Casanello se declaró incompetente en la causa Panamá Papers
El juez federal Sebastián Casanello se declaró hoy incompetente para seguir interviniendo en la causa que investiga al presidente Mauricio Macri por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes
El juez federal Sebastián Casanello se declaró hoy incompetente para seguir interviniendo en la causa conocida como Panamá Papers, en la que está involucrado el presidente Mauricio Macri, y derivó parte al Fuero en lo Penal Económico al considerar que no existen indicios de lavado de activos sino sospechas de irregularidades tributarias, mientras que otra parte fue remitida a un juzgado que investigó presuntas irregularidades en declaraciones juradas del mandatario cuando era jefe de Gobierno porteño.
"El juzgado valoró que los exhortos diligenciados por la justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia", dijo el magistrado.
Casanello remarcó también que el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) concluyó que "no vemos (...) actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista" de supuesto lavado de dinero.
El presidente Macri estaba siendo investigado por la supuesta omisión de declarar su participación en dos empresas off shore (Fleg Trading LTD y Kagemusha SA), en una pesquisa que luego se extendió al posible delito de lavado de activos a pedido del fiscal Delgado.
En el mismo expediente se investigó si Fleg Trading había introducido en el mercado alrededor de 9.5 millones de dólares de origen ilícito para adquirir las acciones de Owners do Brasil que tenía Socma Americana SA. Ante la justicia, Franco Macri, padre del presidente, había dicho a través de un escrito que presentó su abogado Jorge Anzorreguy que el dinero para la compra de las acciones de Owners era suyo.
La UIF había sostenido que "Fleg Trading (Bahamas) había sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento desde el año 2008" y que "Kagemusha (Panamá) había sido disuelta por morosidad de diez años consecutivos en el año 2006".
La causa se inició a partir de una denuncia del diputado nacional de Frente Para la Victoria Darío Martínez, luego de que salieran a la luz los resultados de la investigación periodística internacional conocida como Panamá Papers.
El juez federal Sebastián Casanello se declaró hoy incompetente para seguir interviniendo en la causa conocida como Panamá Papers, en la que está involucrado el presidente Mauricio Macri, y derivó parte al Fuero en lo Penal Económico al considerar que no existen indicios de lavado de activos sino sospechas de irregularidades tributarias, mientras que otra parte fue remitida a un juzgado que investigó presuntas irregularidades en declaraciones juradas del mandatario cuando era jefe de Gobierno porteño.
"El juzgado valoró que los exhortos diligenciados por la justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia", dijo el magistrado.
Casanello remarcó también que el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) concluyó que "no vemos (...) actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista" de supuesto lavado de dinero.
El presidente Macri estaba siendo investigado por la supuesta omisión de declarar su participación en dos empresas off shore (Fleg Trading LTD y Kagemusha SA), en una pesquisa que luego se extendió al posible delito de lavado de activos a pedido del fiscal Delgado.
En el mismo expediente se investigó si Fleg Trading había introducido en el mercado alrededor de 9.5 millones de dólares de origen ilícito para adquirir las acciones de Owners do Brasil que tenía Socma Americana SA. Ante la justicia, Franco Macri, padre del presidente, había dicho a través de un escrito que presentó su abogado Jorge Anzorreguy que el dinero para la compra de las acciones de Owners era suyo.
La UIF había sostenido que "Fleg Trading (Bahamas) había sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento desde el año 2008" y que "Kagemusha (Panamá) había sido disuelta por morosidad de diez años consecutivos en el año 2006".
La causa se inició a partir de una denuncia del diputado nacional de Frente Para la Victoria Darío Martínez, luego de que salieran a la luz los resultados de la investigación periodística internacional conocida como Panamá Papers.