Estafa gitana: pidieron informes al Registro Nacional del Automotor

Fiscalía quiere saber, vehículo por vehículo, si hay irregularidades en los papeles de las 150 unidades secuestradas.

27 FEB 2017 - 22:11 | Actualizado

Se trata de una presunta banda delictiva integrada por una conocida familia de gitanos, que hace por lo menos 3 décadas se dedican al negocio de los autos.
Informes

Según le confirmaron a Jornada la Fiscalía de Trelew, pidió detalles de los automóviles que no se revelan en la información que maneja a nivel local la Planta Verificadora del Automotor dependiente de la Policía del Chubut. Quien dirige la investigación es la fiscal general María Tolomei.
A todo esto, los automóviles secuestrados se encuentran ocultos en un depósito de la Policía bajo custodia.  Ahora buscan determinar  en detalle si existe alguna evasión impositiva, prendas, inhibición de firmas, pedido de secuestro y toda irregularidad que exista cuyos datos conserva la mencionada dependencia que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Desde ese organismo se pusieron a disposición de la fiscal para facilitar los informes requeridos.
Se trata de una causa compleja que por el momento ha mostrado resultados a la luz de la investigación que llevó a cabo la Brigada de Investigaciones de Trelew, con el apoyo de la fiscal.
Sobre la fiscal

Una altísima fuente del caso le confirmó ayer a Jornada que se esperó mucho tiempo hasta que una fiscal se animase a avanzar sobre esta familia, a la que acusan de numerosas estafas y que hasta ahora, había salido airosa de los procesos judiciales en su contra.
El último inserto judicial fue en 2012 y todo quedó en la nada. La presunta banda operó mínimamente 10 años y ahora, se les acumularon 9 causas pero el nivel de las quejas por parte de las víctimas, podría ascender.
Lo grave fue que existen declaraciones sobre las amenazas con armas que estas personas empleaban para intimidar a quien tuviera la osadía de reclamarles por una transacción inconclusa, traducida en estafas.
Grave

La misma fuente de la investigación, le contó a Jornada que es notoria la libertad con la que estas personas se desempeñaban, sin controles de la Justicia de Faltas local, que al parecer no estaba enterada o no actuó frente a una verdadera agencia de autos trucha, sin habilitación.
La Justicia reconoció que el enorme predio ubicado en la calle Soberanía Nacional y Entre Ríos de Trelew, funcionó sin habilitación comercial municipal. Lo que la fuente se preguntó es si acaso los organismos locales que debieron controlar esa actividad no omitieron cumplir con sus funciones.
 Esta situación podría requerir la citación a indagatoria de funcionarios para que brinden explicaciones y si es necesario, formularle alguna imputación.
Causa en la nada

Roberto Nicolás, Patricia Sendín y Emiliano Ezequiel Nicolás ya fueron llevados a juicio oral y público en el marco de una causa por estafa en comercialización de automóviles, que tuvo lugar entre mayo y junio del año 2012. Se los acusaba de haber participado en maniobras que sumarían unos 26 hechos, de acuerdo a las denuncias respectivas. En aquel momento, fueron defensores de los acusados en aquel momento, los abogados Oscar Romero y Abdón Manyauik.
Imputados

Los imputados en el nuevo proceso son el matrimonio conformado por Roberto Nicolás y Mónica Patricia Sendín, y sus hijos Emiliano y Guillermo Nicolás.
Todos habrían conformado en núcleo de una organización cuya finalidad real sería la de cometer delitos, principalmente contra la propiedad, mediante estafas con vehículos automotores.
La fiscal Tolomei los imputó  por asociación ilícita, estafa, adulteración de documento privado, coacción y coacción agravada por el uso de armas y tenencia ilegítima de arma de uso civil.
Detenidos

Por el momento se encuentran detenidos con prisión preventiva y la Fiscalía consiguió un plazo más extenso de lo previsto en el Código Penal para desarrollar la investigación, debido a la complejidad del caso.
La orden de detención la dispuso el juez César Marcelo Zaratiuegui, quien finalmente conservó la titularidad como juez de primera instancia en el caso.
Fue luego de un intento fallido de los abogados de la familia que quisieron apartarlo. El planteo surgió debido a que Zaratiegui, en sus épocas de fiscal los investigó bajo la convicción de que eran una banda organizada criminal. #

 

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27 FEB 2017 - 22:11

Se trata de una presunta banda delictiva integrada por una conocida familia de gitanos, que hace por lo menos 3 décadas se dedican al negocio de los autos.
Informes

Según le confirmaron a Jornada la Fiscalía de Trelew, pidió detalles de los automóviles que no se revelan en la información que maneja a nivel local la Planta Verificadora del Automotor dependiente de la Policía del Chubut. Quien dirige la investigación es la fiscal general María Tolomei.
A todo esto, los automóviles secuestrados se encuentran ocultos en un depósito de la Policía bajo custodia.  Ahora buscan determinar  en detalle si existe alguna evasión impositiva, prendas, inhibición de firmas, pedido de secuestro y toda irregularidad que exista cuyos datos conserva la mencionada dependencia que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Desde ese organismo se pusieron a disposición de la fiscal para facilitar los informes requeridos.
Se trata de una causa compleja que por el momento ha mostrado resultados a la luz de la investigación que llevó a cabo la Brigada de Investigaciones de Trelew, con el apoyo de la fiscal.
Sobre la fiscal

Una altísima fuente del caso le confirmó ayer a Jornada que se esperó mucho tiempo hasta que una fiscal se animase a avanzar sobre esta familia, a la que acusan de numerosas estafas y que hasta ahora, había salido airosa de los procesos judiciales en su contra.
El último inserto judicial fue en 2012 y todo quedó en la nada. La presunta banda operó mínimamente 10 años y ahora, se les acumularon 9 causas pero el nivel de las quejas por parte de las víctimas, podría ascender.
Lo grave fue que existen declaraciones sobre las amenazas con armas que estas personas empleaban para intimidar a quien tuviera la osadía de reclamarles por una transacción inconclusa, traducida en estafas.
Grave

La misma fuente de la investigación, le contó a Jornada que es notoria la libertad con la que estas personas se desempeñaban, sin controles de la Justicia de Faltas local, que al parecer no estaba enterada o no actuó frente a una verdadera agencia de autos trucha, sin habilitación.
La Justicia reconoció que el enorme predio ubicado en la calle Soberanía Nacional y Entre Ríos de Trelew, funcionó sin habilitación comercial municipal. Lo que la fuente se preguntó es si acaso los organismos locales que debieron controlar esa actividad no omitieron cumplir con sus funciones.
 Esta situación podría requerir la citación a indagatoria de funcionarios para que brinden explicaciones y si es necesario, formularle alguna imputación.
Causa en la nada

Roberto Nicolás, Patricia Sendín y Emiliano Ezequiel Nicolás ya fueron llevados a juicio oral y público en el marco de una causa por estafa en comercialización de automóviles, que tuvo lugar entre mayo y junio del año 2012. Se los acusaba de haber participado en maniobras que sumarían unos 26 hechos, de acuerdo a las denuncias respectivas. En aquel momento, fueron defensores de los acusados en aquel momento, los abogados Oscar Romero y Abdón Manyauik.
Imputados

Los imputados en el nuevo proceso son el matrimonio conformado por Roberto Nicolás y Mónica Patricia Sendín, y sus hijos Emiliano y Guillermo Nicolás.
Todos habrían conformado en núcleo de una organización cuya finalidad real sería la de cometer delitos, principalmente contra la propiedad, mediante estafas con vehículos automotores.
La fiscal Tolomei los imputó  por asociación ilícita, estafa, adulteración de documento privado, coacción y coacción agravada por el uso de armas y tenencia ilegítima de arma de uso civil.
Detenidos

Por el momento se encuentran detenidos con prisión preventiva y la Fiscalía consiguió un plazo más extenso de lo previsto en el Código Penal para desarrollar la investigación, debido a la complejidad del caso.
La orden de detención la dispuso el juez César Marcelo Zaratiuegui, quien finalmente conservó la titularidad como juez de primera instancia en el caso.
Fue luego de un intento fallido de los abogados de la familia que quisieron apartarlo. El planteo surgió debido a que Zaratiegui, en sus épocas de fiscal los investigó bajo la convicción de que eran una banda organizada criminal. #

 


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