El juez Otranto pidió ayuda a Nación por la violencia del RAM
Es necesario alejar la necesidad de reiterar procedimientos judiciales que incrementan el nivel de conflictividad en la zona, como quedó de manifiesto la semana pasada.
Cualquier procedimiento que requiera la utilización de la fuerza pública debe ser desarrollado con los recaudos propios para enfrentar a un grupo que responde con elevada violencia”.
El párrafo lo escribió el juez federal de Esquel, Guido Otranto, en una nota en la cual le pide ayuda al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para resolver el conflicto con Resistencia Ancestral Mapuche en Cushamen. El magistrado le solicitó a Raquel Munt, directora de Mediación y Métodos Participativos de Resolución Alternativa de Conflictos, “colaboración para implementar algún mecanismo de resolución alternativa” que permita abordar pacíficamente lo que ocurre en la cordillera con el grupo de activistas.
Al referirse a La Trochita, Otranto describió que los miembros del Lof en Resistencia “recurrieron a las vías de hecho cuando las autoridades provinciales anunciaron que se retiraban de la mesa de diálogo y desautorizaron el traslado de la formación férrea por la zona en conflicto”. A partir de ese momento “fueron infructuosos los intentos de comunicar a la comunidad que debían retirar los obstáculos que habían colocado sobre las vías, por lo cual debí recurrir al auxilio de la fuerza pública para hacer cesar la comisión del delito”.
“Se han registrado una serie de episodios violentos que en lo sucesivo es necesario evitar dado el elevado riesgo que conllevan para las personas que circunstancialmente transitan por el lugar”. El juez recordó protestas sobre la ruta 40 y ataques con piedras a los gendarmes. “Se produjo en una ocasión un enfrentamiento alrededor de los vehículos particulares detenidos sobre la ruta”.
“Que esta situaciones no hayan provocado incidentes de mayor gravedad se debe a que las fuerzas optaron por replegarse y mantenerse alejados del lugar, actitud que mantiene latente el riesgo de que se produzcan altercados con los ocupantes de los vehículos particulares que intentan atravesar el sector, como sucedió hace unos meses cuando dos camioneras fueron atacados con piedras”. Resta aguardar alguna respuesta del Gobierno nacional.
Cualquier procedimiento que requiera la utilización de la fuerza pública debe ser desarrollado con los recaudos propios para enfrentar a un grupo que responde con elevada violencia”.
El párrafo lo escribió el juez federal de Esquel, Guido Otranto, en una nota en la cual le pide ayuda al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para resolver el conflicto con Resistencia Ancestral Mapuche en Cushamen. El magistrado le solicitó a Raquel Munt, directora de Mediación y Métodos Participativos de Resolución Alternativa de Conflictos, “colaboración para implementar algún mecanismo de resolución alternativa” que permita abordar pacíficamente lo que ocurre en la cordillera con el grupo de activistas.
Al referirse a La Trochita, Otranto describió que los miembros del Lof en Resistencia “recurrieron a las vías de hecho cuando las autoridades provinciales anunciaron que se retiraban de la mesa de diálogo y desautorizaron el traslado de la formación férrea por la zona en conflicto”. A partir de ese momento “fueron infructuosos los intentos de comunicar a la comunidad que debían retirar los obstáculos que habían colocado sobre las vías, por lo cual debí recurrir al auxilio de la fuerza pública para hacer cesar la comisión del delito”.
“Se han registrado una serie de episodios violentos que en lo sucesivo es necesario evitar dado el elevado riesgo que conllevan para las personas que circunstancialmente transitan por el lugar”. El juez recordó protestas sobre la ruta 40 y ataques con piedras a los gendarmes. “Se produjo en una ocasión un enfrentamiento alrededor de los vehículos particulares detenidos sobre la ruta”.
“Que esta situaciones no hayan provocado incidentes de mayor gravedad se debe a que las fuerzas optaron por replegarse y mantenerse alejados del lugar, actitud que mantiene latente el riesgo de que se produzcan altercados con los ocupantes de los vehículos particulares que intentan atravesar el sector, como sucedió hace unos meses cuando dos camioneras fueron atacados con piedras”. Resta aguardar alguna respuesta del Gobierno nacional.