Piden juicio oral a una patota de neonazis de Mar del Plata
Agrupaciones integrantes de la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo se manifestaron hoy frente al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, para rechazar que se lleve a juicio abreviado -con penas menores y trabajos comunitarios-, una causa contra ocho jóvenes acusados de integrar una patota neonazi que protagonizó una serie de ataques entre 2013 y 2016.
Los manifestantes cuestionaron frente al edificio ubicado en Luro al 2400 la decisión del fiscal federal Juan Manuel Pettigiani, de retirar la acusación inicial por asociación ilícita y agravantes de la Ley Antidiscriminatoria contra los ocho acusados, que prevé penas de 4 a 15 años de prisión.
Pettigiani acordó el 16 de junio último un juicio abreviado con las defensas de los imputados, con penas de 3 años de prisión para cuatro de ellos, tareas comunitarias para otros tres y el sobreseimiento del restante.
Esta decisión fue presentada hoy ante el los magistrados Roberto Falcone, Néstor Parra y Mario Portela, mientras las organizaciones se manifestaron frente al tribunal para exigir que el acuerdo sea rechazado.
Los magistrados tendrán diez días hábiles para analizar la propuesta de la fiscalía, y determinar si es homologada o no.
"Antes de formalizar la propuesta hemos hablado con la querella, que nos ha planteado que su intención era llegar al juicio oral, situación con la que nosotros no coincidimos porque creemos que la propuesta que se le está acercando al tribunal, y que se ha concertado con las defensas, responde a las responsabilidades puntuales que los imputados tuvieron en los diferentes hechos", dijo hoy Pettigiani.
"Consideramos que no se ha podido acreditar un solo elemento que vincule a los imputados con una presunta organización", agregó el fiscal.
Silvina Elias, dirigente de La Alameda, una de las organizaciones impulsoras de la denuncia, dijo a Télam que "el tribunal debe rechazar el acuerdo con los ocho neonazis, porque sería una vergüenza y un aval a la actuación de grupos de este tipo en la ciudad, si se validara esta propuesta".
"Fue un acuerdo muy arbitrario, que desconoció lo actuado por la justicia en una primera instancia, y que está desconociendo que existió una asociación ilícita dedicada a cometer actos de violencia", señaló.
Elias explicó que "las diez víctimas de esta causa fueron discriminadas por su militancia política o su actividad social, son personas que militaban por derechos de la comunidad gay o por su ideología política, y esa fue la razón por la cual de manera premeditada y organizada los atacaron".
La causa 24.837 se inició en octubre de 2015 e investiga en total doce hechos cometidos entre 2013 y 2016, que incluyen desde pintadas con cruces esvásticas hasta actos de violencia.
Los imputados son Alan Emanuel Olea, Gonzalo Paniagua, Nicolás y Marcos Caputo, Oleksandr Levchenko, Franco Martín Pozas, y Giuliano y Giordano Spagnol.
Los manifestantes cuestionaron frente al edificio ubicado en Luro al 2400 la decisión del fiscal federal Juan Manuel Pettigiani, de retirar la acusación inicial por asociación ilícita y agravantes de la Ley Antidiscriminatoria contra los ocho acusados, que prevé penas de 4 a 15 años de prisión.
Pettigiani acordó el 16 de junio último un juicio abreviado con las defensas de los imputados, con penas de 3 años de prisión para cuatro de ellos, tareas comunitarias para otros tres y el sobreseimiento del restante.
Esta decisión fue presentada hoy ante el los magistrados Roberto Falcone, Néstor Parra y Mario Portela, mientras las organizaciones se manifestaron frente al tribunal para exigir que el acuerdo sea rechazado.
Los magistrados tendrán diez días hábiles para analizar la propuesta de la fiscalía, y determinar si es homologada o no.
"Antes de formalizar la propuesta hemos hablado con la querella, que nos ha planteado que su intención era llegar al juicio oral, situación con la que nosotros no coincidimos porque creemos que la propuesta que se le está acercando al tribunal, y que se ha concertado con las defensas, responde a las responsabilidades puntuales que los imputados tuvieron en los diferentes hechos", dijo hoy Pettigiani.
"Consideramos que no se ha podido acreditar un solo elemento que vincule a los imputados con una presunta organización", agregó el fiscal.
Silvina Elias, dirigente de La Alameda, una de las organizaciones impulsoras de la denuncia, dijo a Télam que "el tribunal debe rechazar el acuerdo con los ocho neonazis, porque sería una vergüenza y un aval a la actuación de grupos de este tipo en la ciudad, si se validara esta propuesta".
"Fue un acuerdo muy arbitrario, que desconoció lo actuado por la justicia en una primera instancia, y que está desconociendo que existió una asociación ilícita dedicada a cometer actos de violencia", señaló.
Elias explicó que "las diez víctimas de esta causa fueron discriminadas por su militancia política o su actividad social, son personas que militaban por derechos de la comunidad gay o por su ideología política, y esa fue la razón por la cual de manera premeditada y organizada los atacaron".
La causa 24.837 se inició en octubre de 2015 e investiga en total doce hechos cometidos entre 2013 y 2016, que incluyen desde pintadas con cruces esvásticas hasta actos de violencia.
Los imputados son Alan Emanuel Olea, Gonzalo Paniagua, Nicolás y Marcos Caputo, Oleksandr Levchenko, Franco Martín Pozas, y Giuliano y Giordano Spagnol.