Fraude a la administración: más de 2 años para acusado

La decisión del juez Martín O’ Connor, que la hizo pública  en una audiencia a la que solo asistió la Fiscalía, obedeció a un caso de defraudación a la administración pública por una obra en una escuela en El Maitén.
El magistrado entregó copia a la fiscal Fernanda Révori y dejó otra a la Oficina Judicial destinada a la Defensa. El escrito contiene los fundamentos que lo llevaron a concluir en la responsabilidad penal del imputado y en la selección de la pena.
La Fiscalía había solicitado la imposición de una pena de tres años y dos meses de prisión con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Por su parte, la defensa pidió la imposición del mínimo legal, dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación especial perpetua para ejercer como director de Obras Públicas.
El juez valoró agravantes y atenuantes y arribó a una resolución intermedia, indicó un parte de la Fiscalía de Esquel.
El primer agravante planteado por la acusadora, fue descartado por el juez. Révori había señalado en este sentido a la contribución concreta del imputado en el hecho en tanto pieza clave. O’ Connor entendió que no profundizó suficientemente el planteo, respecto de cuáles aspectos consideró que debía prestarse atención para agravar la sanción.
Sí tomó como agravante la participación de tres personas, lo que “deviene en una complejidad del hecho, en una vulnerabilidad mayor de la víctima y en una posibilidad mayor de impunidad.”
La planificación para lograr la defraudación, no computó como agravante ya que, tal como planteó el defensor Santiago González, el magistrado consideró que “no se alcanza a vislumbrar en qué se diferenciaría la planificación denunciada con el ardid previsto por el tipo penal”, es decir que ya en el mínimo de la escala penal está contenida esa planificación.
Sin embargo el juez entendió que la magnitud del perjuicio sí constituye un agravante, aunque se haya construido el galpón con posterioridad al descubrimiento de la defraudación.
Existió un cuantioso perjuicio para la administración pública a partir de las diferencias entre el valor de lo realizado y lo pagado. “Inclusive resaltó que, en el apuro que se realizó la parte final de la obra, se realizó una instalación eléctrica que, a los ojos del ingeniero (uno de los testigos), constituía un peligro para la integridad física de los niños”. A partir del informe pericial que realizó este testigo en la etapa de la investigación, fue corregida la instalación.
Como atenuantes computó la falta de antecedentes penales de Portillo, que se tratara de un solo hecho y el buen concepto que goza, en general.#