Como Hawai, Maryland va contra el decreto antinmigratorio de Trump

Un juez federal de Maryland falló hoy en contra del segundo decreto migratorio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y agregó otro bloque al muro judicial contra la orden ejecutiva presidencial que empezó a levantar Hawai ayer, y que si crece puede terminar anulándola, tal como ocurrió con la primera versión.

16 MAR 2017 - 18:22 | Actualizado

Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció está tarde que el equipo del presidente estadounidense prevé apelar las sentencias de los dos jueces federales que suspendieron la ejecución del segundo veto migratorio del mandatario.

El fallo del juez federal de Maryland, Theodore D. Chuang, se centró en una de las partes del veto migratorio de Trump, la suspensión de la emisión de visas para los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia).

Chuang subrayó que este veto supone "la puesta en práctica de la largamente anticipada prohibición a los musulmanes" y justificó su decisión por los comentarios realizados por Trump durante su campaña electoral.

La decisión de Maryland se añade a la que tomó el magistrado Derrick K. Watson, con sede en Honolulu, tras escuchar los argumentos de las autoridades de Hawai, el primer estado que desafió la medida, y dejó por ahora sin efecto la suspensión de ingreso al país de inmigrantes de los seis países y de todos los refugiados.

Estos fallos judiciales suponen un segundo revés legal para el gobierno de Trump, que ya vio como la Justicia bloqueaba a principios de febrero su primer veto.

Poco después de conocerse el bloqueo del juez de Hawaii, el presidente de Estados Unidos calificó la decisión en un acto en Nashville (Tennesee) anoche como "terrible" y agregó que "es, en opinión de muchos, una extralimitación judicial sin precedentes".

Tras una breve pero infructuosa batalla legal contra la primera ráfaga de fallos en contra de su veto inicial, Trump cedió y presentó el 6 de marzo una versión revisada, en la que introdujo algunos cambios rebajando el tono de la medida, con el convencimiento de que esta vez evitaría el escrutinio judicial.

El nuevo veto migratorio suspendía durante 120 días el programa de acogida a refugiados y durante 90 la entrada de ciudadanos procedentes de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.

A diferencia de la primera orden, la medida dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modificaba el apartado sobre los refugiados sirios, que tendrán prohibida su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.

Pero la suspensión temporal ordenada por los jueces de Maryland y Hawai, a sólo horas de que el nuevo decreto entre en vigencia, demostró que la esperanza del mandatario estadounidense carecía de cimientos sólidos.

El nuevo decreto mantenía el veto para ingresar al país para todos los refugiados por 120 días y establece una prohibición de tres meses para los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana: Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.

A diferencia del veto anterior, Trump había decidido exceptuar a Irak, país aliado de Washington después de la invasión estadounidense de 2003 y la posterior ocupación militar que duró hasta 2011.

En la audiencia de Hawai, los abogados del gobierno de ese estado argumentaron que la nueva medida, igual que la anterior, seguía siendo inconstitucional porque atentaba contra la libertad religiosa protegida en la primera Enmienda de la Constitución.

Según explicaron, es evidente que el decreto se dirige específicamente contra los musulmanes. Los representantes del gobierno de Hawai también sostuvieron que la medida de Trump dañaría al turismo en la isla y al sector empresarial y universitario, ya que impediría reclutar personal extranjero.

Por su parte, los abogados del gobierno de Trump argumentaron que el presidente tiene plena capacidad para determinar la política migratoria del país y que los argumentos del estado de Hawai no son más que "especulaciones".

Por la tarde, la Casa Blanca anunció que prevé apelar las sentencias.

En su rueda de prensa diaria, el vocero presidencial Sean Spicer afirmó que el gobierno "tiene la intención de apelar la decisión fallida".

El portavoz insistió en que Trump tiene la autoridad para emitir la orden, que suspende durante 90 días las llegadas de personas de seis países de mayoría musulmana y hace lo mismo con el programa de recepción de refugiados durante 120 días.

"El peligro (de llegada de terroristas a Estados Unidos) es real y la ley es clara", indicó Spicer, quien aseguró que Trump "está profundamente en desacuerdo con las sentencias erróneas tanto en el razonamiento como en el ámbito de acción".

Spicer aseguró que el gobierno está explorando "todas las opciones" para contrarrestar las decisiones de los jueces federales, que argumentan que la orden de Trump no ofrece evidencias sólidas referidas al riesgo terrorista y discrimina contra personas por razón de religión y nacionalidad.

Desde que Trump anunció la firma de su nuevo decreto antimigratorio, la oposición no paró de crecer y multiplicarse, hasta incluir gobiernos estatales, asociaciones religiosas, defensores de derechos civiles y todo un arco heterogéneo de personas y grupos muy similar al que se movilizó hace poco más de un mes para frenar el primer decreto presidencial que apuntó contra la comunidad musulmana. Esta vez, el gobierno de Trump intentó ser más prolijo.

Pulió el vocabulario del decreto -por ejemplo no menciona la religión musulmana como característica de los países vetados-, removió a uno de sus aliados, Irak, y le avisó con anticipación a los otros dos poderes -el Legislativo y el Judicial- y a todos los órganos estatales involucrados en la ejecución de la norma.

El primer decreto fue ejecutado de inmediato, sin avisarle a las fuerzas de seguridad involucradas y al propio Congreso. Esto provocó un caos, especialmente cuando comenzaron a conocerse las noticias de detenciones de extranjeros y hasta de residentes legales de Estados Unidos en los principales aeropuertos del país.

Las protestas y el repudio se hicieron escuchar enseguida e, inclusive, superaron las fronteras nacionales.

16 MAR 2017 - 18:22

Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció está tarde que el equipo del presidente estadounidense prevé apelar las sentencias de los dos jueces federales que suspendieron la ejecución del segundo veto migratorio del mandatario.

El fallo del juez federal de Maryland, Theodore D. Chuang, se centró en una de las partes del veto migratorio de Trump, la suspensión de la emisión de visas para los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia).

Chuang subrayó que este veto supone "la puesta en práctica de la largamente anticipada prohibición a los musulmanes" y justificó su decisión por los comentarios realizados por Trump durante su campaña electoral.

La decisión de Maryland se añade a la que tomó el magistrado Derrick K. Watson, con sede en Honolulu, tras escuchar los argumentos de las autoridades de Hawai, el primer estado que desafió la medida, y dejó por ahora sin efecto la suspensión de ingreso al país de inmigrantes de los seis países y de todos los refugiados.

Estos fallos judiciales suponen un segundo revés legal para el gobierno de Trump, que ya vio como la Justicia bloqueaba a principios de febrero su primer veto.

Poco después de conocerse el bloqueo del juez de Hawaii, el presidente de Estados Unidos calificó la decisión en un acto en Nashville (Tennesee) anoche como "terrible" y agregó que "es, en opinión de muchos, una extralimitación judicial sin precedentes".

Tras una breve pero infructuosa batalla legal contra la primera ráfaga de fallos en contra de su veto inicial, Trump cedió y presentó el 6 de marzo una versión revisada, en la que introdujo algunos cambios rebajando el tono de la medida, con el convencimiento de que esta vez evitaría el escrutinio judicial.

El nuevo veto migratorio suspendía durante 120 días el programa de acogida a refugiados y durante 90 la entrada de ciudadanos procedentes de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.

A diferencia de la primera orden, la medida dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modificaba el apartado sobre los refugiados sirios, que tendrán prohibida su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.

Pero la suspensión temporal ordenada por los jueces de Maryland y Hawai, a sólo horas de que el nuevo decreto entre en vigencia, demostró que la esperanza del mandatario estadounidense carecía de cimientos sólidos.

El nuevo decreto mantenía el veto para ingresar al país para todos los refugiados por 120 días y establece una prohibición de tres meses para los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana: Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.

A diferencia del veto anterior, Trump había decidido exceptuar a Irak, país aliado de Washington después de la invasión estadounidense de 2003 y la posterior ocupación militar que duró hasta 2011.

En la audiencia de Hawai, los abogados del gobierno de ese estado argumentaron que la nueva medida, igual que la anterior, seguía siendo inconstitucional porque atentaba contra la libertad religiosa protegida en la primera Enmienda de la Constitución.

Según explicaron, es evidente que el decreto se dirige específicamente contra los musulmanes. Los representantes del gobierno de Hawai también sostuvieron que la medida de Trump dañaría al turismo en la isla y al sector empresarial y universitario, ya que impediría reclutar personal extranjero.

Por su parte, los abogados del gobierno de Trump argumentaron que el presidente tiene plena capacidad para determinar la política migratoria del país y que los argumentos del estado de Hawai no son más que "especulaciones".

Por la tarde, la Casa Blanca anunció que prevé apelar las sentencias.

En su rueda de prensa diaria, el vocero presidencial Sean Spicer afirmó que el gobierno "tiene la intención de apelar la decisión fallida".

El portavoz insistió en que Trump tiene la autoridad para emitir la orden, que suspende durante 90 días las llegadas de personas de seis países de mayoría musulmana y hace lo mismo con el programa de recepción de refugiados durante 120 días.

"El peligro (de llegada de terroristas a Estados Unidos) es real y la ley es clara", indicó Spicer, quien aseguró que Trump "está profundamente en desacuerdo con las sentencias erróneas tanto en el razonamiento como en el ámbito de acción".

Spicer aseguró que el gobierno está explorando "todas las opciones" para contrarrestar las decisiones de los jueces federales, que argumentan que la orden de Trump no ofrece evidencias sólidas referidas al riesgo terrorista y discrimina contra personas por razón de religión y nacionalidad.

Desde que Trump anunció la firma de su nuevo decreto antimigratorio, la oposición no paró de crecer y multiplicarse, hasta incluir gobiernos estatales, asociaciones religiosas, defensores de derechos civiles y todo un arco heterogéneo de personas y grupos muy similar al que se movilizó hace poco más de un mes para frenar el primer decreto presidencial que apuntó contra la comunidad musulmana. Esta vez, el gobierno de Trump intentó ser más prolijo.

Pulió el vocabulario del decreto -por ejemplo no menciona la religión musulmana como característica de los países vetados-, removió a uno de sus aliados, Irak, y le avisó con anticipación a los otros dos poderes -el Legislativo y el Judicial- y a todos los órganos estatales involucrados en la ejecución de la norma.

El primer decreto fue ejecutado de inmediato, sin avisarle a las fuerzas de seguridad involucradas y al propio Congreso. Esto provocó un caos, especialmente cuando comenzaron a conocerse las noticias de detenciones de extranjeros y hasta de residentes legales de Estados Unidos en los principales aeropuertos del país.

Las protestas y el repudio se hicieron escuchar enseguida e, inclusive, superaron las fronteras nacionales.


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