miércoles, 29 de marzo de 2017
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El Gobierno defiende su política migratoria ante la CIDH


El Estado nacional defendió hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su política migratoria y afirmó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó aspectos de la Ley de Migraciones busca garantizar "regularidad" y no apunta "contra los migrantes irregulares”.

20/03/2017 03:31 p.m.


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“Nosotros trabajamos sobre la regularidad migratoria, no contra los migrantes irregulares”, dijo el Estado nacional durante la audiencia que tuvo lugar en la sede de la CIDH, en Washington, representado por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el director y vicedirector de Migraciones, Horacio García y Julián Curi, respectivamente. 
Organizaciones de la sociedad civil habían acudido a la CIDH para reclamar por el DNU 70/2017 del 20 de enero, al que consideraron “restrictivo de los derechos humanos” para los migrantes, sobre todo para “los que están en situación de pobreza” y “tiene como regla la privación de la libertad”.
En una audiencia que se prolongó durante una hora y cuarto, presidida por el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, ambas partes expusieron sus razones, en contra o en defensa del DNU.
A su favor, el Estado precisó que durante el año pasado, “215 mil personas obtuvieron la radicación en Argentina, 92.000 de los cuales estaban ya en el país en una situación totalmente irregular”, y consignó que, en los tres meses que lleva de implementación del decreto, fue regularizada la situación de "48 mil migrantes". 
Además, según explicó Avruj, el DNU en cuestión "asegura a los migrantes la amplitud de derechos civiles, sociales y culturales, al igual que hace con los nacionales", sólo que "enfocándose en el cumplimiento de las leyes”. 
Por su parte, el director general de Migraciones, Horacio García, indicó que, a futuro, serán abiertas cuatro delegaciones en la provincia de Buenos Aires -el distrito que recibe la mayor afluencia de migrantes- para contribuir a la regularización, y señaló a esa medida como una muestra del espíritu “abierto” de la política oficial de migraciones, mientras que en el resto del mundo “las fronteras se cierran”.
“Argentina tiene una historia migratoria que venimos a respetar. Si tenemos 42 millones de personas viviendo en Argentina, podemos recibir 40 millones más, sobre todo en en lugares de nuestro territorio donde se necesita trabajo genuino. Argentina no copia modelos, tiene uno propio y lo vamos a hacer funcionar entre todos”, consignó a su turno el subidrector de Migraciones, Julián Curi.
En este sentido, explicó que el dictado del decreto fue por “lo prolongado de los procesos de cancelación de residencias, que generaba un nivel alto de reincidencia”, y por la situación que se generaba a partir del ingreso de personas en forma irregular con el solo fin de “obtener residencia precaria”, aclarando que la mayoría de esas personas permanecen en libertad.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que expusieron ante la CIDH recordaron que los inmigrantes que son parte de la población carcelaria se mantuvieron en los niveles de los últimos diez años, entre un 5 y un 6 por ciento, la mayoría por delitos leves. 
Además, reclamaron que, "al disponer la expulsión, aun en casos de penas menores, se atenta contra la unidad familiar", y argumentaron que eso no contribuye incluso a modificar la situación en delitos mayores, como el tráfico de estupefacientes o la trata de personas, que, dijeron, "ya con la anterior ley eran motivo de expulsión".
“Atribuyen a los inmigrantes la responsabilidad sobre la inseguridad”, dijo uno de los expositores de las OSC representación de los inmigrantes, y señaló que el decreto “persigue, y criminaliza a los inmigrantes”, generando “racismo institucional”.
Incluso, plantearon que usan a los inmigrantes “como excusa a políticas ineficientes”, y convierten las fronteras en “trincheras”.
En ese marco, a través de la exposición de Avruj, el Estado Nacional buscó dejó en claro que trabaja para “mejorar los controles en la frontera e impedir la permanencia de quienes la hayan violado", algo que, aclaró, "es estado de derecho, y no persecución de migrantes”.
El director de Migraciones recordó que en Argentina todo migrante tiene “acceso a la salud, la asistencia social, y la educación”, y dijo que incluso lo tiene quien esté en una situación migratoria irregular.
En este sentido, dejó sentado que Argentina no pone “ningún tipo de cupos” a la migración, sino “requerimientos y pautas objetivas y no discriminatorias”.
“El gobierno advirtió la necesidad de modificaciones en la ley para evitar abusos en ciertos procedimientos”, dijo el Estado en su argumentación, y agregó que se “ha avanzado en la gobernabilidad migratoria”, y que se cumplen con “diez garantías” que van desde el derecho a comunicación previa, a ser llevado ante un juez, y a representación legal, entre otras.
Finalmente, desde el CIDH, se hizo hincapié en una “preocupación” que “va más allá de Argentina”, y que tiene que ver con asociar al “migrante con la delincuencia”, lo que contribuye a la “estigmatización o xenofobia”.

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