Rawson: trece usurpadores de Playa Galesa irán a juicio y hay cuatro pedidos de captura
La ocupación ilegal de tierras pertenecientes a la familia Galina.
El juez Fabio Monti envió a juicio a 13 imputados por haber usurpado terrenos a muy pocos metros del mar, pertenecientes a la familia Galina, localizados en la margen sur del río Chubut en su desembocadura en playa “La Galesa”.
Fue la cantidad de personas que identificó la Policía en operativos en los últimos dos años, desde que se profundizaron las ocupaciones ilegales. Ya son más de un centenar de terrenos y construcciones levantadas ilegalmente.
Hubo varias intervenciones de la Cooperativa de Rawson junto a Policía por el robo de agua potable con conexiones clandestinas.
Las tierras pertenecen a la sucesión de la familia de Marcial Galina, antiguo propietario de los terrenos que hoy componen el Complejo Playa Magagna compuesto a su vez por las bajadas de Playa Bonita, El Faro y Los Cangrejales.
La imputación es “usurpación por clandestinidad”. El juez Monti consideró en su resolución que, según la investigación, existió “clandestinidad” y “violencia” en el accionar de las personas, todos vecinos de Rawson, Trelew y algunos de Puerto Madryn, con domicilio estable y fijo en esos lugares por lo que la Fiscalía de Rawson cree que las usurpaciones se realizaron para contar con una casa de fin de semana o junto al mar.
De los presentes en la audiencia preliminar el viernes, sólo una persona fue sobreseída a pedido de la defensa pública y con la anuencia de Fiscalía y la querella. Se trata de Fidel Muñoz, un vecino de Rawson que al ser identificado en el lugar durante uno de los operativos policiales, estaba acompañando a su nieto Bruno Muñoz, que realizaba movimientos de terreno.
Un pedido similar realizó el defensor oficial Omar López para Carlos Alonso y Carlos Ojeda, imputados. Pero el juez rechazó la solicitud.
Según el parte de prensa de Fiscalía, ambos fueron sorprendidos por la Policía realizando movimientos de tierra. Argumentaron que “pasaban” circunstancialmente por el lugar. Para el defensor López las acusaciones de la fiscalía y la querella “son muy livianas” y argumentó que al no cercarse nunca el lugar, “no se puede prohibir el paso de las personas”.
Agregó que la acusación fiscal “es muy genérica, no existe descripción de los actos presuntamente ilegales, descripción de la rotura o desaparición de los mojones, cuántos de estos habían y donde estaban localizados”.
Cuatro capturas
Por otro lado Monti declaró en situación de rebeldía y pidió a la Policía la captura de cuatro imputados más. Fueron notificados de dos audiencias y no se presentaron, “desoyendo la citación judicial”. El defensor López consideró esta medida como “excesiva” y que se debe insistir con las notificaciones.
Monti mantuvo su postura con firmeza al punto tal de llamarle severamente la atención a la imputada Marta Bizama, que llegó tarde a la audiencia del viernes sin avisar.
La situación de los rebeldes torna difícil seguir el proceso al punto tal de que deberá llamarse nuevamente a una audiencia preliminar exclusivamente por estos imputados en caso de ser detenidos o que se presenten.
La fiscal del caso es Griselda Encina. Dijo que las usurpaciones se generalizaron entre el 15 de enero y el 18 de febrero de 2015 y que el hecho de “que el lugar no esté alambrado no justifica las usurpaciones”.
La Policía irrumpió sorpresivamente en el lugar un par de veces logrando identificar a las personas hoy procesadas. Los imputados “sabían que esa era una propiedad privada. Hubo despojo e invasión. Primero fueron los cercos y luego las construcciones”.
El querellante Jorge Rubiolo se preguntó el “porqué de tanto esfuerzo para ver lo obvio. Vivimos en la zona y todos vemos a diario cómo crecen las usurpaciones en el lugar. Hoy sin la ayuda de la Policía es difícil ingresar a esa propiedad privada”.
Destacó que “la defensa no cuestionó los allanamientos” y reveló que hay en trámite un nuevo intento de desalojo, en indirecta alusión a un intento anterior que quedó interrumpido ante la singular violencia con que un grupo de usurpadores intentó agredir a un maquinista y a representantes de la sucesión familiar que habían viajado desde Buenos Aires.
En su resolución, Monti expresó que en la acusación se evidencia que hubo “clandestinidad” ya que las usurpaciones se realizaron de noche y siguieron de día.
También destacó una conducta “violenta” de los usurpadores. Recordó las agresiones que sufrió un maquinista contratado para derribar las precarias construcciones y cercos “al punto tal que junto a los representantes de la familia Galina debieron abandonar el lugar”.#
El juez Fabio Monti envió a juicio a 13 imputados por haber usurpado terrenos a muy pocos metros del mar, pertenecientes a la familia Galina, localizados en la margen sur del río Chubut en su desembocadura en playa “La Galesa”.
Fue la cantidad de personas que identificó la Policía en operativos en los últimos dos años, desde que se profundizaron las ocupaciones ilegales. Ya son más de un centenar de terrenos y construcciones levantadas ilegalmente.
Hubo varias intervenciones de la Cooperativa de Rawson junto a Policía por el robo de agua potable con conexiones clandestinas.
Las tierras pertenecen a la sucesión de la familia de Marcial Galina, antiguo propietario de los terrenos que hoy componen el Complejo Playa Magagna compuesto a su vez por las bajadas de Playa Bonita, El Faro y Los Cangrejales.
La imputación es “usurpación por clandestinidad”. El juez Monti consideró en su resolución que, según la investigación, existió “clandestinidad” y “violencia” en el accionar de las personas, todos vecinos de Rawson, Trelew y algunos de Puerto Madryn, con domicilio estable y fijo en esos lugares por lo que la Fiscalía de Rawson cree que las usurpaciones se realizaron para contar con una casa de fin de semana o junto al mar.
De los presentes en la audiencia preliminar el viernes, sólo una persona fue sobreseída a pedido de la defensa pública y con la anuencia de Fiscalía y la querella. Se trata de Fidel Muñoz, un vecino de Rawson que al ser identificado en el lugar durante uno de los operativos policiales, estaba acompañando a su nieto Bruno Muñoz, que realizaba movimientos de terreno.
Un pedido similar realizó el defensor oficial Omar López para Carlos Alonso y Carlos Ojeda, imputados. Pero el juez rechazó la solicitud.
Según el parte de prensa de Fiscalía, ambos fueron sorprendidos por la Policía realizando movimientos de tierra. Argumentaron que “pasaban” circunstancialmente por el lugar. Para el defensor López las acusaciones de la fiscalía y la querella “son muy livianas” y argumentó que al no cercarse nunca el lugar, “no se puede prohibir el paso de las personas”.
Agregó que la acusación fiscal “es muy genérica, no existe descripción de los actos presuntamente ilegales, descripción de la rotura o desaparición de los mojones, cuántos de estos habían y donde estaban localizados”.
Cuatro capturas
Por otro lado Monti declaró en situación de rebeldía y pidió a la Policía la captura de cuatro imputados más. Fueron notificados de dos audiencias y no se presentaron, “desoyendo la citación judicial”. El defensor López consideró esta medida como “excesiva” y que se debe insistir con las notificaciones.
Monti mantuvo su postura con firmeza al punto tal de llamarle severamente la atención a la imputada Marta Bizama, que llegó tarde a la audiencia del viernes sin avisar.
La situación de los rebeldes torna difícil seguir el proceso al punto tal de que deberá llamarse nuevamente a una audiencia preliminar exclusivamente por estos imputados en caso de ser detenidos o que se presenten.
La fiscal del caso es Griselda Encina. Dijo que las usurpaciones se generalizaron entre el 15 de enero y el 18 de febrero de 2015 y que el hecho de “que el lugar no esté alambrado no justifica las usurpaciones”.
La Policía irrumpió sorpresivamente en el lugar un par de veces logrando identificar a las personas hoy procesadas. Los imputados “sabían que esa era una propiedad privada. Hubo despojo e invasión. Primero fueron los cercos y luego las construcciones”.
El querellante Jorge Rubiolo se preguntó el “porqué de tanto esfuerzo para ver lo obvio. Vivimos en la zona y todos vemos a diario cómo crecen las usurpaciones en el lugar. Hoy sin la ayuda de la Policía es difícil ingresar a esa propiedad privada”.
Destacó que “la defensa no cuestionó los allanamientos” y reveló que hay en trámite un nuevo intento de desalojo, en indirecta alusión a un intento anterior que quedó interrumpido ante la singular violencia con que un grupo de usurpadores intentó agredir a un maquinista y a representantes de la sucesión familiar que habían viajado desde Buenos Aires.
En su resolución, Monti expresó que en la acusación se evidencia que hubo “clandestinidad” ya que las usurpaciones se realizaron de noche y siguieron de día.
También destacó una conducta “violenta” de los usurpadores. Recordó las agresiones que sufrió un maquinista contratado para derribar las precarias construcciones y cercos “al punto tal que junto a los representantes de la familia Galina debieron abandonar el lugar”.#