Editorial: La campaña recién arranca y la inseguridad amenaza con meterse en la discusión

Nada nuevo bajo el sol. La campaña por las candidaturas a diputados arrancó con viajes, reuniones y un par de actos concurridos por parte del oficialismo, que concentrará en la figura de Das Neves, más que de Arcioni y Muñoz, la ponderación de gestiones, hechos e imágenes para sumar adhesiones. Por lo demás, salvo en el PJ, todos saben que irán a la compulsa de octubre porque las PASO no son más que una gran encuesta que les ayudará a ver la base con la que arrancan la campaña definitiva. ¿Cuánto habrá que remar después de agosto? Esa es la pregunta a la que le buscan respuesta.

Mientras tanto el ministro de Gobierno, Pablo Durán, visitó Puerto Madryn para presentar el sistema de pulseras electrónicas y dejó un dato alarmante que seguramente se meterá en la campaña, aunque pocos tomaron la posta en las horas posteriores: preocupa a las autoridades la violencia de los delitos que se cometen, lo que ha experimentado un aumento sustancial. El funcionario planteó también la necesidad de un cambio en el comportamiento de los vecinos, ante la “inteligencia” que los malhechores –evidentemente- realizan previamente sobre sus víctimas, lo que además de hablar sobre la complejidad que se experimenta, desnuda también cierta impotencia en el combate contra este flagelo. Hubo también críticas hacia la Justicia –los jueces- por sus fallos garantistas. “No puede ser que tengamos siempre a los mismos delinquiendo; si la policía los detuvo, aporta todas las pruebas y el procedimiento se hace ajustado a las normas, no puede ser que a la semana esté afuera”, se quejó.

Lo que dice Durán no reporta novedades. La sociedad lo observa, no sin asombro, desde tiempos remotos, y entiende hoy además que la Justicia pone un empeño extraordinario en asegurarle derechos a los victimarios pero no tiene contemplaciones similares con las víctimas, que en muchas ocasiones se ven vejadas doblemente: cuando sufren el delito y cuando comprueban que no hay castigo para el rufián.

No obstante eso solo constituye el resultado final del problema, o en todo caso el diagnóstico, pero no la solución que puede buscarse, justa y especialmente, en este 2017 que nos llevará a los argentinos a las urnas para votar diputados nacionales, los hacedores de leyes que pueden sino impedir por lo menos morigerar la facilidad provocadora con la que algunos magistrados dejan en la calle a delincuentes con prontuarios monstruosos.

Resulta curioso que en una provincia que se ve alarmada –el encargado de su seguridad, que es el ministro de Gobierno, lo acaba de reconocer- por la inusitada violencia de los delincuentes, ningún precandidato a diputado, que busca un lugar para hacer leyes, se explaye sobre el tema y explique cuál será su aporte para combatirlo.

El sistema, vale la pena recordarlo, funciona así: el Poder Legislativo construye las leyes, muchas veces por iniciativa propia y otras por el impulso del Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial es quien se encarga de interpretar esas leyes y actuar conforme a ellas. Está bien que los propios entendidos en cuestiones jurídicas suelen señalar, casi como una regla no escrita, que ante la comisión de un delito la mitad del Código Penal está diseñado para enviar a prisión al delincuente y la otra mitad, para dejarlo en libertad. Ahí tienen trabajo, entonces, diputados y senadores. La construcción del sistema legal es su responsabilidad, y morigerar la amplitud de criterios de los jueces es una tarea que les compete llevar adelante cuando ocupen sus bancas. Hace años que se escuchan quejas de la dirigencia política sobre el tema, lo cual resulta poco menos que sorprendente porque –como se ve- su compromiso en la situación actual no resulta baladí.

Cooperativas

Durante los últimos días dos cooperativas desnudaron el preocupante estado de su infraestructura. Primero fue Trelew y después Rawson, y en ambos casos se coincidió en señalar que los sistemas cloacales se encuentran hoy al borde del colapso. Hay explicaciones técnicas por la situación, pero también de políticas de gestión que exceden incluso el ámbito de esas entidades y que se meten los poderes concedentes, que son las intendencias.

Ambas explotan los servicios públicos de sus ciudades por imperio de los contratos que tienen con las intendencias, que son las dueñas reales de esos servicios y que se los conceden. No obstante, para su funcionamiento dependen de las tarifas –en el ideal de los casos- con los que se sostienen sus finanzas. Y esas tarifas son potestad del poder político, que lo avala desde el Ejecutivo y lo legaliza desde el Legislativo, que es el Concejo Deliberante. Si los ingresos no cubren los egresos, como ocurre en cada empresa, incluso en cada familia, lo que se generan son deudas. Las cooperativas argumentan, desde tiempos casi inmemoriales, que existe un atraso tarifario que hoy las obliga a trabajar con déficit abultadísimos mientas la clase política, que es sensible al humor de la sociedad, siempre se muestra renuente a autorizar aumentos. Es un círculo vicioso que termina con las prestatarias de servicios públicos endeudadas hasta la médula, haciendo lo que se puede y sin mayores chances de invertir.

En el caso de Trelew existe, además, una puja política por el control de la entidad, pues se avecinan elecciones. Esta semana encontró, en medio esa “pelea”, coincidencias entre Gómez Lozano, titular de la Cooperativa Eléctrica y el intendente de la ciudad, Adrián Maderna. Ambos convinieron en la necesidad de, más allá de la coyuntura eleccionaria, discutir a futuro sobre el tipo de servicio que se pretende. No es un dato menor porque constituye una rareza en la disputa que siempre se asienta sobre cuestiones más políticas que estructurales. No pocos lo ven como una luz al final del túnel. El tiempo lo dirá.