Nora Cortiñas en Chubut: ¿dónde está Santiago?

La Comisión por la Memoria que arribó ayer a Esquel para ocuparse del caso de la desaparición de Santiago Maldonado (28 años), quien según la comunidad del Pu Lof en Resistencia Cushamen en zona de Vuelta el Río, estaba el martes 1º de agosto en el lugar cuando ingresó la Gendarmería y los reprimió, momento desde el que no supieron más nada del joven, y afirman que se lo llevó la fuerza nacional.
Viajaron a la Cordillera la directora de la CPM, Sandra Raggio; el secretario Roberto Cipriano García, y Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. El martes a la noche se reunieron en Bariloche con los nueve militantes mapuches que días atrás fueron detenidos por Gendarmería, mientras reclamaban en el Juzgado Federal de esa ciudad rionegrina  por la libertad de Facundo Jones Huala.
La comitiva ayer fue recibida por el juez federal de Esquel, Guido Otranto. También se reunieron con la fiscal federal Silvina Ávila, y con el defensor federal Fernando Machado. Cortiñas se mostró molesta con Otranto porque no quiere ir al Pu Lof Cushamen a tomar testimonio a las personas que estaban en ese sitio el día del procedimiento de Gendarmería, porque “no se siente seguro”.
En el lugar

En una rueda de prensa en la vereda del Juzgado, Cortiñas dijo “queremos la aparición con vida de Maldonado ya”, e informó que el juez les manifestó que “deslinda responsabilidades, cuando tendría que estar en el lugar donde la gente tiene que dar testimonio de lo ocurrido”.
“Si un juez no se siente seguro, ¿cómo podemos estar nosotros?”, recalcó la referente de Madres de Plaza de Mayo. Sugirió que “no va a ir solo, y además es un Juez de la Nación”.
Aseguró que les preocupa que el juez delegue en la Gendarmería la represión, y no se investigue “el secuestro de Santiago por parte de la misma fuerza”. En este contexto afirmó que “si la Gendarmería actuó sin un control, estamos todos fritos; esto es gravísimo con un Gobierno que está en el poder por votos, no por botas”.
Temores

Sostuvo que no tendría que ser lo mismo el momento que se está viviendo, que con la dictadura. “Queremos que el Estado constitucional nos proteja, y nunca más tiene que haber una desaparición forzada en nuestro país”, enfatizó.
Comentó Cortiñas que la fiscal Ávila, en línea con Otranto, les dijo que no puede ir a tomar testimonio al Lof  Cushamen, porque teme que la vayan a tratar mal en esa comunidad. “Se deslinda la responsabilidad hacia la Gendarmería y la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich”. Analizó que si la fuerza actúa recibe órdenes de la funcionaria, y “los ciudadanos estamos desprotegidos”.
La dirigente lamentó que pasaron 9 días, y los gendarmes que estuvieron en el operativo no fueron llamados todavía a declarar.
Su indeclinable postura es que “la desaparición de Maldonado es obra del Estado”, y contó que al juez Otranto, “no lo escuchamos hablar de una desaparición forzada y solo expresó que no descarta ninguna hipótesis”.
Imaginación

Si no tiene un rumbo determinado la investigación, y da lugar a toda hipótesis, para Cortiñas “nos deja libre el camino para la imaginación”, y advirtió que es preocupante que los rodados de Gendarmería peritados estaban muy bien lavados.
Exigió en nombre de la CPM, que se hagan todas las investigaciones como corresponde, respondiendo al habeas corpus presentado.
La dirigente se refirió a la ministro Bullrich, a quien le atribuyó decir las mismas palabras que Gendarmería, lo que se interpreta que “ella dio la orden de esa represión brutal, y me hago cargo de lo que digo: a Maldonado lo tiene la Gendarmería. Bullrich tiene la obligación de investigar, y si no es idónea para la búsqueda, tiene que renunciar”.
Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión por la Memoria, reclamó que la Gendarmería no puede seguir apostada en el acceso al Pu lof en Resistencia Cushamen.
“Es obstaculizar la investigación e intimidar a las personas, que no podrían declarar con la presencia de la represión estatal en la puerta de la comunidad, y eso es grave”.
Al juez Otranto y a la fiscal Ávila, se les planteó la necesidad de retirar a la Gendarmería del lugar.
“Es un problema de ellos, porque la fiscal tiene a cargo la investigación, y no puede estar obstaculizando la propia fuerza investigada”, subrayó García en este sentido e insistió en exigir que ambos se constituyan en Vuelta del Río y tomen declaraciones a la comunidad.
Por su parte Sergio Maldonado aventó la versión de que a su hermano Santiago lo trasladó una persona en un vehículo en la zona de Ceibas, Entre Ríos, mientras hacía dedo. Declaró que “es falso”, y pidió que si alguien tiene un dato, vaya a un Juzgado y lo informe.
“A mí me tiene que dar una respuesta el Estado de dónde está mi hermano, porque se sabe que se lo llevaron ellos, y no lo digo yo sino el peritaje y el defensor federal de Esquel (Fernando Machado)”, expresó Maldonado.
“Estoy esperando que el juez Otranto me llame, porque el lunes me dijo que me iba a hacer tomar muestras de ADN”. La directora de la Comisión por la Memoria, Sandra Raggio, preguntó cómo es que medio país sabe los números de teléfono de la familia de Santiago y de los organismos, y el magistrado no los tiene.
“Es una burla psicológica lo que estamos sintiendo”, afirmó Sergio, entendiendo que los aprietan trabajándoles la cabeza. Aseveró que se siente acompañado de Madres de Plaza de Mayo y de la CPM. También aclaró que no recibieron ninguna ayuda del Estado, y sí la Municipalidad de 25 de Mayo (Buenos Aires), donde reside la familia, se puso a disposición desde el primer día.
La CPM tenía previsto llegar a la comunidad del Pu Lof Cushamen para dialogar, y hoy visitaría a Facundo Jones Huala, detenido en la Unidad Penitenciaria Federal 14 de Esquel. #