Usurpadores de Playa Galesa irán a juicio oral y público
Lo dispuso el Juez Fabio Monti y hay 13 personas imputadas por la ocupación ilegal de tierras ubicadas a pocos metros de la desembocadura del río Chubut.
El juez de garantías Fabio Monti envió a juicio oral y público a 13 personas que se encuentran imputadas por haber usurpado de manera ilegal terrenos a muy pocos metros del mar, pertenecientes a la familia Galina y que se encuentran localizados en la margen sur del Río Chubut en su desembocadura en el Océano Atlántico, en lo que se denomina Playa “La Galesa”.
Esa fue la cantidad de personas que logró identificar la Policía en diversos operativos realizados en los últimos dos años desde que se profundizaron las ocupaciones ilegales alcanzando ya más de un centenar de terrenos y construcciones levantadas de manera ilegal sin seguir parámetros administrativos, urbanísticos y de servicios al punto tal que debieron realizarse varias intervenciones de la Cooperativa de Rawson junto a la policía por el robo de agua potable mediante la realización de conexiones clandestinas.
Las tierras pertenecen a la sucesión de la familia de Marcial Galina, antiguo propietario de los terrenos que hoy componen el Complejo Playa Magagna compuesto a su vez por las bajadas de Playa Bonita, El Faro y Los Cangrejales.
La imputación contra cada uno de ellos es la de “usurpación por clandestinidad” previsto en el artículo 181 del Código Penal de la República Argentina. El juez Monti consideró en su resolución que, según la marcha de la investigación, existió “clandestinidad” y “violencia” en el accionar de las personas llevadas a proceso, todos vecinos de Rawson, Trelew y algunos de Puerto Madryn, con domicilio estable y fijo en esos lugares por lo que se cree desde la Fiscalía de Rawson, que las usurpaciones se realizaron con el objetivo de contar con una casa de fin de semana o junto al mar.
De los presentes en la audiencia preliminar realizada el último viernes, solo una de las personas resultó sobreseída a pedido de la defensa pública y con la anuencia de la representante del Ministerio Público Fiscal y la querella representante de la familia de la sucesión Galina. Se trata de Fidel Muñoz, un vecino de Rawson que al momento de ser identificado en el lugar durante uno de los operativos policiales, se encontraba acompañando a su nieto Bruno Muñoz, que realizaba movimientos de terreno.
Rechazan sobreseimiento
Un pedido similar realizó el defensor oficial Omar López respecto de Carlos Alonso y Carlos Ojeda, también imputados en la causa. Sin embargo el juez Monti coincidió con la postura de la Fiscalía y la Querella que rechazaron la postura del defensor, por lo que López y Ojeda también deberán sentarse en el banquillo de los acusados.
Los acusadores recordaron que ambos fueron sorprendidos por la policía realizando tareas de movimientos de tierra. Argumentaron que “pasaban” circunstancialmente por el lugar. Para el defensor López las acusaciones de la fiscalía y la querella “son muy livianas” y argumento que al no cercarse nunca el lugar, “no se puede prohibir el paso de las personas”. En otra parte de la audiencia agregó que la acusación del Ministerio Público Fiscal “es muy genérica, no existe descripción de los actos presuntamente ilegales, descripción de la rotura o desaparición de los mojones, cuántos de estos habían y donde estaban localizados”.
Pedido de captura
Por otro lado Monti declaró en situación de rebeldía y pidió a la Policía la captura de cuatro imputados más que, habiendo sido debidamente notificados de una audiencia realizada en diciembre pasado de la del viernes último, en ambas no se presentaron, “desoyendo de esta manera la citación judicial”. El defensor López consideró esta medida como “excesiva” y que se debe insistir con las notificaciones.
Sin embargo Monti mantuvo su postura con firmeza al punto tal de llamarle severamente la atención a la imputada Marta Bizama que llegó tarde a la audiencia del viernes sin haber avisado oportunamente por los distintos medios a su disposición. La situación de los declarados en rebeldía torna dificultosa la continuidad del proceso al punto tal de que deberá llamarse nuevamente a una audiencia preliminar exclusivamente por estos imputados en caso de ser detenidos por la Policía o que se presenten.
Firmeza de la fiscalía y la querella
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Griselda Encina. Dijo que las usurpaciones se generalizaron entre el 15 de enero y el 18 de febrero del año 2015 y que el hecho de “que el lugar no esté alambrado no justifica las usurpaciones”. Tras destacar que la Policía irrumpió sorpresivamente en el lugar en un par de veces logrando identificar a las personas hoy sometidas a proceso, agregó que los imputados “sabían que esa era una propiedad privada. Hubo despojo e invasión. Primero fueron los cercos y luego las construcciones”.
Por su parte el querellante Jorge Rubiolo se preguntó el “porque de tanto esfuerzo para ver lo obvio. Vivimos en la zona y todos vemos a diario como crecen las usurpaciones en el lugar. Hoy sin la ayuda de la Policía es difícil ingresar a esa propiedad privada”, expresó. Destacó que “la defensa no cuestionó los allanamientos” para agregar luego que “se encuentra en trámite un nuevo intento de desalojo”, en indirecta alusión a un intento anterior que quedó interrumpido ante la singular violencia con que un grupo de usurpadores intentó agredir a un maquinista y a representantes de la sucesión familiar que habían viajado expresamente desde Buenos Aires.
Clandestinidad y violencia
En su resolución para mandar a juicio oral y público a los imputados, Monti expresó que en la acusación efectuada por los investigadores, quedó evidenciado que existió “clandestinidad” ya que las usurpaciones se realizaron de noche y continuaron en horas diurnas. También destacó que existió una conducta “violenta” por parte de los usurpadores. En este sentido se refirió a las agresiones que sufrió un maquinista que fue contratado para derribar las precarias construcciones y cercos realizados “al punto tal que junto a los representantes de la familia Galina debieron abandonar el lugar". Concluyó que la acusación lo deja conforme y que será en el juicio oral y público donde la Fiscalía y la Querella deberán probar estas dos situaciones que se produjeron (clandestinidad y violencia) y en donde además las partes llevarán a los testigos que permita determinar la inocencia o la culpabilidad de los imputados.
El juez de garantías Fabio Monti envió a juicio oral y público a 13 personas que se encuentran imputadas por haber usurpado de manera ilegal terrenos a muy pocos metros del mar, pertenecientes a la familia Galina y que se encuentran localizados en la margen sur del Río Chubut en su desembocadura en el Océano Atlántico, en lo que se denomina Playa “La Galesa”.
Esa fue la cantidad de personas que logró identificar la Policía en diversos operativos realizados en los últimos dos años desde que se profundizaron las ocupaciones ilegales alcanzando ya más de un centenar de terrenos y construcciones levantadas de manera ilegal sin seguir parámetros administrativos, urbanísticos y de servicios al punto tal que debieron realizarse varias intervenciones de la Cooperativa de Rawson junto a la policía por el robo de agua potable mediante la realización de conexiones clandestinas.
Las tierras pertenecen a la sucesión de la familia de Marcial Galina, antiguo propietario de los terrenos que hoy componen el Complejo Playa Magagna compuesto a su vez por las bajadas de Playa Bonita, El Faro y Los Cangrejales.
La imputación contra cada uno de ellos es la de “usurpación por clandestinidad” previsto en el artículo 181 del Código Penal de la República Argentina. El juez Monti consideró en su resolución que, según la marcha de la investigación, existió “clandestinidad” y “violencia” en el accionar de las personas llevadas a proceso, todos vecinos de Rawson, Trelew y algunos de Puerto Madryn, con domicilio estable y fijo en esos lugares por lo que se cree desde la Fiscalía de Rawson, que las usurpaciones se realizaron con el objetivo de contar con una casa de fin de semana o junto al mar.
De los presentes en la audiencia preliminar realizada el último viernes, solo una de las personas resultó sobreseída a pedido de la defensa pública y con la anuencia de la representante del Ministerio Público Fiscal y la querella representante de la familia de la sucesión Galina. Se trata de Fidel Muñoz, un vecino de Rawson que al momento de ser identificado en el lugar durante uno de los operativos policiales, se encontraba acompañando a su nieto Bruno Muñoz, que realizaba movimientos de terreno.
Rechazan sobreseimiento
Un pedido similar realizó el defensor oficial Omar López respecto de Carlos Alonso y Carlos Ojeda, también imputados en la causa. Sin embargo el juez Monti coincidió con la postura de la Fiscalía y la Querella que rechazaron la postura del defensor, por lo que López y Ojeda también deberán sentarse en el banquillo de los acusados.
Los acusadores recordaron que ambos fueron sorprendidos por la policía realizando tareas de movimientos de tierra. Argumentaron que “pasaban” circunstancialmente por el lugar. Para el defensor López las acusaciones de la fiscalía y la querella “son muy livianas” y argumento que al no cercarse nunca el lugar, “no se puede prohibir el paso de las personas”. En otra parte de la audiencia agregó que la acusación del Ministerio Público Fiscal “es muy genérica, no existe descripción de los actos presuntamente ilegales, descripción de la rotura o desaparición de los mojones, cuántos de estos habían y donde estaban localizados”.
Pedido de captura
Por otro lado Monti declaró en situación de rebeldía y pidió a la Policía la captura de cuatro imputados más que, habiendo sido debidamente notificados de una audiencia realizada en diciembre pasado de la del viernes último, en ambas no se presentaron, “desoyendo de esta manera la citación judicial”. El defensor López consideró esta medida como “excesiva” y que se debe insistir con las notificaciones.
Sin embargo Monti mantuvo su postura con firmeza al punto tal de llamarle severamente la atención a la imputada Marta Bizama que llegó tarde a la audiencia del viernes sin haber avisado oportunamente por los distintos medios a su disposición. La situación de los declarados en rebeldía torna dificultosa la continuidad del proceso al punto tal de que deberá llamarse nuevamente a una audiencia preliminar exclusivamente por estos imputados en caso de ser detenidos por la Policía o que se presenten.
Firmeza de la fiscalía y la querella
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Griselda Encina. Dijo que las usurpaciones se generalizaron entre el 15 de enero y el 18 de febrero del año 2015 y que el hecho de “que el lugar no esté alambrado no justifica las usurpaciones”. Tras destacar que la Policía irrumpió sorpresivamente en el lugar en un par de veces logrando identificar a las personas hoy sometidas a proceso, agregó que los imputados “sabían que esa era una propiedad privada. Hubo despojo e invasión. Primero fueron los cercos y luego las construcciones”.
Por su parte el querellante Jorge Rubiolo se preguntó el “porque de tanto esfuerzo para ver lo obvio. Vivimos en la zona y todos vemos a diario como crecen las usurpaciones en el lugar. Hoy sin la ayuda de la Policía es difícil ingresar a esa propiedad privada”, expresó. Destacó que “la defensa no cuestionó los allanamientos” para agregar luego que “se encuentra en trámite un nuevo intento de desalojo”, en indirecta alusión a un intento anterior que quedó interrumpido ante la singular violencia con que un grupo de usurpadores intentó agredir a un maquinista y a representantes de la sucesión familiar que habían viajado expresamente desde Buenos Aires.
Clandestinidad y violencia
En su resolución para mandar a juicio oral y público a los imputados, Monti expresó que en la acusación efectuada por los investigadores, quedó evidenciado que existió “clandestinidad” ya que las usurpaciones se realizaron de noche y continuaron en horas diurnas. También destacó que existió una conducta “violenta” por parte de los usurpadores. En este sentido se refirió a las agresiones que sufrió un maquinista que fue contratado para derribar las precarias construcciones y cercos realizados “al punto tal que junto a los representantes de la familia Galina debieron abandonar el lugar". Concluyó que la acusación lo deja conforme y que será en el juicio oral y público donde la Fiscalía y la Querella deberán probar estas dos situaciones que se produjeron (clandestinidad y violencia) y en donde además las partes llevarán a los testigos que permita determinar la inocencia o la culpabilidad de los imputados.