La Justicia de Río Negro exigió la devolución de todas las pensiones por discapacidad
La Justicia Federal de Viedma intimó al gobierno nacional a restituir las pensiones por discapacidad a todos los beneficiarios de la zona atlántica rionegrina, en el primer fallo en el país que hace lugar a una medida cautelar de alcance colectivo.
La jueza federal Mirta Filipuzzi dispuso "hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia intimar" al Ejecutivo a que restablezca "el pago de la pensión no contributiva otrora dejada sin efecto, sin la limitación temporal establecida en el art. 5 de la ley 26854", a todos los beneficiarios de la jurisdicción a cargo del Juzgado Federal de Viedma.
La magistrada adoptó esta resolución a partir de un amparo colectivo presentado sobre la base de cuatro casos particulares, pero patrocinado por varios legisladores provinciales, la Asociación Civil Encuentro Solidario y la Fundación Patagónica INAUN, que solicitaron ser aceptadas para representar a otros casos de la jurisdicción hasta que se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del recorte en las pensiones.
El diputado nacional Martín Doñate (PJ-FPV), que impulsó la cautelar, dijo a Télam que la medida fue pedida para "revertir la errónea decisión por parte del Gobierno nacional de quitar las pensiones a tantos rionegrinos que tienen derechos adquiridos, sin ningún tipo de acto administrativo que justifique o tenga alguna legalidad".
"El primer antecedente que patrocinamos fue en el juzgado de General Roca por el caso de un vecino de la localidad de Chimpay, el juez de la causa dio lugar y le devolvieron la pensión", recordó el diputado y distinguió este caso y otros del país del resuelto por la jueza Filipuzzi, que fue "un amparo colectivo", explicó.
El legislador precisó que este amparo fue presentado "en representación de todos los pensionados que estaban en igual situación, alrededor de 300 personas, y en este caso la jueza Filipuzzi hizo lugar y determinó que se le devuelva a todos los damnificados de la jurisdicción del juzgado viedmense".
"Ahora resta notificar al Ministerio de Desarrollo Social la resolución judicial e inmediatamente el organismo, en los próximos días, tiene que devolverle todo el dinero a la gente y seguir pagando normalmente este derecho", sostuvo.
Doñate anticipó además que con diputados de su bloque pedirán "en los próximos días en el Congreso Nacional el tratamiento de una nueva ley de pensiones" a fin de "garantizar a esas personas que tengan tres mínimos vital y móvil de ingreso como piso de donde parta la discusión de la baja o no a una pensión por discapacidad".
La jueza federal Mirta Filipuzzi dispuso "hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia intimar" al Ejecutivo a que restablezca "el pago de la pensión no contributiva otrora dejada sin efecto, sin la limitación temporal establecida en el art. 5 de la ley 26854", a todos los beneficiarios de la jurisdicción a cargo del Juzgado Federal de Viedma.
La magistrada adoptó esta resolución a partir de un amparo colectivo presentado sobre la base de cuatro casos particulares, pero patrocinado por varios legisladores provinciales, la Asociación Civil Encuentro Solidario y la Fundación Patagónica INAUN, que solicitaron ser aceptadas para representar a otros casos de la jurisdicción hasta que se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del recorte en las pensiones.
El diputado nacional Martín Doñate (PJ-FPV), que impulsó la cautelar, dijo a Télam que la medida fue pedida para "revertir la errónea decisión por parte del Gobierno nacional de quitar las pensiones a tantos rionegrinos que tienen derechos adquiridos, sin ningún tipo de acto administrativo que justifique o tenga alguna legalidad".
"El primer antecedente que patrocinamos fue en el juzgado de General Roca por el caso de un vecino de la localidad de Chimpay, el juez de la causa dio lugar y le devolvieron la pensión", recordó el diputado y distinguió este caso y otros del país del resuelto por la jueza Filipuzzi, que fue "un amparo colectivo", explicó.
El legislador precisó que este amparo fue presentado "en representación de todos los pensionados que estaban en igual situación, alrededor de 300 personas, y en este caso la jueza Filipuzzi hizo lugar y determinó que se le devuelva a todos los damnificados de la jurisdicción del juzgado viedmense".
"Ahora resta notificar al Ministerio de Desarrollo Social la resolución judicial e inmediatamente el organismo, en los próximos días, tiene que devolverle todo el dinero a la gente y seguir pagando normalmente este derecho", sostuvo.
Doñate anticipó además que con diputados de su bloque pedirán "en los próximos días en el Congreso Nacional el tratamiento de una nueva ley de pensiones" a fin de "garantizar a esas personas que tengan tres mínimos vital y móvil de ingreso como piso de donde parta la discusión de la baja o no a una pensión por discapacidad".