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PROVINCIA

Cómo operaba el espía de Trelew que trabajó de manera ilegal con fiscales de Esquel


Espió a políticos, militantes antimineros y pueblos originarios. Aportó esos datos a la Policía y la Fiscalía. Están todos procesados.

18/02/2017 02:05 a.m.


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El juez federal de Esquel, Guido Otranto, escribió 64 páginas para explicar las razones por las que decidió procesar a dos fiscales del Poder Judicial de Chubut y a dos policías provinciales, a los que acusa de haberse relacionado de manera prohibida con un integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dependiente de la delegación Trelew, que actuó de manera ilegal en la zona cordillerana.
Los procesados son los fiscales Fernando Luis Rivarola y María Bottini, y el comisario Adrián Alejandro Muñoz y el oficial principal Claudio Alfredo Rodríguez. Curiosamente, la causa por la que quedaron comprometidos se inició a raíz de una denuncia presentada en el Juzgado Federal de la ciudad cordillerana el 31 de agosto de 2015 por los propios fiscales Rivarola y Bottini, además de su colega Alicia Fernanda Révori.
Los fiscales estaban a cargo de una investigación relacionada a la ocupación de un predio de la Compañía Tierras del Sud, en la zona de Leleque.
En ese marco, el 28 de mayo de 2015, la sede del Ministerio Público Fiscal de Esquel fue escenario de una reunión entre los fiscales Rivarola y Bottini con una persona que se identificó con una credencial de la Delegación Trelew de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El agente de inteligencia –cuya identidad se mantiene en reserva- les manifestó a los fiscales que desde hacía más de un año se encontraba trabajando con el grupo mapuche que había realizado la ocupación territorial. Y ofreció aportar información con potencial utilidad para la identificación de esas personas.
Los fiscales aceptaron la oferta y descargaron el disco externo del espía a la computadora del fiscal Rivarola.
En junio, esa información fue entregada en un “pendrive” a la defensora pública Paola Bagnato. Y el 28 de agosto tomó estado público cuando el defensor público Fernando Radziwilowski, durante una audiencia, hizo referencia a su contenido.
Espía procesado

El 12 de abril del año pasado, el juez Otranto decretó el procesamiento del agente de la AFI (exSIDE) por considerarlo autor del delito de actividades ilegales.
El juez consideró comprobado que este espía llegó a la región cordillerana el mismo día en que comenzó la ocupación territorial en Leleque y se involucró activamente en la investigación que estaba realizando la Brigada de Investigaciones de Esquel.
El espía fue al lugar del hecho y fotografió a las personas que ocupaban el predio y a otras que concurrieron en el momento en que la Policía intentaba identificarlos; tomó datos de los vehículos que llegaban a la ocupación; realizó averiguaciones para identificar a todas estas personas; se comunicó con el teléfono que utilizarían los ocupantes del predio; y hasta obtuvo la titularidad de los celulares que se comunicaban con esa línea telefónica, identificando de ese modo a una mujer realcionada al movimiento “No a la mina”.
Además, se involucró en la investigación de la Brigada de Investigaciones de Esquel tendiente a dar con el paradero de Facundo Jones Huala, a raíz de la solicitud de arresto provisorio con miras a su extradición a Chile.
Por si fuera poco, obtuvo y almacenó información sobre veintiséis personas individualizadas como “antimineros” o que apoyaban las reivindicaciones de pueblos originarios. Y los fotografió en una reunión de “Casa Abierta” –una modalidad instaurada durante la gestión del exgobernador Martin Buzzi- que se realizó en Cholila el día siguiente a que comenzara la ocupación territorial en Leleque.
Fiscales complicados
 
Según consta en el procesamiento, el espía les advirtió a Rivarola y Bottini que esa información sólo podía ser ingresada a la causa por medio de un oficio judicial y, a su vez, que nunca se lo cite como fuente de información.
El día anterior a la radicación de la denuncia que hicieron los fiscales en el Juzgado Federal, Rivarola intentó desvincularse del contenido de esa información al ubicarla en la carpeta en la que previamente se había guardado lo remitido por la Brigada policial de Lago Puelo.
En su declaración testimonial, Rivarola usó su derecho constitucional de no declarar, diciendo únicamente que la denuncia fue interpuesta ni bien tomaron conocimiento de la posible existencia de un delito de acción pública. Además, aclaró que Bottini nunca tuvo acceso a la información que estaba en su computadora.
Pero a Rivarola lo complica el audio de la entrevista con el espía: dijo que le “Interesaba” el aporte que podían coordinar con la SIDE (hoy AFI) “para poder identificar personas o ver el movimiento de estas personas”.
En la charla. el espía detalló que tenía identificadas a “montones de personas” y le explicó que las intervenciones que tomaba no eran “precisamente judicializables (sic)”.
Lo que ocurrió después parece confirmar lo que el espía entendía a la perfección: lo que estaban haciendo  con los fiscales era ilegal.#


tag escándalo espía Esquel Poder Judicial pruebas
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