IPV: investigan si hubo favores sexuales a cambio de viviendas en Comodoro
Lo denunció la fiscal Camila Banfi, quien amplió la investigación por distintas irregularidades en el Instituto.
Banfi se refirió a la audiencia que tuvo lugar ayer en torno a la causa abierta sobre irregularidades en la adjudicación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda y explicó que “se amplió el objeto procesal”, destacó el portal ADNSur.
Dijo que se constató que “hubo un requerimiento de favor sexual para asignar las viviendas” y que se corroboró “con el testimonio de una persona y con la documental que dice que luego de reunirse uno de los imputados en un hotel céntrico con la persona, le habría asignado una vivienda en el barrio Standart Norte”.
“En la audiencia el Ministerio Público tenía que ampliar el objeto procesal. La causa venía en trámite, se había hecho una apertura de investigación preparatoria y el Ministerio Público Fiscal había escogido la figura de la asociación ilícita por ver que había varios tipos de delito en el interior del IPV en la gestión de Abel Reyna y con quienes había seleccionado para las tareas”, resumió Banfi.
“Lo que se hizo es modificar la calificación, ampliándose el objeto procesal” y se le imputaron a Reyna y otras siete personas “tres hechos de falsedad ideológica” ya que “a través de falsificar declaraciones juradas de los legajos de asignación de vivienda lograron que las mismas se entregaran a personas que no cumplían con requisitos establecidos por ley”, resumió la fiscal.
Banfi dijo que “era una maniobra recurrente en las 81 viviendas. También dentro del primer hecho se imputaron casos puntuales donde el Ministerio Público detectó que se pagaron sumas de dinero para la obtención de viviendas. Uno de los testigos refirió que se le exigieron entre 80 y 100 mil pesos para entregarle la casa, que se la pagó a Darío Acosta y esta persona recibió una vivienda en el plan de 81 en Ciudadela”.
La fiscal agregó que “también hubo maniobras en las reubicaciones de personas que cambiaron de vivienda social del plan 81 que tampoco cumplían los requisitos y esas viviendas fueron entregadas a terceros que tampoco cumplían los requisitos”.
“La mayoría de los acusados recibió por arte de Reyna viviendas, no había ningún trámite legal, el Ministerio Público encontró en los legajos un acta de entrega de llaves no firmada por ningún funcionario público. Estos hechos se los imputamos como un cohecho activo y pasivo a Reyna y sus colaboradores”, dijo Banfi.
Se investiga a su vez “un tercer hecho es en el que han podido participar testigos que se vieron afectados por estas asignaciones o adjudicaciones ilegales, que son los que impugnaron las listas de las 81 viviendas de Ciudadela. La normativa que se aplica es la de los requisitos FONaVi, deben cumplir una serie de requisitos sociales. Estas personas se tomaron el trabajo de controlar estos listados comparando con su situación y denunciaron al IPV irregularidades”.
“Este delito se imputó como incumplimiento de los deberes de funcionario público por no dar trámite a las impugnaciones”, resumió.#
Banfi se refirió a la audiencia que tuvo lugar ayer en torno a la causa abierta sobre irregularidades en la adjudicación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda y explicó que “se amplió el objeto procesal”, destacó el portal ADNSur.
Dijo que se constató que “hubo un requerimiento de favor sexual para asignar las viviendas” y que se corroboró “con el testimonio de una persona y con la documental que dice que luego de reunirse uno de los imputados en un hotel céntrico con la persona, le habría asignado una vivienda en el barrio Standart Norte”.
“En la audiencia el Ministerio Público tenía que ampliar el objeto procesal. La causa venía en trámite, se había hecho una apertura de investigación preparatoria y el Ministerio Público Fiscal había escogido la figura de la asociación ilícita por ver que había varios tipos de delito en el interior del IPV en la gestión de Abel Reyna y con quienes había seleccionado para las tareas”, resumió Banfi.
“Lo que se hizo es modificar la calificación, ampliándose el objeto procesal” y se le imputaron a Reyna y otras siete personas “tres hechos de falsedad ideológica” ya que “a través de falsificar declaraciones juradas de los legajos de asignación de vivienda lograron que las mismas se entregaran a personas que no cumplían con requisitos establecidos por ley”, resumió la fiscal.
Banfi dijo que “era una maniobra recurrente en las 81 viviendas. También dentro del primer hecho se imputaron casos puntuales donde el Ministerio Público detectó que se pagaron sumas de dinero para la obtención de viviendas. Uno de los testigos refirió que se le exigieron entre 80 y 100 mil pesos para entregarle la casa, que se la pagó a Darío Acosta y esta persona recibió una vivienda en el plan de 81 en Ciudadela”.
La fiscal agregó que “también hubo maniobras en las reubicaciones de personas que cambiaron de vivienda social del plan 81 que tampoco cumplían los requisitos y esas viviendas fueron entregadas a terceros que tampoco cumplían los requisitos”.
“La mayoría de los acusados recibió por arte de Reyna viviendas, no había ningún trámite legal, el Ministerio Público encontró en los legajos un acta de entrega de llaves no firmada por ningún funcionario público. Estos hechos se los imputamos como un cohecho activo y pasivo a Reyna y sus colaboradores”, dijo Banfi.
Se investiga a su vez “un tercer hecho es en el que han podido participar testigos que se vieron afectados por estas asignaciones o adjudicaciones ilegales, que son los que impugnaron las listas de las 81 viviendas de Ciudadela. La normativa que se aplica es la de los requisitos FONaVi, deben cumplir una serie de requisitos sociales. Estas personas se tomaron el trabajo de controlar estos listados comparando con su situación y denunciaron al IPV irregularidades”.
“Este delito se imputó como incumplimiento de los deberes de funcionario público por no dar trámite a las impugnaciones”, resumió.#