Fernández Vecino debe pagarle $ 180 mil a Béliz por acusarlo de “promotor” de Massera
El sindicalista mercantil demandó al dirigente peronista por “daño moral”, por haberlo acusarlo de promover la figura del exdictador. Un juez lo condenó a pagar $ 120 mil e intereses.
El dirigente de peronista de Esquel, Alejandro “Pinda” Fernández Vecino, deberá pagarle $ 176.772 al secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Trelew, Alfredo Béliz, por haberlo ligado con la dictadura militar al decir que había sido “promotor del masserismo en Chubut”.
El fallo lleva la firma del juez Marcelo Peral, titular del Juzgado Letrado de 1ª Instancia Civil y Comercial y Laboral de Esquel, en donde el sindicalista mercantil había presentado una demanda por $ 1,5 millón contra el veterano dirigente de la Corriente Peronista.
Beliz, con el patrocinio letrado de los doctores Laura Marcela Fernández y Edgardo Oscar Romero, había promovido la demanda reclamando el resarcimiento del daño moral que, según su criterio, le habían provocado las injurias vertidas por Fernández Vecino en unas declaraciones periodísticas realizadas en abril del año pasado, al relacionarlo con el exdictador Emilio Eduardo Massera, exjerarca de la Armada.
“Pinda” cuestionó la candidatura de Béliz a diputado nacional, en aquel entonces promovida por el gobernador Martín Buzzi, al sostener que era una alternativa que no tenía nada que ver con la defensa de los derechos humanos, acusando a Béliz de haber estado en la junta promotora del masserismo en la provincia del Chubut.
El fallo
Según consta en el fallo del juez Peral, las declaraciones de Fernández Vecino a una radio del Valle fueron levantadas por varios medios locales y también de alcance nacional.
Béliz le mandó una Carta Documento a Fernández Vecino para que rectifique o ratifique las expresiones referidas, pero también por Carta Documento, la respuesta fue que no se iba a retractar “por estar convencido de la verdad de lo expresado”, dice el fallo.
En su reclamo, Béliz hace referencia a los antecedentes políticos y laborales de Fernández Vecino, y sostiene que no pudo desconocer la antijuridicidad de su comportamiento, “toda vez que es docente titular de la cátedra de derecho político en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Esquel.”
Fernández Vecino hizo una presentación ante el juez en la que negó haber provocado daño moral por supuestas injurias, ni que haya existido de su parte algún propósito de desprestigio a la persona de Béliz.
Aunque admitió que durante el reportaje expresó “que Béliz no podía considerarse un representante genuino de la agrupación política FPV, en razón de haber pertenecido a la junta promotora del masserismo en la Provincia del Chubut”.
Aclaró de todos modos que “no era una cuestión personal con él, estaba hablando de cuestiones políticas”, agregó.
Sin embargo, el juez Peral consideró acreditado que el “daño” (afectación del honor), que el mismo es injustificado, y ordenó a Fernández Vecino abonar $ 120.000 más intereses desde el 12 de abril de 2015 (fecha de la declaración), conforme a la tasa activa que percibe el Banco del Chubut S.A. en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días.#
El dirigente de peronista de Esquel, Alejandro “Pinda” Fernández Vecino, deberá pagarle $ 176.772 al secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Trelew, Alfredo Béliz, por haberlo ligado con la dictadura militar al decir que había sido “promotor del masserismo en Chubut”.
El fallo lleva la firma del juez Marcelo Peral, titular del Juzgado Letrado de 1ª Instancia Civil y Comercial y Laboral de Esquel, en donde el sindicalista mercantil había presentado una demanda por $ 1,5 millón contra el veterano dirigente de la Corriente Peronista.
Beliz, con el patrocinio letrado de los doctores Laura Marcela Fernández y Edgardo Oscar Romero, había promovido la demanda reclamando el resarcimiento del daño moral que, según su criterio, le habían provocado las injurias vertidas por Fernández Vecino en unas declaraciones periodísticas realizadas en abril del año pasado, al relacionarlo con el exdictador Emilio Eduardo Massera, exjerarca de la Armada.
“Pinda” cuestionó la candidatura de Béliz a diputado nacional, en aquel entonces promovida por el gobernador Martín Buzzi, al sostener que era una alternativa que no tenía nada que ver con la defensa de los derechos humanos, acusando a Béliz de haber estado en la junta promotora del masserismo en la provincia del Chubut.
El fallo
Según consta en el fallo del juez Peral, las declaraciones de Fernández Vecino a una radio del Valle fueron levantadas por varios medios locales y también de alcance nacional.
Béliz le mandó una Carta Documento a Fernández Vecino para que rectifique o ratifique las expresiones referidas, pero también por Carta Documento, la respuesta fue que no se iba a retractar “por estar convencido de la verdad de lo expresado”, dice el fallo.
En su reclamo, Béliz hace referencia a los antecedentes políticos y laborales de Fernández Vecino, y sostiene que no pudo desconocer la antijuridicidad de su comportamiento, “toda vez que es docente titular de la cátedra de derecho político en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Esquel.”
Fernández Vecino hizo una presentación ante el juez en la que negó haber provocado daño moral por supuestas injurias, ni que haya existido de su parte algún propósito de desprestigio a la persona de Béliz.
Aunque admitió que durante el reportaje expresó “que Béliz no podía considerarse un representante genuino de la agrupación política FPV, en razón de haber pertenecido a la junta promotora del masserismo en la Provincia del Chubut”.
Aclaró de todos modos que “no era una cuestión personal con él, estaba hablando de cuestiones políticas”, agregó.
Sin embargo, el juez Peral consideró acreditado que el “daño” (afectación del honor), que el mismo es injustificado, y ordenó a Fernández Vecino abonar $ 120.000 más intereses desde el 12 de abril de 2015 (fecha de la declaración), conforme a la tasa activa que percibe el Banco del Chubut S.A. en sus operaciones de descuento de documentos a treinta días.#