El juez de Esquel, Martín Zacchino, dispuso la prisión preventiva por 60 días de los cinco imputados por el homicidio de Javier Millacán, ocurrido el último fin de semana en esa ciudad cordillerana cuando fue atacado a tiros y trece puñaladas en un presunto ajuste de cuentas.
El magistrado tomó esa determinación en una audiencia de control de detenidos en la sede de los tribunales esquelenses, donde también dispuso seis meses para que el Ministerio Público Fiscal investigue el caso, sostuvo una gacetilla de la Fiscalía de Esquel.
El hecho ocurrió el sábado pasado a la noche y la víctima falleció estando internada en el hospital varias horas después. El domingo se realizaron allanamientos y la detención de cinco personas presuntamente vinculadas al hecho.
El hecho
La funcionaria de Fiscalía Julia Mateos describió el hecho indicando que ocurrió el sábado aproximadamente a las 21.30 cuando un grupo de personas integrado entre otros por los cinco imputados, de dirigió a un mercado del barrio Estación donde sabían que estaba Javier Millacán consumiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas.
Allí le dieron muerte mediante el uso de, al menos, un arma de fuego y un arma blanca, piedras, golpes de puño y patadas, ocasionándole múltiples heridas que horas después le produjeron la muerte mientras estaba internado en el hospital Zonal de Esquel.
Mateos explicó que la autopsia no había concluido al inicio de la audiencia, sin embargo en una comunicación telefónica, la médica forense adelantó que la muerte se produjo a partir de múltiples heridas, 13 de ellas con arma blanca, algunas en abdomen y en otras zonas del cuerpo. También presentaba hematomas incluso en el cráneo. Provisoriamente, el hecho fue calificado como homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas.
La prisión preventiva
La defensa no cuestionó la detención, ni la apertura de la investigación. La discusión entre las partes se produjo al momento en la que Fiscalía requirió al juez la imposición de prisión preventiva para todos los imputados por un plazo de dos meses.
El pedido se basó en los peligros de fuga y entorpecimiento procesal. Entre otros aspectos, la acusadora planteó que aún resta determinar con certeza si hubo otras personas que también hayan participado de la agresión homicida. También se refirió a la necesidad de proteger a los testigos y de asegurar la investigación, resaltó la gravedad y características del hecho y la particularidad del caso ya que la víctima, su familia y los imputados, son vecinos.
La defensa se dividió, Bruno Deias representó a cuatro de los imputados y Valeria Ponce al quinto. Ambos se opusieron al dictado de la medida. Sostuvieron que la sola gravedad del hecho no es suficiente para dictar un encarcelamiento preventivo y es obligación del juez buscar alternativas a la medida cautelar más gravosa que ofrece el Código. También se refirieron al arraigo de los acusados en la ciudad y a los lazos familiares y laborales que garantizan su permanencia.
Valeria Ponce se basó en la declaración de su defendido para señalar que la situación de éste se diferencia con la del resto ya que sostiene que no participó de la acción homicida, sino que simplemente estaba en el lugar. La defensora ofreció un domicilio en otro barrio para que el imputado mude su lugar de residencia y evite contacto con testigos y demás imputados.
Martín Zacchino dispuso la prisión preventiva por sesenta días. El magistrado entendió que las características del hecho hacen presumir que los imputados no se someterían al proceso en libertad. La intensidad con que fue cometido el hecho es relevante a la hora de disponer una prisión preventiva, quien decide cometer un hecho de esas características, más aún puede incidir sobre testigos, amenazar, ocultar e incluso fugarse.
El juez de Esquel, Martín Zacchino, dispuso la prisión preventiva por 60 días de los cinco imputados por el homicidio de Javier Millacán, ocurrido el último fin de semana en esa ciudad cordillerana cuando fue atacado a tiros y trece puñaladas en un presunto ajuste de cuentas.
El magistrado tomó esa determinación en una audiencia de control de detenidos en la sede de los tribunales esquelenses, donde también dispuso seis meses para que el Ministerio Público Fiscal investigue el caso, sostuvo una gacetilla de la Fiscalía de Esquel.
El hecho ocurrió el sábado pasado a la noche y la víctima falleció estando internada en el hospital varias horas después. El domingo se realizaron allanamientos y la detención de cinco personas presuntamente vinculadas al hecho.
El hecho
La funcionaria de Fiscalía Julia Mateos describió el hecho indicando que ocurrió el sábado aproximadamente a las 21.30 cuando un grupo de personas integrado entre otros por los cinco imputados, de dirigió a un mercado del barrio Estación donde sabían que estaba Javier Millacán consumiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas.
Allí le dieron muerte mediante el uso de, al menos, un arma de fuego y un arma blanca, piedras, golpes de puño y patadas, ocasionándole múltiples heridas que horas después le produjeron la muerte mientras estaba internado en el hospital Zonal de Esquel.
Mateos explicó que la autopsia no había concluido al inicio de la audiencia, sin embargo en una comunicación telefónica, la médica forense adelantó que la muerte se produjo a partir de múltiples heridas, 13 de ellas con arma blanca, algunas en abdomen y en otras zonas del cuerpo. También presentaba hematomas incluso en el cráneo. Provisoriamente, el hecho fue calificado como homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas.
La prisión preventiva
La defensa no cuestionó la detención, ni la apertura de la investigación. La discusión entre las partes se produjo al momento en la que Fiscalía requirió al juez la imposición de prisión preventiva para todos los imputados por un plazo de dos meses.
El pedido se basó en los peligros de fuga y entorpecimiento procesal. Entre otros aspectos, la acusadora planteó que aún resta determinar con certeza si hubo otras personas que también hayan participado de la agresión homicida. También se refirió a la necesidad de proteger a los testigos y de asegurar la investigación, resaltó la gravedad y características del hecho y la particularidad del caso ya que la víctima, su familia y los imputados, son vecinos.
La defensa se dividió, Bruno Deias representó a cuatro de los imputados y Valeria Ponce al quinto. Ambos se opusieron al dictado de la medida. Sostuvieron que la sola gravedad del hecho no es suficiente para dictar un encarcelamiento preventivo y es obligación del juez buscar alternativas a la medida cautelar más gravosa que ofrece el Código. También se refirieron al arraigo de los acusados en la ciudad y a los lazos familiares y laborales que garantizan su permanencia.
Valeria Ponce se basó en la declaración de su defendido para señalar que la situación de éste se diferencia con la del resto ya que sostiene que no participó de la acción homicida, sino que simplemente estaba en el lugar. La defensora ofreció un domicilio en otro barrio para que el imputado mude su lugar de residencia y evite contacto con testigos y demás imputados.
Martín Zacchino dispuso la prisión preventiva por sesenta días. El magistrado entendió que las características del hecho hacen presumir que los imputados no se someterían al proceso en libertad. La intensidad con que fue cometido el hecho es relevante a la hora de disponer una prisión preventiva, quien decide cometer un hecho de esas características, más aún puede incidir sobre testigos, amenazar, ocultar e incluso fugarse.