció en el camino. Según publicó en su momento el portal ADN Sur, el postulante obtuvo el acuerdo legislativo para ejercer el cargo el 26 de julio pero ya tenía la matrícula suspendida. Esa sanción, aplicada por “falta a la ética profesional” según resolvió el Tribunal de Disciplina de la institución, había quedado firme en mayo, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la vía recursiva interpuesta por el profesional involucrado.
Romero había sido designado juez tras el concurso realizado en junio, habiendo aprobado el concurso de antecedentes y oposición. Entre los antecedentes evaluados, el Colegio de Abogados remitió las actuaciones por las que en 2013 había resuelto una sanción disciplinaria, con una suspensión de su matrícula por el lapso de seis meses.
El candidato había sido denunciado por una mujer, excliente, acusándolo de no haber iniciado un juicio por daños y perjuicios que la particular pretendía impulsar por un accidente sufrido en Esquel. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Disciplina resolvió aplicar la sanción disciplinaria, por “falta a la ética profesional”, durante el lapso de seis meses.
Romero presentó un recurso de amparo y en primera instancia obtuvo una medida cautelar favorable, que ordenó dejar sin efecto la sanción. Tras las sucesivas etapas de apelación, el caso llegó a la Corte, que en mayo de este año rechazó la vía recursiva, es decir que volvió a quedar firme la sanción de seis meses.
Paralelamente, Romero presentó otro recurso por prescripción de la sanción que ordenaba suspender su matrícula. El Colegio no hizo lugar al planteo y ratificó que sigue vigente la suspensión de la matrícula, por otros 4 meses, lo que fue notificado al propio abogado.
El candidato frustrado también había sido inhabilitado para oficiar como conjuez por el Superior Tribunal de Justicia en 2013, cuando la corte provincial tomó nota de la sanción aplicada por el Colegio. Cuando esto sucedió, ya había habilitado varios amparos a favor de magistrados. #
Por primera vez en su historia, el Consejo de la Magistratura del Chubut negó por unanimidad la designación de un juez penal que ese mismo cuerpo ya había seleccionado. Se trata del conocido penalista de Comodoro Rivadavia, Francisco Romero. Los trece consejeros que debatieron consideraron que al presentar sus antecedentes laborales y académicos, y en la entrevista personal, el letrado les ocultó que sobre él pesaba una suspensión de 2012 que le había aplicado el Colegio de Abogados de la ciudad petrolera. Este dato lo conocieron recién después de que Legislatura le otorgó el acuerdo a Romero.
El Consejo sesionó ayer en la Escuela de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de Justicia, en Rawson. El caso Romero fue el único tema del Orden del Día. La discusión fue caliente y se extendió varias horas. Pero todos coincidieron en que Romero no dijo la verdad sobre la suspensión, pese a que fue consultado explícitamente sobre el tema. Tampoco lo dijo cuando fue entrevistado por los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ni constaba en su declaración jurada.
El proceso de selección de un juez incluye su selección por parte del Consejo, el acuerdo legislativo y su designación definitiva. Una vez que los diputados provinciales aprueban a un nuevo funcionario judicial, es tradición que el Consejo lo designe sin problemas. Es el tercer y último paso. Pero esta vez el antecedente de la matrícula suspendida de Romero apareció en el camino. Según publicó en su momento el portal ADN Sur, el postulante obtuvo el acuerdo legislativo para ejercer el cargo el 26 de julio pero ya tenía la matrícula suspendida. Esa sanción, aplicada por “falta a la ética profesional” según resolvió el Tribunal de Disciplina de la institución, había quedado firme en mayo, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la vía recursiva interpuesta por el profesional involucrado.
Romero había sido designado juez tras el concurso realizado en junio, habiendo aprobado el concurso de antecedentes y oposición. Entre los antecedentes evaluados, el Colegio de Abogados remitió las actuaciones por las que en 2013 había resuelto una sanción disciplinaria, con una suspensión de su matrícula por el lapso de seis meses.
El candidato había sido denunciado por una mujer, excliente, acusándolo de no haber iniciado un juicio por daños y perjuicios que la particular pretendía impulsar por un accidente sufrido en Esquel. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Disciplina resolvió aplicar la sanción disciplinaria, por “falta a la ética profesional”, durante el lapso de seis meses.
Romero presentó un recurso de amparo y en primera instancia obtuvo una medida cautelar favorable, que ordenó dejar sin efecto la sanción. Tras las sucesivas etapas de apelación, el caso llegó a la Corte, que en mayo de este año rechazó la vía recursiva, es decir que volvió a quedar firme la sanción de seis meses.
Paralelamente, Romero presentó otro recurso por prescripción de la sanción que ordenaba suspender su matrícula. El Colegio no hizo lugar al planteo y ratificó que sigue vigente la suspensión de la matrícula, por otros 4 meses, lo que fue notificado al propio abogado.
El candidato frustrado también había sido inhabilitado para oficiar como conjuez por el Superior Tribunal de Justicia en 2013, cuando la corte provincial tomó nota de la sanción aplicada por el Colegio. Cuando esto sucedió, ya había habilitado varios amparos a favor de magistrados. #