Emergencia: la Justicia revisará compras del Gobierno provincial por más de $ 10 millones

Ayer se pidieron todos los expedientes y extractos bancarios de las operaciones del Ministerio de Coordinación que involucran a varios funcionarios provinciales. La Gobierno anunció que se presentará como querellante. Los diputados del FpV ampliarán la denuncia con nueva documentación.

06 SEP 2017 - 21:58 | Actualizado

Una Orden de Presentación fue el instrumento legal utilizado ayer por el fiscal Sergio Ferrín para acceder al Ministerio de Coordinación de Gabinete en Rawson y solicitar formalmente todos los expedientes originales creados para tramitar gastos de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia.

Además, exigió de manera urgente todos los extractos bancarios en donde se acreditan el uso de los fondos para dicha emergencia, además del libro “Banco” de la cuenta especial del Banco del Chubut utilizada para abonar las compras y pagos de servicios, además del listado de medios de pago usados para cancelar esas compras.

Anoche, una fuente judicial confirmó a este diario que la Fiscalía de Rawson auditará todas las compras realizadas a partir de este decreto de emergencia, que sumarían facturas por al menos 10 millones de pesos.

Los decretos de emergencia permiten a los funcionarios públicos usufructuar fondos sin los controles ni límites que suele tener la administración pública en su funcionamiento diario. El objetivo primario es disponer más rápidamente de fondos en medio de la urgencia que significa una situación de “emergencia”. Aunque de cualquier modo hay que cumplir con normas básicas que impidan la comisión de un delito o una irregularidad administrativa, como es el caso que se comienza a investigar ahora.

El escándalo de los presuntos sobreprecios pagados por al menos dos funcionarios provinciales de alto rango se conoció el martes por una denuncia de los diputados provinciales del Frente para la Victoria Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla y Gabriela Dufour, y los dos denunciados son Diego Correa, de la Unidad Gobernador, y Marcelo Suárez, subsecretario de Desarrollo Social del Ministerio de Familia.

A ambos se los acusa de abonar sobreprecios en las compras de agua, colchones y hasta fardos de pasto, realizadas curiosamente en Trelew, Rawson y Puerto Madryn, es decir a 400 kilómetros de Comodoro Rivadavia, el epicentro de la catástrofe climática que dio pie al decreto de emergencia 353/17.

Ayer, uno de los denunciantes, Meza Evans, adelantó que en las próximas horas ampliarán la presentación en la Justicia con el aporte de nuevas pruebas documentales, que según el legislador involucrarían a otros funcionarios provinciales.

“Dentro del sobre con documentación que recibimos en la Legislatura había muchos más papeles que involucran a otros integrantes del Gobierno provincial”, aseguró el legislador, quien además afirmó que el dinero utilizado para estos pagos con presuntos sobreprecios “era el recaudado en la cuenta solidaria abierta en el Banco del Chubut S.A. para que empresas y ciudadanos aporten voluntariamente una ayuda a los afectados por el temporal en Comodoro Rivadavia.”

“Estamos trabajando sobre los expedientes que todavía no hemos presentado en la Justicia y creemos que tenemos que dar dos pasos. Uno ya lo dimos, que es presentar la denuncia y solicitar el secuestro de todos los originales que están en el Estado provincial. No pueden estar esos expedientes que son objeto de investigación en manos de las personas que pueden haber cometido los presuntos ilícitos. Y el otro paso es trabajar con las fotocopias que recibimos a los efectos de poder ampliar la denuncia.”

El diputado del FpV detalló que “la primera sospecha es por qué se compraron elementos en Trelew para abastecer a gente de Comodoro Rivadavia. Esto es ridículo. En Trelew, por ejemplo, se compraron arandelas, tuercas y cables eléctricos. No puede ser que no tengan en stock esos productos los comercios de Comodoro”, evaluó Meza Evans.

El legislador del FpV, un viejo enemigo político y personal del gobernador Mario Das Neves, excluye -sin embargo- al mandatario provincial de las sospechas: “Creo que el gobernador Das Neves no estaba al tanto de la maniobra. Todos estos expedientes están en un informe que realizó el propio Das Neves en Comodoro cuando fue a hacer una rendición de cuentas sobre la transparencia de toda la operatoria de asistencia a la gente damnificada. Hay algunos pícaros que le pusieron al gobernador en el informe que las mil quinientas botellas que se compraron en el quiosquito de Trelew no eran botellas sino mil quinientas botas de agua. Es evidente que estaban tratando de ocultarle cosas al gobernador sobre las que él estaba rindiendo cuentas.”

En cuanto al origen de los fondos utilizados para pagar las facturas, Meza Evans asegura que no se trata de dinero enviado por el Gobierno nacional sino de una cuenta solidaria abierta en el Banco del Chubut. “Hay 6,7 millones de pesos en facturas pagas que son producto de donaciones que hicieron empresas en una cuenta que se habilitó para que la gente pudiera ayudar a los damnificados de Comodoro Rivadavia.”

Según el denunciante, el fondo original se generó con 10 millones de pesos aportados por la Provincia, más 6,7 millones de pesos de donaciones.

Meza Evans confía en el Ministerio Público Fiscal “pese a todas las prevenciones en relación a ese organismo judicial. No se puede tapar el sol con la mano, van a tener que abrir todo, e investigar a fondo”.

El Gobierno quiere ser querellante

El vicegobernador Mariano Arcioni confirmó anoche a través de un comunicado de prensa que “la Provincia del Chubut, por intermedio de la Fiscalía de Estado, se presentará este jueves a primera hora como querellante en el proceso penal iniciado ante presuntos sobreprecios en compras”.

Arcioni indicó, además, que “se iniciaron sumarios administrativos y vamos a colaborar con la Justicia en todo lo que sea requerido”.

Respecto a la presentación que se realizará hoy, explicó que la decisión “fue analizada en el marco de una reunión de Gabinete que tuvimos este miércoles y en la que además todas las áreas manifestaron estar a entera disposición de lo que requiera la Justicia en el marco de la investigación”.

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06 SEP 2017 - 21:58

Una Orden de Presentación fue el instrumento legal utilizado ayer por el fiscal Sergio Ferrín para acceder al Ministerio de Coordinación de Gabinete en Rawson y solicitar formalmente todos los expedientes originales creados para tramitar gastos de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia.

Además, exigió de manera urgente todos los extractos bancarios en donde se acreditan el uso de los fondos para dicha emergencia, además del libro “Banco” de la cuenta especial del Banco del Chubut utilizada para abonar las compras y pagos de servicios, además del listado de medios de pago usados para cancelar esas compras.

Anoche, una fuente judicial confirmó a este diario que la Fiscalía de Rawson auditará todas las compras realizadas a partir de este decreto de emergencia, que sumarían facturas por al menos 10 millones de pesos.

Los decretos de emergencia permiten a los funcionarios públicos usufructuar fondos sin los controles ni límites que suele tener la administración pública en su funcionamiento diario. El objetivo primario es disponer más rápidamente de fondos en medio de la urgencia que significa una situación de “emergencia”. Aunque de cualquier modo hay que cumplir con normas básicas que impidan la comisión de un delito o una irregularidad administrativa, como es el caso que se comienza a investigar ahora.

El escándalo de los presuntos sobreprecios pagados por al menos dos funcionarios provinciales de alto rango se conoció el martes por una denuncia de los diputados provinciales del Frente para la Victoria Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla y Gabriela Dufour, y los dos denunciados son Diego Correa, de la Unidad Gobernador, y Marcelo Suárez, subsecretario de Desarrollo Social del Ministerio de Familia.

A ambos se los acusa de abonar sobreprecios en las compras de agua, colchones y hasta fardos de pasto, realizadas curiosamente en Trelew, Rawson y Puerto Madryn, es decir a 400 kilómetros de Comodoro Rivadavia, el epicentro de la catástrofe climática que dio pie al decreto de emergencia 353/17.

Ayer, uno de los denunciantes, Meza Evans, adelantó que en las próximas horas ampliarán la presentación en la Justicia con el aporte de nuevas pruebas documentales, que según el legislador involucrarían a otros funcionarios provinciales.

“Dentro del sobre con documentación que recibimos en la Legislatura había muchos más papeles que involucran a otros integrantes del Gobierno provincial”, aseguró el legislador, quien además afirmó que el dinero utilizado para estos pagos con presuntos sobreprecios “era el recaudado en la cuenta solidaria abierta en el Banco del Chubut S.A. para que empresas y ciudadanos aporten voluntariamente una ayuda a los afectados por el temporal en Comodoro Rivadavia.”

“Estamos trabajando sobre los expedientes que todavía no hemos presentado en la Justicia y creemos que tenemos que dar dos pasos. Uno ya lo dimos, que es presentar la denuncia y solicitar el secuestro de todos los originales que están en el Estado provincial. No pueden estar esos expedientes que son objeto de investigación en manos de las personas que pueden haber cometido los presuntos ilícitos. Y el otro paso es trabajar con las fotocopias que recibimos a los efectos de poder ampliar la denuncia.”

El diputado del FpV detalló que “la primera sospecha es por qué se compraron elementos en Trelew para abastecer a gente de Comodoro Rivadavia. Esto es ridículo. En Trelew, por ejemplo, se compraron arandelas, tuercas y cables eléctricos. No puede ser que no tengan en stock esos productos los comercios de Comodoro”, evaluó Meza Evans.

El legislador del FpV, un viejo enemigo político y personal del gobernador Mario Das Neves, excluye -sin embargo- al mandatario provincial de las sospechas: “Creo que el gobernador Das Neves no estaba al tanto de la maniobra. Todos estos expedientes están en un informe que realizó el propio Das Neves en Comodoro cuando fue a hacer una rendición de cuentas sobre la transparencia de toda la operatoria de asistencia a la gente damnificada. Hay algunos pícaros que le pusieron al gobernador en el informe que las mil quinientas botellas que se compraron en el quiosquito de Trelew no eran botellas sino mil quinientas botas de agua. Es evidente que estaban tratando de ocultarle cosas al gobernador sobre las que él estaba rindiendo cuentas.”

En cuanto al origen de los fondos utilizados para pagar las facturas, Meza Evans asegura que no se trata de dinero enviado por el Gobierno nacional sino de una cuenta solidaria abierta en el Banco del Chubut. “Hay 6,7 millones de pesos en facturas pagas que son producto de donaciones que hicieron empresas en una cuenta que se habilitó para que la gente pudiera ayudar a los damnificados de Comodoro Rivadavia.”

Según el denunciante, el fondo original se generó con 10 millones de pesos aportados por la Provincia, más 6,7 millones de pesos de donaciones.

Meza Evans confía en el Ministerio Público Fiscal “pese a todas las prevenciones en relación a ese organismo judicial. No se puede tapar el sol con la mano, van a tener que abrir todo, e investigar a fondo”.

El Gobierno quiere ser querellante

El vicegobernador Mariano Arcioni confirmó anoche a través de un comunicado de prensa que “la Provincia del Chubut, por intermedio de la Fiscalía de Estado, se presentará este jueves a primera hora como querellante en el proceso penal iniciado ante presuntos sobreprecios en compras”.

Arcioni indicó, además, que “se iniciaron sumarios administrativos y vamos a colaborar con la Justicia en todo lo que sea requerido”.

Respecto a la presentación que se realizará hoy, explicó que la decisión “fue analizada en el marco de una reunión de Gabinete que tuvimos este miércoles y en la que además todas las áreas manifestaron estar a entera disposición de lo que requiera la Justicia en el marco de la investigación”.


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