La crisis en la Araucanía y el conflicto mapuche apremian al gobierno de Bachelet

Al otro lado de la cordillera la escalada de violencia contra propiedades productivas y las denuncias de represión estatal son uno de los puntos más álgidos para el gobierno chileno.

La Presidenta Bachelet en una de sus visitas a la Araucanía (foto emol.cl)
20 ENE 2017 - 17:48 | Actualizado

La región de la Araucanía es hoy un territorio en conflicto, y además, es el principal dolor de cabeza del segundo mandato de gobierno de Michel Bachelet.  La escalada de episodios de violencia contra propiedades privadas –incluso con costos de vidas humanas – que son puestas en cabeza de integrantes de la comunidad mapuche y las denuncias de represión estatal que voceros de la etnia nativa proclaman en contra de carabineros y el gobierno, son algunas de las manifestaciones de un conflicto que ha polarizado las posiciones políticas, sociales e incluso religiosas del otro lado de la cordillera.

El próximo lunes 23 la jefa de estado de Chile recibirá un documento elaborado por la denominada “Mesa Asesora de La Araucanía” en la que se realiza un análisis de la situación que desde años viene sucediéndose en la IX Region del vecino país, y que se ha extenido incluso a las regiones adyacentes.

El trabajo elaborado por una Comisión Asesora Presidencial  tiene 45 páginas y contiene aspectos que se vienen discutiendo hace meses en el seno de la mesa presidida por el obispo de Temuco, Héctor Vargas, contiene acciones cuyo fin son que el estado asuma las necesidades de la Araucanía y construir una región intercultural.

Si bien el contenido completo del informe no se ha hecho público, si trascendieron algunos de los doce puntos que se plantean como requerimientos.

El más saliente es que la Presidenta Bachelet como jefa de estado debería manifestar de manera pública “una petición de perdón” a las víctimas de la violencia en la región, además de dar impulso a reformas políticas que garanticen la participación de los pueblos indígenas en el Congreso, la creación de una Comisión de Reparación, un Registro Público de víctimas de los últimos 25 años, la modificación al actual sistema de entrega de tierras, y la oficialización de la lengua mapudungún, entre otros.

La propuesta ha cosechado adhesiones en parte del arco político de Chile, pero la dirigencia mapuche en general y de la región en particular, ya han adelantado su desacuerdo con las propuestas.  Los planteos van desde cuestionamientos a la conformación de la comisión hasta un pedido de reconocimiento de autodeterminación de los mapuches y considerar a la Araucanía como una región autónoma.

La tierra en disputa

Uno de los puntos de la propuesta que recibirá Bachelet sugiere una serie de modificaciones al sistema actual de adjudicación de fondos para tierras indígenas con el objetivo de “otorgar mayor transparencia” en la adjudicación de los fondos y además fortalecer el fondo de desarrollo que maneja el CONADI, organismo encargado de manejar los subsidios para compra de tierras destinadas a comunidades indígenas en ese país.

Con todo, un video difundido vía redes sociales asegura que el actual conflicto mapuche en la región de la Araucanía ha tenido su origen en la política de tierras promovida desde 1993 hasta la fecha y la aplicación de la Ley Indígena, que reconoce la creación de nuevas comunidades y de la autodefinición de poblador nativo a cualquier persona que así lo desee con el solo aval del presidente de la comunidad. Según esa publicación, en los últimos 23 años se han creado 3.000 nuevas comunidades y algunas de las mismas, a través de la presión y la violencia, han conseguido multiplicar por cinco la superficie que el estado chileno les había asignado antes de 1993.


Posición empresarial

Bachelet y su administración se enfrentan así a un problema que ya ha trascendido lo región y es hoy por hoy uno de los temas más urticantes en su agenda de gobierno. Por un lado el posicionamiento de empresario regional, que a través de la Sociedad de Fomento Fabril (SoFoFa) expresó en un inserto publicitario.

"Es evidente la incapacidad de los poderes del Estado para reaccionar y cumplir con las funciones de hacer respetar la ley y sancionar los delitos que se cometen" dice en parte el texto del sector empresarial.

Las manifestaciones hacen referencia a los episodios de violencia, principalmente incendios, que han generado pérdidas económicas, pero también de vidas humanas, en las regiones del Bio Bio, Araucanía y Los Ríos.  Sólo en el primer semestre del 2016 los contratistas forestales de esa región denunciaron pérdidas por 9 mil millones de pesos chilenos, y las cifra ascendía a 18 millones de dólares si se contaban los años 2014, 2015, y los primeros cinco meses del año pasado.

El escenario político

Los ataques contra maquinaria, camiones e instalaciones agrícolas se han multiplicado durante el último lustro. La posición empresaria cosecho adhesiones, pero también rechazo del arco político, donde hasta se cuestionó el posicionamiento ideológico de sus miembros.

En lo político también el tema genera ruido. El expresidente Sebastián Piñera se metió de lleno en el tema al entrevistarse con familias que han sufrido ataques, que han perdido recursos e incluso con la viuda de un parcelero asesinado en 2012 en esa región. Las entrevistas fueron grabadas y difundidas vía redes sociales.

Piñera fue más allá y el pasado martes viajó hasta la región del Biobío para visitar a las hijas del cuidador que murió calcinado el pasado domingo en un ataque contra dos casas, una bodega y un automóvil en una propiedad rural de la comuna de Cañete.  A su llegada fue increpado por una comunera mapuche que intentó tirarle agua y lo acusó de “terrorista con corbata”.

Violencia estatal

El gobierno chileno, que enfrenta la presión del empresariado y la oposición política por un lado, tiene como contraparte a las comunidades mapuches, que suman movilizaciones en toda la región y denuncian al estado chileno por reiterados abusos policiales en esa región.

En un encuentro de la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en America Latina, se difundió un informe sobre “Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos” donde se hizo especial énfasis  en los abusos y violaciones de derechos humanos contra comunidades mapuche en Chile

El informe afirma que existe “exceso de poder ejercido por parte de las grandes forestales y consorcios agrícolas en la región de La Araucanía es una realidad que preocupa a la organización internacional. Así como también los abusos de poder de Carabineros” y hace especial mención a los ataques sufridos por niños y jóvenes de la comunidad mapuche en la región de la Araucanía.

Las comunidades mapuche de La Araucanía manifestaron su repudio a los abusos cometidos por las fuerzas policiales en el territorio y además, denunciaron racismo judicial en los procesos donde son acusados comuneros bajo la Ley Antiterrorista.
 

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La Presidenta Bachelet en una de sus visitas a la Araucanía (foto emol.cl)
20 ENE 2017 - 17:48

La región de la Araucanía es hoy un territorio en conflicto, y además, es el principal dolor de cabeza del segundo mandato de gobierno de Michel Bachelet.  La escalada de episodios de violencia contra propiedades privadas –incluso con costos de vidas humanas – que son puestas en cabeza de integrantes de la comunidad mapuche y las denuncias de represión estatal que voceros de la etnia nativa proclaman en contra de carabineros y el gobierno, son algunas de las manifestaciones de un conflicto que ha polarizado las posiciones políticas, sociales e incluso religiosas del otro lado de la cordillera.

El próximo lunes 23 la jefa de estado de Chile recibirá un documento elaborado por la denominada “Mesa Asesora de La Araucanía” en la que se realiza un análisis de la situación que desde años viene sucediéndose en la IX Region del vecino país, y que se ha extenido incluso a las regiones adyacentes.

El trabajo elaborado por una Comisión Asesora Presidencial  tiene 45 páginas y contiene aspectos que se vienen discutiendo hace meses en el seno de la mesa presidida por el obispo de Temuco, Héctor Vargas, contiene acciones cuyo fin son que el estado asuma las necesidades de la Araucanía y construir una región intercultural.

Si bien el contenido completo del informe no se ha hecho público, si trascendieron algunos de los doce puntos que se plantean como requerimientos.

El más saliente es que la Presidenta Bachelet como jefa de estado debería manifestar de manera pública “una petición de perdón” a las víctimas de la violencia en la región, además de dar impulso a reformas políticas que garanticen la participación de los pueblos indígenas en el Congreso, la creación de una Comisión de Reparación, un Registro Público de víctimas de los últimos 25 años, la modificación al actual sistema de entrega de tierras, y la oficialización de la lengua mapudungún, entre otros.

La propuesta ha cosechado adhesiones en parte del arco político de Chile, pero la dirigencia mapuche en general y de la región en particular, ya han adelantado su desacuerdo con las propuestas.  Los planteos van desde cuestionamientos a la conformación de la comisión hasta un pedido de reconocimiento de autodeterminación de los mapuches y considerar a la Araucanía como una región autónoma.

La tierra en disputa

Uno de los puntos de la propuesta que recibirá Bachelet sugiere una serie de modificaciones al sistema actual de adjudicación de fondos para tierras indígenas con el objetivo de “otorgar mayor transparencia” en la adjudicación de los fondos y además fortalecer el fondo de desarrollo que maneja el CONADI, organismo encargado de manejar los subsidios para compra de tierras destinadas a comunidades indígenas en ese país.

Con todo, un video difundido vía redes sociales asegura que el actual conflicto mapuche en la región de la Araucanía ha tenido su origen en la política de tierras promovida desde 1993 hasta la fecha y la aplicación de la Ley Indígena, que reconoce la creación de nuevas comunidades y de la autodefinición de poblador nativo a cualquier persona que así lo desee con el solo aval del presidente de la comunidad. Según esa publicación, en los últimos 23 años se han creado 3.000 nuevas comunidades y algunas de las mismas, a través de la presión y la violencia, han conseguido multiplicar por cinco la superficie que el estado chileno les había asignado antes de 1993.


Posición empresarial

Bachelet y su administración se enfrentan así a un problema que ya ha trascendido lo región y es hoy por hoy uno de los temas más urticantes en su agenda de gobierno. Por un lado el posicionamiento de empresario regional, que a través de la Sociedad de Fomento Fabril (SoFoFa) expresó en un inserto publicitario.

"Es evidente la incapacidad de los poderes del Estado para reaccionar y cumplir con las funciones de hacer respetar la ley y sancionar los delitos que se cometen" dice en parte el texto del sector empresarial.

Las manifestaciones hacen referencia a los episodios de violencia, principalmente incendios, que han generado pérdidas económicas, pero también de vidas humanas, en las regiones del Bio Bio, Araucanía y Los Ríos.  Sólo en el primer semestre del 2016 los contratistas forestales de esa región denunciaron pérdidas por 9 mil millones de pesos chilenos, y las cifra ascendía a 18 millones de dólares si se contaban los años 2014, 2015, y los primeros cinco meses del año pasado.

El escenario político

Los ataques contra maquinaria, camiones e instalaciones agrícolas se han multiplicado durante el último lustro. La posición empresaria cosecho adhesiones, pero también rechazo del arco político, donde hasta se cuestionó el posicionamiento ideológico de sus miembros.

En lo político también el tema genera ruido. El expresidente Sebastián Piñera se metió de lleno en el tema al entrevistarse con familias que han sufrido ataques, que han perdido recursos e incluso con la viuda de un parcelero asesinado en 2012 en esa región. Las entrevistas fueron grabadas y difundidas vía redes sociales.

Piñera fue más allá y el pasado martes viajó hasta la región del Biobío para visitar a las hijas del cuidador que murió calcinado el pasado domingo en un ataque contra dos casas, una bodega y un automóvil en una propiedad rural de la comuna de Cañete.  A su llegada fue increpado por una comunera mapuche que intentó tirarle agua y lo acusó de “terrorista con corbata”.

Violencia estatal

El gobierno chileno, que enfrenta la presión del empresariado y la oposición política por un lado, tiene como contraparte a las comunidades mapuches, que suman movilizaciones en toda la región y denuncian al estado chileno por reiterados abusos policiales en esa región.

En un encuentro de la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en America Latina, se difundió un informe sobre “Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos” donde se hizo especial énfasis  en los abusos y violaciones de derechos humanos contra comunidades mapuche en Chile

El informe afirma que existe “exceso de poder ejercido por parte de las grandes forestales y consorcios agrícolas en la región de La Araucanía es una realidad que preocupa a la organización internacional. Así como también los abusos de poder de Carabineros” y hace especial mención a los ataques sufridos por niños y jóvenes de la comunidad mapuche en la región de la Araucanía.

Las comunidades mapuche de La Araucanía manifestaron su repudio a los abusos cometidos por las fuerzas policiales en el territorio y además, denunciaron racismo judicial en los procesos donde son acusados comuneros bajo la Ley Antiterrorista.
 


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