A 41 años del inicio de la última dictadura militar
Se conmemora hoy el Día de la Memoria por la Verdad y La Justicia. En todo el país se realizarán actos y homenaje a las víctimas del proceso militar.
La última dictadura militar, de cuyo comienzo se cumplen hoy 41 años, constituye un hecho maldito en la historia del pueblo argentino, que se extendió en la región a partir de la aplicación del Plan Cóndor, que apuntó al aniquilamiento de los movimientos populares o con inspiración marxista, armados o no, y a la instauración de un sistema económico dependiente cuyas consecuencias con matices llegan hasta el presente.
Considerarlo un hecho maldito podría llevar a la confusión y atribuirlo a cierto determinismo que lo alejaría de antecedentes de los cuales el siglo XX estuvo plagado de ejemplos, como la sangrienta Guerra Civil española y los horrores del franquismo, o la guerra de Argelia, cuyos tentáculos ejecutores dejaron su impronta en el accionar de los militares argentinos.
Lo es en la medida que marcó al menos a dos generaciones que se vieron privadas de sus derechos esenciales, como los de reunión, libre agremiación, libertad de prensa y de expresión o pertenencia política, por citar los más importantes.
Tras la controvertida orden del gobierno constitucional que no pudo concluir el tres veces presidente Juan Domingo Perón, de "aniquilar" a las organizaciones guerrilleras (tal la palabra utilizada en el decreto de Isabel Perón), el accionar represivo cívico-militar necesitó la toma del poder político para abarcar sectores ajenos a la lucha armada que habían desarrollado su crecimiento a partir de la reivindicación de derechos fundamentales en el terreno laboral y político.
Si algo fue contundente y desembozado durante la dictadura instaurada a partir del 24 de marzo de 1976, fue el disciplinamiento forzoso de la clase trabajadora, con miles de obreros desaparecidos, en su gran mayoría arrancados de las fábricas o sus lugares de trabajo, con la complicidad de sectores empresarios como ha quedado demostrado en los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos entre aquella fecha y 1982 cuando la reinstauración democrática.
Las consignas históricas que se han repetido a lo largo de los años de "ni olvido ni perdón" o "juicio y castigo" apuntan hoy a sostener un espacio que en más de una oportunidad y aun en este presente no puede ni debe vaciarse de significación ni valor simbólico.
El giro ideológico puesto en evidencia a partir del actual gobierno encabezado por Mauricio Macri, coincide con una suerte de amesetamiento de los juicios contra los ejecutores del terrorismo de Estado responsables 30.000 asesinatos y desapariciones, en el momento de inflexión para saber quiénes fueron los autores o instigadores civiles de esos crímenes.
La última dictadura militar, de cuyo comienzo se cumplen hoy 41 años, constituye un hecho maldito en la historia del pueblo argentino, que se extendió en la región a partir de la aplicación del Plan Cóndor, que apuntó al aniquilamiento de los movimientos populares o con inspiración marxista, armados o no, y a la instauración de un sistema económico dependiente cuyas consecuencias con matices llegan hasta el presente.
Considerarlo un hecho maldito podría llevar a la confusión y atribuirlo a cierto determinismo que lo alejaría de antecedentes de los cuales el siglo XX estuvo plagado de ejemplos, como la sangrienta Guerra Civil española y los horrores del franquismo, o la guerra de Argelia, cuyos tentáculos ejecutores dejaron su impronta en el accionar de los militares argentinos.
Lo es en la medida que marcó al menos a dos generaciones que se vieron privadas de sus derechos esenciales, como los de reunión, libre agremiación, libertad de prensa y de expresión o pertenencia política, por citar los más importantes.
Tras la controvertida orden del gobierno constitucional que no pudo concluir el tres veces presidente Juan Domingo Perón, de "aniquilar" a las organizaciones guerrilleras (tal la palabra utilizada en el decreto de Isabel Perón), el accionar represivo cívico-militar necesitó la toma del poder político para abarcar sectores ajenos a la lucha armada que habían desarrollado su crecimiento a partir de la reivindicación de derechos fundamentales en el terreno laboral y político.
Si algo fue contundente y desembozado durante la dictadura instaurada a partir del 24 de marzo de 1976, fue el disciplinamiento forzoso de la clase trabajadora, con miles de obreros desaparecidos, en su gran mayoría arrancados de las fábricas o sus lugares de trabajo, con la complicidad de sectores empresarios como ha quedado demostrado en los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos entre aquella fecha y 1982 cuando la reinstauración democrática.
Las consignas históricas que se han repetido a lo largo de los años de "ni olvido ni perdón" o "juicio y castigo" apuntan hoy a sostener un espacio que en más de una oportunidad y aun en este presente no puede ni debe vaciarse de significación ni valor simbólico.
El giro ideológico puesto en evidencia a partir del actual gobierno encabezado por Mauricio Macri, coincide con una suerte de amesetamiento de los juicios contra los ejecutores del terrorismo de Estado responsables 30.000 asesinatos y desapariciones, en el momento de inflexión para saber quiénes fueron los autores o instigadores civiles de esos crímenes.