Son de amianto: puede estar incendiándose todo a su alrededor y siempre van a esquivar las llamas. Nunca se queman. Ni se chamuscan. Ni se embarran. Casi nunca rinden cuentas. Jamás se exponen a la consideración popular y sus designaciones están disfrazadas de actos presuntamente democráticos y casi siempre viciados de rosca política.
La cruda descripción de la “corporación judicial” de Chubut no incluye, por suerte, a todos los jueces, fiscales, defensores y profesionales del Poder Judicial. Pero pinta de cuerpo entero al espíritu corporativo que los caracteriza, que ha ido cambiando de figuritas en los últimos treinta años pero nunca abandonó su esencia y objetivo: blindar a los magistrados ante los embates de la clase política y de la sociedad.
Cada tanto, el pedestal desde donde los popes de la Justicia suelen pontificar, que ha sido cimentando en todos estos años, es puesto en peligro. Pero siempre se las ingenian para terminar acordando con el poder político de turno, que pone y saca fichas en el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración, la Defensoría Pública o algún que otro juzgado importante, y los enfrentamientos públicos encendidos quedan para otra oportunidad.
Este juego perverso entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo refrenda aprobando pliegos y mirando para el costado, ha profundizado los problemas del servicio de justicia en Chubut.
A la sociedad en general le importa muy poco quiénes son los ministros del Superior Tribunal, o a quién responde el procurador. Lo que a la sociedad le preocupa es que los que tienen que impartir justicia sean justos, probos y decentes.
Que trabajen más, que viatiquen menos, que se bajen del pedestal a escuchar lo que pasa en las calles, y que le impriman la misma celeridad a las causas de los ciudadanos de a pie que a los amparos de los magistrados que embargaron las cuentas públicas para cobrarse -de guapos- sus aumentos salariales.
O que se sepa por qué dos fiscales chubutenses que fueron procesados por la Justicia federal por colaborar con un espía ilegal, siguen en sus cargos como si nada hubiese pasado.
Control ausente
No se puede hablar de Justicia sin poner en el tapete el papel que viene jugando el Consejo de la Magistratura del Chubut, un órgano extrapoder que se incorporó a la vida pública con la reforma constitucional de 1994, y que si bien nació con la idea de “democratizar” al Poder Judicial, ha terminado siendo una estructura que nadie sabe cómo funciona y que incluye la figura de consejeros populares que terminan alargando las listas sábanas de los partidos políticos cada cuatro años.
El Consejo de la Magistratura es el que se encarga de seleccionar y designar los jueces, fiscales y defensores. Y el que debe controlar sus desempeños. Si la gente no sabe quiénes son los jueces, fiscales o defensores públicos, sólo hay que imaginarse la ignorancia popular que existe con el Consejo de la Magistratura, su actuación o sus integrantes.
La semana pasada, por ejemplo, trece de los catorce consejeros que lo integran (cinco representantes populares no abogados; cuatro abogados de la matrícula; tres magistrados con rango no inferior a camarista o equivalente; un trabajador judicial no abogado; más el presidente del Superior Tribunal de Justicia), se reunieron para definir la actuación del juez Gustavo Toquier, titular del Juzgado Nº 1 de Ejecución de Comodoro Rivadavia.
A Toquier lo habían denunciado dos organismos públicos: la AFIP y la Inspección General de Justicia (IGJ), por mal desempeño en el manejo de una causa por el concurso de acreedores de la empresa Oil Combustibles.
Dicen los que saben que el sumariante del caso, Rafael Lucchelli, consejero representante de los magistrados de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn, elaboró una acusación lapidaria contra el juez Toquier. Sin embargo, once integrantes del Consejo de la Magistratura votaron en contra de llevar a juicio político al juez comodorense. A lo sumo, argumentaron, su actuación apenas si merece una sanción administrativa.
Lucchelli y el consejero que representa a los trabajadores judiciales fueron los únicos que defendieron las pruebas contundentes contra Toquier.
¿Usted se enteró de esa decisión? ¿Leyó alguna vez cuándo y dónde se reúnen los catorce consejeros? Los periodistas de este diario sí, pero muchas veces es un incordio conseguir información sobre el Consejo de la Magistratura. En su página web, por ejemplo, la última acta cargada para poder ver en línea es de diciembre de 2016.
Toquier no es cualquier juez: desde su Juzgado, ubicado en la Avenida Hipólito Yrigoyen 650 de Comodoro Rivadavia, salieron en tiempo récord todos los embargos de los magistrados que ya le costaron al Estado provincial más de 200 millones de pesos. No los firmó él –claro- pero un conjuez rápido y seguro que actúa cuando Toquier se “excusa”, el abogado de la matrícula Héctor Eduardo Freile, ha debido comprar muchas lapiceras en los últimos tiempos porque la tinta se le hacía escasa para firmar los amparos millonarios de los magistrados, que casualmente siempre salieron del mismo Juzgado.
Es verdad, como expresó el pleno del Superior Tribunal en un comunicado la semana pasada (escrito por su presidente, Jorge Pfleger), que las cuestiones de Estado se deben canalizar y discutir “en el plano que exige una república democrática, a la que es ajeno el tumulto verbal, la vocinglería –griterío- y la degradación discursiva” de los sectores políticos, que levantan la voz cuando les conviene y callan cuando se hacen amigos del juez.
Pero para recorrer “el camino del orden cívico”, como pide el Superior Tribunal, hay que bajar al terreno y escuchar a la plebe. Porque el amianto los seguirá protegiendo del fuego pero nunca del pueblo.#
Son de amianto: puede estar incendiándose todo a su alrededor y siempre van a esquivar las llamas. Nunca se queman. Ni se chamuscan. Ni se embarran. Casi nunca rinden cuentas. Jamás se exponen a la consideración popular y sus designaciones están disfrazadas de actos presuntamente democráticos y casi siempre viciados de rosca política.
La cruda descripción de la “corporación judicial” de Chubut no incluye, por suerte, a todos los jueces, fiscales, defensores y profesionales del Poder Judicial. Pero pinta de cuerpo entero al espíritu corporativo que los caracteriza, que ha ido cambiando de figuritas en los últimos treinta años pero nunca abandonó su esencia y objetivo: blindar a los magistrados ante los embates de la clase política y de la sociedad.
Cada tanto, el pedestal desde donde los popes de la Justicia suelen pontificar, que ha sido cimentando en todos estos años, es puesto en peligro. Pero siempre se las ingenian para terminar acordando con el poder político de turno, que pone y saca fichas en el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración, la Defensoría Pública o algún que otro juzgado importante, y los enfrentamientos públicos encendidos quedan para otra oportunidad.
Este juego perverso entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo refrenda aprobando pliegos y mirando para el costado, ha profundizado los problemas del servicio de justicia en Chubut.
A la sociedad en general le importa muy poco quiénes son los ministros del Superior Tribunal, o a quién responde el procurador. Lo que a la sociedad le preocupa es que los que tienen que impartir justicia sean justos, probos y decentes.
Que trabajen más, que viatiquen menos, que se bajen del pedestal a escuchar lo que pasa en las calles, y que le impriman la misma celeridad a las causas de los ciudadanos de a pie que a los amparos de los magistrados que embargaron las cuentas públicas para cobrarse -de guapos- sus aumentos salariales.
O que se sepa por qué dos fiscales chubutenses que fueron procesados por la Justicia federal por colaborar con un espía ilegal, siguen en sus cargos como si nada hubiese pasado.
Control ausente
No se puede hablar de Justicia sin poner en el tapete el papel que viene jugando el Consejo de la Magistratura del Chubut, un órgano extrapoder que se incorporó a la vida pública con la reforma constitucional de 1994, y que si bien nació con la idea de “democratizar” al Poder Judicial, ha terminado siendo una estructura que nadie sabe cómo funciona y que incluye la figura de consejeros populares que terminan alargando las listas sábanas de los partidos políticos cada cuatro años.
El Consejo de la Magistratura es el que se encarga de seleccionar y designar los jueces, fiscales y defensores. Y el que debe controlar sus desempeños. Si la gente no sabe quiénes son los jueces, fiscales o defensores públicos, sólo hay que imaginarse la ignorancia popular que existe con el Consejo de la Magistratura, su actuación o sus integrantes.
La semana pasada, por ejemplo, trece de los catorce consejeros que lo integran (cinco representantes populares no abogados; cuatro abogados de la matrícula; tres magistrados con rango no inferior a camarista o equivalente; un trabajador judicial no abogado; más el presidente del Superior Tribunal de Justicia), se reunieron para definir la actuación del juez Gustavo Toquier, titular del Juzgado Nº 1 de Ejecución de Comodoro Rivadavia.
A Toquier lo habían denunciado dos organismos públicos: la AFIP y la Inspección General de Justicia (IGJ), por mal desempeño en el manejo de una causa por el concurso de acreedores de la empresa Oil Combustibles.
Dicen los que saben que el sumariante del caso, Rafael Lucchelli, consejero representante de los magistrados de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn, elaboró una acusación lapidaria contra el juez Toquier. Sin embargo, once integrantes del Consejo de la Magistratura votaron en contra de llevar a juicio político al juez comodorense. A lo sumo, argumentaron, su actuación apenas si merece una sanción administrativa.
Lucchelli y el consejero que representa a los trabajadores judiciales fueron los únicos que defendieron las pruebas contundentes contra Toquier.
¿Usted se enteró de esa decisión? ¿Leyó alguna vez cuándo y dónde se reúnen los catorce consejeros? Los periodistas de este diario sí, pero muchas veces es un incordio conseguir información sobre el Consejo de la Magistratura. En su página web, por ejemplo, la última acta cargada para poder ver en línea es de diciembre de 2016.
Toquier no es cualquier juez: desde su Juzgado, ubicado en la Avenida Hipólito Yrigoyen 650 de Comodoro Rivadavia, salieron en tiempo récord todos los embargos de los magistrados que ya le costaron al Estado provincial más de 200 millones de pesos. No los firmó él –claro- pero un conjuez rápido y seguro que actúa cuando Toquier se “excusa”, el abogado de la matrícula Héctor Eduardo Freile, ha debido comprar muchas lapiceras en los últimos tiempos porque la tinta se le hacía escasa para firmar los amparos millonarios de los magistrados, que casualmente siempre salieron del mismo Juzgado.
Es verdad, como expresó el pleno del Superior Tribunal en un comunicado la semana pasada (escrito por su presidente, Jorge Pfleger), que las cuestiones de Estado se deben canalizar y discutir “en el plano que exige una república democrática, a la que es ajeno el tumulto verbal, la vocinglería –griterío- y la degradación discursiva” de los sectores políticos, que levantan la voz cuando les conviene y callan cuando se hacen amigos del juez.
Pero para recorrer “el camino del orden cívico”, como pide el Superior Tribunal, hay que bajar al terreno y escuchar a la plebe. Porque el amianto los seguirá protegiendo del fuego pero nunca del pueblo.#