Al igual que Europa, la oposición turca objetó el referéndum

El Partido Republicano del Pueblo (CHP), la segunda fuerza opositora de Turquía, solicitó hoy formalmente la cancelación y repetición del referéndum constitucional del domingo pasado, en el que el Sí a la instalación de un sistema político presidencialista se impuso con un 51,4% de los votos, pese a que observadores de la Unión Europea (UE) denunciaron irregularidades en el proceso electoral.

18 ABR 2017 - 16:01 | Actualizado

EL CHP no sólo puso en duda el recuento de votos del domingo, sino que denunció que "el gobierno y la Junta Suprema Electoral (YSK) cometieron un golpe contra la voluntad popular", según escribió en su cuenta de Twitter Kemal Kilicdaroglu, el presidente de la fuerza, citado por la agencia de noticias EFE.

"El recuento de los votos no sellados es una prueba clara de que de las urnas salió un claro No'" a la reforma, sentenció el líder opositor y prometió que su fuerza no parará hasta que se repita la consulta popular y se garanticen las condiciones mínimas para su legitimidad. 

Poco antes, su número dos, Bülent Tezcan, había anunciado que impugnaban la consulta popular. 
"Esta elección no es válida, no es legítima. Para acabar con esta ilegalidad solicitamos a la Junta Suprema Electoral que anule el referéndum", reclamó el vicepresidente del CHP, tras formalizar la petición de impugnación.

Según explicó el dirigente socialdemócrata, se escrutaron como válidos cientos de miles de votos que no contaban con el obligatorio sello oficial de las mesas electorales. En una decisión inédita la YSK decidió aceptar estas papeletas, por lo que ahora ya no podrían ser discriminados de los que poseían el sello oficial desde el inicio.

Por ello, el CHP exigió que se repita la consulta del domingo. 
A la espera de que se hagan públicos los resultados definitivos, se estima que las boletas del Sí superaron en apenas 1,25 millones a las del No, pero el CHP considera que al menos 2,5 millones de boletas sin el sello oficial fueron contabilizadas como válidas e incluidas en el escrutinio final.

La YSK, por su parte, ya descartó la posibilidad de que esos votos no sellados sean falsos.
El presidente de la Junta Suprema Electoral, Sadi Güven, atribuyó ayer la ausencia de sellos al "desconocimiento o negligencia" de los miembros de algunas mesas electorales, por lo que reafirmó la decisión de admitirlos como válidos.

Güven aseguró que, pese a que la ley electoral lo prohíbe expresamente, "no es la primera vez que se hace".
Ante estos argumentos de la Junta Suprema Electoral, otro de los vicepresidentes del CHP, Seyit Torun, aseguró que presentaron "muchas pruebas concretas" de las presuntas irregularidades. "Hay videos de votaciones falsas y fraude", denunció el dirigente opositor. 
Al mismo tiempo, las denuncias y cuestionamentos de la UE y de sus países miembros contra el proceso electoral turco en su conjunto se acumulaban.

Ayer la misión de observadores electorales de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa (OSCE) había criticado a la YSK y había advertido que su decisión de validar las boletas electorales sin sello oficial "socavaba una importante medida de seguridad" y era "contraria a la ley".

Hoy el gobierno alemán se sumó a estas críticas y le pidió a Turquía a despejar cuanto antes las dudas sobre la transparencia de la consulta para dotar de un sistema presidencialista al país que preside Recep Tayyip Erdogan.

El ministro del Interior alemán, Thomas de Maiziere, hizo este pedido tras reiterar la decisión del gobierno turco de realizar el referéndum cuando aún rige un estado de emergencia, que habilitó una purga masiva en el Estado y una ola de despidos en los últimos meses. 

"Ahora debe producirse una rápida aclaración para comprobar si el referéndum transcurrió de forma justa y limpia, en la medida en la que se pueda hablar de ello en las actuales circunstancias en Turquía", afirma el ministro, citado por las agencias de noticias DPA.

Además, De Maiziere deseó que Ankara se "comporte razonablemente con el resultado del referéndum" y no busque que aumenten las tensiones en la sociedad turca. 

La Comisión Europea (CE), en tanto, pidió a Turquía que lleve a cabo "investigaciones transparentes" a raíz del resultado del referéndum y los informes de los observadores internacionales, que sugieren irregularidades en el desarrollo de la consulta.

El vocero jefe de la CE, Margaritis Schinas, llamó "a todos los actores a ser comedidos" y a las autoridades a "lanzar investigaciones transparentes sobre las declaraciones de irregularidades identificadas por los observadores".

Según los observadores de la OSCE y del Consejo de Europa, el referéndum constitucional turco no cumplió con los estándares democráticos, debido sobre todo a la "falta de imparcialidad" en la campaña.

Paralelamente, la ONG Human Rights Watch resaltó que "la campaña tuvo lugar bajo un estado de emergencia y en un clima altamente represivo después del fracasado golpe militar del 15 de julio de 2016".

La ONG, que pidió el fin del estado de emergencia, señaló también que durante la campaña "el presidente y el gobierno controlaron los medios de comunicación, dominaron la esfera pública y encarcelaron a periodistas críticos y dirigentes de la oposición parlamentaria prokurda".

Por su parte, el diputado del Partido Socialdemócrata Austríaco, Stefan Schennach, denunció hoy en Viena que el único equipo de observadores electorales del Consejo de Europa desplazado a la región oriental de Turquía para auditar los estándares del referéndum fue retenido durante horas por la Policía, lo que obstaculizó severamente su misión.
Finalmente, el gobierno británico de Theresa May instó a Ankara en un comunicado a "introducir los cambios constitucionales de un modo que preserve la democracia, respete el Estado de derecho y proteja las libertades fundamentales".

18 ABR 2017 - 16:01

EL CHP no sólo puso en duda el recuento de votos del domingo, sino que denunció que "el gobierno y la Junta Suprema Electoral (YSK) cometieron un golpe contra la voluntad popular", según escribió en su cuenta de Twitter Kemal Kilicdaroglu, el presidente de la fuerza, citado por la agencia de noticias EFE.

"El recuento de los votos no sellados es una prueba clara de que de las urnas salió un claro No'" a la reforma, sentenció el líder opositor y prometió que su fuerza no parará hasta que se repita la consulta popular y se garanticen las condiciones mínimas para su legitimidad. 

Poco antes, su número dos, Bülent Tezcan, había anunciado que impugnaban la consulta popular. 
"Esta elección no es válida, no es legítima. Para acabar con esta ilegalidad solicitamos a la Junta Suprema Electoral que anule el referéndum", reclamó el vicepresidente del CHP, tras formalizar la petición de impugnación.

Según explicó el dirigente socialdemócrata, se escrutaron como válidos cientos de miles de votos que no contaban con el obligatorio sello oficial de las mesas electorales. En una decisión inédita la YSK decidió aceptar estas papeletas, por lo que ahora ya no podrían ser discriminados de los que poseían el sello oficial desde el inicio.

Por ello, el CHP exigió que se repita la consulta del domingo. 
A la espera de que se hagan públicos los resultados definitivos, se estima que las boletas del Sí superaron en apenas 1,25 millones a las del No, pero el CHP considera que al menos 2,5 millones de boletas sin el sello oficial fueron contabilizadas como válidas e incluidas en el escrutinio final.

La YSK, por su parte, ya descartó la posibilidad de que esos votos no sellados sean falsos.
El presidente de la Junta Suprema Electoral, Sadi Güven, atribuyó ayer la ausencia de sellos al "desconocimiento o negligencia" de los miembros de algunas mesas electorales, por lo que reafirmó la decisión de admitirlos como válidos.

Güven aseguró que, pese a que la ley electoral lo prohíbe expresamente, "no es la primera vez que se hace".
Ante estos argumentos de la Junta Suprema Electoral, otro de los vicepresidentes del CHP, Seyit Torun, aseguró que presentaron "muchas pruebas concretas" de las presuntas irregularidades. "Hay videos de votaciones falsas y fraude", denunció el dirigente opositor. 
Al mismo tiempo, las denuncias y cuestionamentos de la UE y de sus países miembros contra el proceso electoral turco en su conjunto se acumulaban.

Ayer la misión de observadores electorales de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa (OSCE) había criticado a la YSK y había advertido que su decisión de validar las boletas electorales sin sello oficial "socavaba una importante medida de seguridad" y era "contraria a la ley".

Hoy el gobierno alemán se sumó a estas críticas y le pidió a Turquía a despejar cuanto antes las dudas sobre la transparencia de la consulta para dotar de un sistema presidencialista al país que preside Recep Tayyip Erdogan.

El ministro del Interior alemán, Thomas de Maiziere, hizo este pedido tras reiterar la decisión del gobierno turco de realizar el referéndum cuando aún rige un estado de emergencia, que habilitó una purga masiva en el Estado y una ola de despidos en los últimos meses. 

"Ahora debe producirse una rápida aclaración para comprobar si el referéndum transcurrió de forma justa y limpia, en la medida en la que se pueda hablar de ello en las actuales circunstancias en Turquía", afirma el ministro, citado por las agencias de noticias DPA.

Además, De Maiziere deseó que Ankara se "comporte razonablemente con el resultado del referéndum" y no busque que aumenten las tensiones en la sociedad turca. 

La Comisión Europea (CE), en tanto, pidió a Turquía que lleve a cabo "investigaciones transparentes" a raíz del resultado del referéndum y los informes de los observadores internacionales, que sugieren irregularidades en el desarrollo de la consulta.

El vocero jefe de la CE, Margaritis Schinas, llamó "a todos los actores a ser comedidos" y a las autoridades a "lanzar investigaciones transparentes sobre las declaraciones de irregularidades identificadas por los observadores".

Según los observadores de la OSCE y del Consejo de Europa, el referéndum constitucional turco no cumplió con los estándares democráticos, debido sobre todo a la "falta de imparcialidad" en la campaña.

Paralelamente, la ONG Human Rights Watch resaltó que "la campaña tuvo lugar bajo un estado de emergencia y en un clima altamente represivo después del fracasado golpe militar del 15 de julio de 2016".

La ONG, que pidió el fin del estado de emergencia, señaló también que durante la campaña "el presidente y el gobierno controlaron los medios de comunicación, dominaron la esfera pública y encarcelaron a periodistas críticos y dirigentes de la oposición parlamentaria prokurda".

Por su parte, el diputado del Partido Socialdemócrata Austríaco, Stefan Schennach, denunció hoy en Viena que el único equipo de observadores electorales del Consejo de Europa desplazado a la región oriental de Turquía para auditar los estándares del referéndum fue retenido durante horas por la Policía, lo que obstaculizó severamente su misión.
Finalmente, el gobierno británico de Theresa May instó a Ankara en un comunicado a "introducir los cambios constitucionales de un modo que preserve la democracia, respete el Estado de derecho y proteja las libertades fundamentales".


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