Amnistía denuncia una "arbitraria purga" de funcionarios en Turquía
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) calificó hoy de "arbitraria" y de "aniquilación profesional" la purga de más de 100 mil funcionarios y empleados del sector público iniciada en Turquía tras el fallido golpe de Estado de julio pasado.
En un informe difundido hoy, AI concluye que las "arbitrarias" medidas de despidos masivos que el gobierno turco empezó a aplicar tras el fallido golpe militar del pasado julio condenan a la "aniquilación profesional" a los afectados, bajo acusaciones genéricas de "vínculos terroristas".
Tras ser expulsados, les resulta prácticamente imposible encontrar trabajo en el sector privado, temeroso de contratar a personas señaladas como enemigos políticos.
Muchas de las personas despedidas tienen prohibido el ejercicio privado de profesiones reguladas por el Estado, como la abogacía y la enseñanza, señala AI en el informe citado por la agencia de noticias EFE.
Tampoco pueden emigrar, porque el decreto de expulsión conlleva también la anulación de su pasaporte y, a veces, el de sus familiares, agrega el texto.
Aunque AI admite que algunas expulsiones, como las de soldados que participaron activamente en el golpe, puedan estar justificadas, los afectados no han recibido información concreta sobre sus casos, y simplemente se descubren en una lista que les atribuye "vínculos con el terrorismo".
Los tribunales se han negado a admitir los recursos contra las medidas y desde abril un decreto prohíbe formalmente recurrir a la Justicia.
El Gobierno anunció la creación de una comisión de siete miembros que revisará los casos, una medida que AI considera totalmente insuficiente. Tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acepta peticiones de los afectados, porque no agotaron aún la vía judicial local.
El informe, basado en 61 entrevistas realizadas en las ciudades de Ankara, Diyarbakir y Estambul, revela la difícil situación que afrontan, sin medios de resarcimiento, muchas personas que tenían antes un trabajo seguro en el sector público.
Todas los entrevistados explicaron que la falta de otros medios de sustento, los obligó a vivir de sus ahorros, depender de la ayuda de familiares y amistades, aceptar trabajos en la economía irregular o sobrevivir con pequeños donativos de sus sindicatos.
Los agentes de policía y militares despedidos tienen prohibido por decreto buscar un trabajo similar en el sector privado y los pocos profesionales a quienes se les permite desarrollar su actividad en el sector privado, como los profesionales de la salud, a duras penas encuentran trabajo, en especial en puestos equivalentes, con sueldos similares a los que tenían.
Entre los despedidos hay 8.000 militares, pero también 24.000 policías, 33.000 profesores o empleados del Ministerio de Educación, 6.000 médicos y empleados del Ministerio de Salud, 5.000 académicos, 4.000 jueces, fiscales y personal de la Judicatura y 3.000 empleados de la oficina del primer ministro, según un recuento realizado por AI.
En muchos casos, la acusación genérica de "vínculos terroristas" hace referencia a una supuesta cercanía a la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, que Ankara considera instigador de la intentona golpista contra el presidente Recep Tayyip Erdogan.
Fuentes del Gobierno señalaron a Amnistía que esta cercanía se podía establecer, por ejemplo, porque los afectados tenían cuentas en Bank Asya, un banco parte del conglomerado empresarial de los gülenistas, o cancelaron su suscripción a un proveedor de televisión cuando este puso fin a la emisión de canales de la cofradía.
Pero hay también numerosos académicos despedidos aparentemente por firmar un manifiesto a favor de la paz con la guerrilla kurda, así como sindicalistas de la izquierda, un sector opuesto al movimiento gülenista.
En un informe difundido hoy, AI concluye que las "arbitrarias" medidas de despidos masivos que el gobierno turco empezó a aplicar tras el fallido golpe militar del pasado julio condenan a la "aniquilación profesional" a los afectados, bajo acusaciones genéricas de "vínculos terroristas".
Tras ser expulsados, les resulta prácticamente imposible encontrar trabajo en el sector privado, temeroso de contratar a personas señaladas como enemigos políticos.
Muchas de las personas despedidas tienen prohibido el ejercicio privado de profesiones reguladas por el Estado, como la abogacía y la enseñanza, señala AI en el informe citado por la agencia de noticias EFE.
Tampoco pueden emigrar, porque el decreto de expulsión conlleva también la anulación de su pasaporte y, a veces, el de sus familiares, agrega el texto.
Aunque AI admite que algunas expulsiones, como las de soldados que participaron activamente en el golpe, puedan estar justificadas, los afectados no han recibido información concreta sobre sus casos, y simplemente se descubren en una lista que les atribuye "vínculos con el terrorismo".
Los tribunales se han negado a admitir los recursos contra las medidas y desde abril un decreto prohíbe formalmente recurrir a la Justicia.
El Gobierno anunció la creación de una comisión de siete miembros que revisará los casos, una medida que AI considera totalmente insuficiente. Tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acepta peticiones de los afectados, porque no agotaron aún la vía judicial local.
El informe, basado en 61 entrevistas realizadas en las ciudades de Ankara, Diyarbakir y Estambul, revela la difícil situación que afrontan, sin medios de resarcimiento, muchas personas que tenían antes un trabajo seguro en el sector público.
Todas los entrevistados explicaron que la falta de otros medios de sustento, los obligó a vivir de sus ahorros, depender de la ayuda de familiares y amistades, aceptar trabajos en la economía irregular o sobrevivir con pequeños donativos de sus sindicatos.
Los agentes de policía y militares despedidos tienen prohibido por decreto buscar un trabajo similar en el sector privado y los pocos profesionales a quienes se les permite desarrollar su actividad en el sector privado, como los profesionales de la salud, a duras penas encuentran trabajo, en especial en puestos equivalentes, con sueldos similares a los que tenían.
Entre los despedidos hay 8.000 militares, pero también 24.000 policías, 33.000 profesores o empleados del Ministerio de Educación, 6.000 médicos y empleados del Ministerio de Salud, 5.000 académicos, 4.000 jueces, fiscales y personal de la Judicatura y 3.000 empleados de la oficina del primer ministro, según un recuento realizado por AI.
En muchos casos, la acusación genérica de "vínculos terroristas" hace referencia a una supuesta cercanía a la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, que Ankara considera instigador de la intentona golpista contra el presidente Recep Tayyip Erdogan.
Fuentes del Gobierno señalaron a Amnistía que esta cercanía se podía establecer, por ejemplo, porque los afectados tenían cuentas en Bank Asya, un banco parte del conglomerado empresarial de los gülenistas, o cancelaron su suscripción a un proveedor de televisión cuando este puso fin a la emisión de canales de la cofradía.
Pero hay también numerosos académicos despedidos aparentemente por firmar un manifiesto a favor de la paz con la guerrilla kurda, así como sindicalistas de la izquierda, un sector opuesto al movimiento gülenista.