Confirman procesamiento al fiscal de San Isidro por encubrir a narcos

La Cámara Federal de San Martín confirmó hoy el procesamiento del suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, y de cuatro de sus colaboradores, por el delito de "encubrimiento agravado" en el marco de una causa en la que se les atribuye haber entorpecido la investigación de una serie de asesinatos ligados al narcotráfico.

26 JUN 2017 - 15:06 | Actualizado

La Sala II del mencionado tribunal, integrada por los camaristas Hugo Daniel Gurruchaga y Alberto Agustín Lugones, falló de esta manera al avalar todo lo resuelto en octubre del año pasado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
El procesamiento por "encubrimiento agravado" quedó confirmado para Novo, sus fiscales adjuntos, también suspendidos, Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani, y sus secretarias Mariana Busse y Melisa Rey.
Los cinco procesados están imputados también de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional”, en concurso ideal y todos como “coautores”.
Con esta resolución, Novo, sus ex adjuntos y ex secretarias -todos ellos en libertad, ya que nunca se les dictó prisión preventiva-, quedaron a un paso de un juicio oral en el que por la carátula que enfrentan podrían llegar a ser condenados a una pena de hasta seis años de prisión.
La causa se originó en 2012 a partir de una denuncia que en la justicia federal presentó el fiscal Luis Angelini, subalterno de Novo y sus adjuntos, de la que también se hizo eco la diputada Elisa Carrió para pedir el Jury de Enjuiciamiento del ex fiscal general de San Isidro.
A raíz de este expediente, en noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia bonaerense licenció a Novo, Caro y Vaiani de sus cargos y desde la Procuración bonaerense se nombró como fiscal general interina en San Isidro a Beatriz Molinelli y a John Broyad como su adjunto.
Según la denuncia original de Angelini, el encubrimiento fue cometido cuando él descubrió vinculaciones entre los asesinatos de tres colombianos y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quienes fueron condenados en España por haber traficado una tonelada de cocaí­na en su avión.
Los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner y Héctor Edilson Duque Ceballos, alias "Monoteto", fueron asesinados a balazos el 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter, de la localidad de Martí­nez, partido de San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires.
En tanto, a Juan Sebastián Galvis Ramí­rez lo mataron el 23 de febrero de 2009, frente a una casa de venta de artículos de náutica, situada en la Avenida Del Libertador 1999, del partido bonaerense de San Fernando.
Cuando pidió sus procesamientos, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez argumentó que los imputados “instrumentaron una deliberada y sistemática maniobra compuesta de diversos actos de entorpecimiento, frustración y obstaculización del normal desarrollo” de la investigación de los crímenes de los colombianos que llevaban adelante Angelini y su colega Diego Grau.
Según el acusador, los ahora procesados tuvieron “el fin de brindar cobertura e impunidad a la red narcocriminal que contextualizó y motivó los homicidios".
Y entre las maniobras utilizadas por los imputados precisó “la desafectación de funcionarios encargados de las pesquisas, la quita o no asignación de personal y recursos, las exhortaciones informales destinadas a archivar las actuaciones, situaciones de amedrentamiento y violencia psicológica laboral y filtración de información reservada que privó de éxito diversas medidas probatorias”.
A estas medidas, el fiscal federal le sumó “el impedimento” de que Angelini y Grau “viajasen a Colombia a producir prueba” y “la instauración de un sistema de persecución” hacia el primero de ellos a través de “una ingente cantidad de sumarios administrativos en su contra”.

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26 JUN 2017 - 15:06

La Sala II del mencionado tribunal, integrada por los camaristas Hugo Daniel Gurruchaga y Alberto Agustín Lugones, falló de esta manera al avalar todo lo resuelto en octubre del año pasado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
El procesamiento por "encubrimiento agravado" quedó confirmado para Novo, sus fiscales adjuntos, también suspendidos, Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani, y sus secretarias Mariana Busse y Melisa Rey.
Los cinco procesados están imputados también de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional”, en concurso ideal y todos como “coautores”.
Con esta resolución, Novo, sus ex adjuntos y ex secretarias -todos ellos en libertad, ya que nunca se les dictó prisión preventiva-, quedaron a un paso de un juicio oral en el que por la carátula que enfrentan podrían llegar a ser condenados a una pena de hasta seis años de prisión.
La causa se originó en 2012 a partir de una denuncia que en la justicia federal presentó el fiscal Luis Angelini, subalterno de Novo y sus adjuntos, de la que también se hizo eco la diputada Elisa Carrió para pedir el Jury de Enjuiciamiento del ex fiscal general de San Isidro.
A raíz de este expediente, en noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia bonaerense licenció a Novo, Caro y Vaiani de sus cargos y desde la Procuración bonaerense se nombró como fiscal general interina en San Isidro a Beatriz Molinelli y a John Broyad como su adjunto.
Según la denuncia original de Angelini, el encubrimiento fue cometido cuando él descubrió vinculaciones entre los asesinatos de tres colombianos y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quienes fueron condenados en España por haber traficado una tonelada de cocaí­na en su avión.
Los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner y Héctor Edilson Duque Ceballos, alias "Monoteto", fueron asesinados a balazos el 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter, de la localidad de Martí­nez, partido de San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires.
En tanto, a Juan Sebastián Galvis Ramí­rez lo mataron el 23 de febrero de 2009, frente a una casa de venta de artículos de náutica, situada en la Avenida Del Libertador 1999, del partido bonaerense de San Fernando.
Cuando pidió sus procesamientos, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez argumentó que los imputados “instrumentaron una deliberada y sistemática maniobra compuesta de diversos actos de entorpecimiento, frustración y obstaculización del normal desarrollo” de la investigación de los crímenes de los colombianos que llevaban adelante Angelini y su colega Diego Grau.
Según el acusador, los ahora procesados tuvieron “el fin de brindar cobertura e impunidad a la red narcocriminal que contextualizó y motivó los homicidios".
Y entre las maniobras utilizadas por los imputados precisó “la desafectación de funcionarios encargados de las pesquisas, la quita o no asignación de personal y recursos, las exhortaciones informales destinadas a archivar las actuaciones, situaciones de amedrentamiento y violencia psicológica laboral y filtración de información reservada que privó de éxito diversas medidas probatorias”.
A estas medidas, el fiscal federal le sumó “el impedimento” de que Angelini y Grau “viajasen a Colombia a producir prueba” y “la instauración de un sistema de persecución” hacia el primero de ellos a través de “una ingente cantidad de sumarios administrativos en su contra”.


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