¿Washington moviliza a la Guardia Nacional contra los inmigrantes?

"No es verdad en un cien por cien. Es falso. Es irresponsable que se diga eso", aseguró el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, en declaraciones a los periodistas que acompañaron al presidente, Donald Trump, a Carolina del Norte para asistir un evento en una fábrica de Boeing.

"No hay ningún esfuerzo en marcha para acorralar utilizando a la Guardia Nacional, para acorralar inmigrantes", aseguró Spicer, quien añadió que el documento en el que se basa la información no está originado en la Casa Blanca.

Sin embargo, el portavoz no negó categóricamente que esa posibilidad hubiera formado parte de las discusiones o propuestas para acelerar las deportaciones de indocumentados en algún momento, informó la agencia de noticias EFE.

La Guardia Nacional es una reserva del Ejército que usualmente actúa en casos de catástrofes.

Durante la campaña electoral del pasado año, Trump prometió deportar a los 11 millones de indocumentados que se creen que viven en el país, aunque posteriormente, tras su victoria en los comicios del noviembre, situó ese número entre los 2 ó 3 millones.

Según el mandatario, esa era la cifra de indocumentados con antecedentes penales o deudas con la Justicia que podían ser deportados inmediatamente, un dato que numerosos estudios indican que es en realidad más bajo.

En su primer mes en el poder, Trump firmó un decreto para reforzar a las agencias encargadas de la seguridad fronteriza y de la detención de indocumentados para que se procese y acelere la deportación de personas con antecedentes, en muchos casos faltas leves, que antes no motivaban la salida expedita del país.

Trump también firmó un decreto para forzar a los departamentos de Policía de localidades estadounidenses a revisar el estatus migratorio de sus residentes y colaborar con las autoridades federales, algo que ha levantado la oposición de los alcaldes de las principales ciudades del país.

Hoy, la Escuelas Públicas de Denver, en el estado de Colorado, anunciaron que sus establecimientos serán "lugares seguros y de aceptación" para todos los estudiantes, incluso los indocumentados.

"A la luz de recientes eventos locales y nacionales relacionados con inmigración y refugiados, las Escuelas Públicas de Denver decidieron responder al temor e incertidumbre que muchos de nuestros estudiantes y familias están sintiendo", afirmó Lisa Flores, miembro de la mesa directiva del distrito escolar del estado de Colorado.

La resolución enfatiza que las actividades de agentes federales de inmigración en escuelas o en colectivos escolares interfieren con los derechos constitucionales de los estudiantes, incluyendo el derecho a no ser objeto de arrestos o revisiones sin causa y el derecho a acceder a educación pública gratuita.

"Existe una gran fortaleza y solidaridad al estar juntos como comunidad para proteger los derechos de nuestros estudiantes", subrayó Flores.

Según el distrito escolar, el 56% de los 91.000 estudiantes es hispano, y otro 20% pertenece a otras minorías.