Cataluña insiste con un referéndum independentista
El presidente catalán, Carles Puigdemont, aseguró hoy que mantiene "la hoja de ruta" para celebrar el referéndum de independencia en 2017, incluyendo una cumbre de preparación de la consulta prevista para la semana próxima, pese a la suspensión declarada ayer por el Tribunal Constitucional (TC) español.
"¿Irán con los tanques a quitar las urnas? ¿Enviarán matones? ¿Policías? Pues las urnas se pondrán. Se empecinan en un callejón sin salida", desafió, por su parte, Francesc Homs, del Partido Demócrata Catalán, una de las agrupaciones que hoy apoyaron la cumbre sobre la consulta del próximo día 23 en Barcelona.
Puigdemont, en tanto, afirmó que la suspensión decretada por el Tribunal "no representa ninguna sorpresa", pero sí evidencia "un populismo constitucional" en España que ordena que los catalanes no tienen "derecho a reunirse ni a debatir" en su Parlamento regional iniciativas relacionadas con el proceso independentista.
El presidente regional aseguró que mantendrá el proceso soberanista y la cumbre de la semana que viene porque es lo que el "pueblo de Cataluña ha encargado" a las instituciones y "no puede haber ningún sistema democrático que lo impida", remarcó, citado por la agencia de noticias española EFE.
"Tenemos un horizonte democrático, el referéndum, y allí los ciudadanos hablarán”, dijo, por su parte, Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana.
“Las instituciones del Estado deberían saber ya a estas alturas que no van a poder silenciar la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo”, agregó hoy en las puertas del Parlament (Parlamento) junto a al presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch; la de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y el de Omnium Cultural, Jordi Cuixart.
El gobierno catalán se ampara en un texto que fue presentado por la alianza Catalunya sí que es Pot (Iniciativa per Catalunya, Podemos y Esquerra Unida i Alternativa) y apoyado por Junts pel Sí.
En esa resolución se aboga por “agrupar alrededor de la exigencia de la celebración de un referéndum el mayor número de fuerzas políticas y organizaciones sociales”.
En su resolución de ayer, el Tribunal Constitucional español advirtió a Puigdemont y a la presidenta del Parlamento regional catalán, Carme Forcadell, entre otros altos cargos parlamentarios y del Ejecutivo regional, de las responsabilidades -incluidas penales- en las que pueden incurrir si ignoran este mandato.
Esta no es la primera vez que el máximo órgano judicial español actúa contra una decisión independentista adoptada por el parlamento regional catalán.
Forcadell es la más vulnerable, ya que tiene abierta una causa judicial por desobedecer una suspensión anterior y está citada mañana como investigada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
"¿Irán con los tanques a quitar las urnas? ¿Enviarán matones? ¿Policías? Pues las urnas se pondrán. Se empecinan en un callejón sin salida", desafió, por su parte, Francesc Homs, del Partido Demócrata Catalán, una de las agrupaciones que hoy apoyaron la cumbre sobre la consulta del próximo día 23 en Barcelona.
Puigdemont, en tanto, afirmó que la suspensión decretada por el Tribunal "no representa ninguna sorpresa", pero sí evidencia "un populismo constitucional" en España que ordena que los catalanes no tienen "derecho a reunirse ni a debatir" en su Parlamento regional iniciativas relacionadas con el proceso independentista.
El presidente regional aseguró que mantendrá el proceso soberanista y la cumbre de la semana que viene porque es lo que el "pueblo de Cataluña ha encargado" a las instituciones y "no puede haber ningún sistema democrático que lo impida", remarcó, citado por la agencia de noticias española EFE.
"Tenemos un horizonte democrático, el referéndum, y allí los ciudadanos hablarán”, dijo, por su parte, Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana.
“Las instituciones del Estado deberían saber ya a estas alturas que no van a poder silenciar la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo”, agregó hoy en las puertas del Parlament (Parlamento) junto a al presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch; la de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y el de Omnium Cultural, Jordi Cuixart.
El gobierno catalán se ampara en un texto que fue presentado por la alianza Catalunya sí que es Pot (Iniciativa per Catalunya, Podemos y Esquerra Unida i Alternativa) y apoyado por Junts pel Sí.
En esa resolución se aboga por “agrupar alrededor de la exigencia de la celebración de un referéndum el mayor número de fuerzas políticas y organizaciones sociales”.
En su resolución de ayer, el Tribunal Constitucional español advirtió a Puigdemont y a la presidenta del Parlamento regional catalán, Carme Forcadell, entre otros altos cargos parlamentarios y del Ejecutivo regional, de las responsabilidades -incluidas penales- en las que pueden incurrir si ignoran este mandato.
Esta no es la primera vez que el máximo órgano judicial español actúa contra una decisión independentista adoptada por el parlamento regional catalán.
Forcadell es la más vulnerable, ya que tiene abierta una causa judicial por desobedecer una suspensión anterior y está citada mañana como investigada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.