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PROVINCIA

Imputan a varios funcionarios por no controlar a las empresas telefónicas


El fiscal federal Federico Delgado, imputó y pidió investigar al ministro Oscar Aguad y a otros exfuncionarios.
20/10/2016 13:45

El fiscal federal Federico Delgado, imputó y pidió investigar a funcionarios y ex funcionarios por la presunta omisión de controlar desde el 2008 y hasta el presente la obligación de las empresas Telecom y Telefónica de dar participación a sus trabajadores en las ganancias, tras la privatización de la ex Entel, según un dictamen conocido hoy.

Delgado impulsó la investigación e imputó al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, a miembros del Enacom (Ente de contralor de las comunicaciones) y a ex funcionarios que ocuparon esos cargos y otros, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, dice el dictamen al que accedió Télam.

El fiscal pidió al jeuz federal Sebastián Casanello que abra una investigación y eventualmente cite a declaración indagatoria a los impuatdos, entre ellos Aguad, funcionarios del Enacom Miguel de Godoy, Silvana Giudici, Alejandro Pereyra y Heber Martínez "y a todos los que ocuparon esos cargos desde el 2008".

Y también incluyó a quienes desde el 2008 al presente estuvieron a cargo de la "Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFtic), la Secretaría de Comunicaciones, la Comisión Nacional de Comunicaciones y del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios".

"Esas órbitas del Poder Ejecutivo Nacional debieron controlar, sancionar e incluso revolar las licencias concedidas para la prestación de un servicio público ante el incumplimiento manifiesto de lo dispuesto por la ley y el Pliego de Bases y condiciones", según el dictamen fiscal.

"El interrogante abierto es por qué no se realizaron controles ni se impusieron penalidades ni se revocaron licencias", cuestionó en el dictamen,

Para Delgado hubo una "omisión de control ante el evidente incumplimiento contractual de las empresas adquirentes de la ex Entel", según consideró al impulsar la denuncia presentada por la abogada Liliana Zabala.

Y determinó que el delito se cometio´desde el 2008, fecha en la cual tras una larga batalla judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló sobre el tema y puso fin a una aludida "indeterminación jurídica en lo relativo a las condiciones impuestas por la ley".

"La desaparición de esa indeterminación es punto de corte en relación a la legislación aplicable y colocó en cabeza de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional con competencias específicas la responsabilidad de controlar que las empresas cumplan con los contratos", consideró el fiscal.

La ley 23696 de reestructuración del Estado impuso los programas de propiedad participada y participación de ganancias y para el personal, con la emisión de bonos de participación y le dio al Poder Ejecutivo el poder de contralor, recordó Delgado.

"Los empleados se vieron enredados hasta la actualidad en un sinnúmero de juicios mientras las empresas, amparadas por la falta de control del Estado, nunca cumplieron con sus obligaciones derivadas de los pliegos de bases y condiciones", concluyó el fiscal.


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