Human Rights Watch denuncia a Israel por manipular datos de palestinos

"Israel pretende tratar a Jerusalén como una única ciudad, pero la realidad es que aplica un conjunto de reglas para los judíos y otro para los palestinos", afirmó Sarah Leah Whitson, directora de Medio Oriente para el HRW.
Israel sancionó en 1950 la Ley de Retorno para que todos los judíos del mundo que así lo deseen puedan conseguir la ciudadanía israelí, pero esa ley no ampara a los árabes que hayan vivido en Palestina y hayan huido por la guerra; ni siquiera a los que tienen títulos de propiedad sobre sus tierras. 
Los palestinos pueden obtener un permiso de residencia y pueden trabajar, vivir y recibir ayudas del Estado, pero todos esos derechos los pierden si se instalan afuera de la ciudad. 
El argumento israelí es que si todos los palestinos que abandonaron sus hogares en 1948 y sus descendientes deciden regresar, eso implicaría la desaparición del Estado judío.
"Como parte de su búsqueda de consolidar una mayoría judía en Jerusalén, las autoridades israelíes fuerzan a los palestinos jerosolimitanos a vivir como extranjeros en sus propias casas", aseguró Whitson.
"El estatus de los palestinos se mantiene seguro siempre y cuando no ejerciten su derecho a viajar, estudiar o trabajar fuera, y siempre que no se muden al barrio equivocado u obtengan ese estatus en otro país", advirtió en el informe que refleja un aumento de las revocaciones desde 1995.
Desde 1967 hasta el año 2016, Israel retiró el estatus a más de 14.595 palestinos del este de Jerusalén, según datos del Ministerio de Interior israelí difundidos por la agencia de noticias EFE.
Los palestinos tienen derecho a solicitar la ciudadanía israelí, pero la mayoría se niega ya que según HRW es declarar su lealtad a Israel, que ocupa la parte este de la ciudad. 
Los árabes con residencia israelí suelen denunciar que son ciudadanos de segunda en Israel, porque las leyes no se aplican de igual manera con ellos que con los judíos. 
Entretanto, hoy la ONG israelí Adalah (Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes), denunció que en el nuevo pueblo de Hirán, que se construirá sobre las ruinas de una villa beduina, los individuos "no judíos" no podrán acceder a viviendas. 
La cooperativa creada para construir el pueblo, solo otorgará viviendas a "un ciudadano judío o residente permanente de Israel y observantes de la religión de acuerdo con los valores judíos ortodoxos", explicó la abogada de la ONG Suhad Bishara.
La abogada agregó que los 500 residentes de la villa beduina que fue desmantelada en enero para construir el nuevo pueblo, todavía no fueron reubicados y que el Consejo Nacional de Planificación y Construcción israelí, que debía debatir el tema hoy, aplazó la discusión.
El desalojo de la villa beduina desató fuertes enfrentamientos que se saldaron con la muerte de un profesor local por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes. 
La localidad es una de las más de 30 comunidades beduinas que existen en el desierto del Néguev que la legislación israelí tipifica como "no reconocidas", y sobre esta pesaba una orden de demolición desde 2015 criticada por ONG locales e internacionales y la minoría árabe en Israel.