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PAÍS & MUNDO

Crece la tensión en España por el referéndum secesionista catalán


La Fiscalía de Cataluña ordenó hoy a las fuerzas de seguridad que requisen las urnas y todo el material destinado a la preparación del referéndum unilateral de secesión convocado por el gobierno catalán para el 1 de octubre, que fue prohibido por el Tribunal Constitucional español.

12/09/2017 01:50 p.m.


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En paralelo, tal como estaba previsto, el alto tribunal suspendió de forma cautelar la ley de "desconexión" aprobada la semana pasada por el Parlamento de Cataluña, cuyo objetivo es regular la transición en caso de ganar el "sí" en el referéndum. 

El día después a la masiva manifestación en Barcelona que respaldó la votación unilateral convocada por su gobierno, el presidente catalán, Carles Puigdemont, reiteró que el único que puede evitar el referéndum del 1 de octubre es el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, llamando a un diálogo para acordar una consulta pactada. 

"Tenemos un referéndum dentro de 19 días y tiraremos hacia adelante", subrayó Puigdemont en entrevista con la radio RAC1. 
"Si el señor Rajoy quiere hablar de esta situación hoy mismo o mañana, estoy dispuesto a reunirme con él y lo he dicho y lo volveré a decir hasta el último minuto", insistió. 

Sin embargo, Rajoy respondió con una nueva negativa y acusó al partido de Puigdemont de ser el responsable de la actual situación por "estar a las órdenes de los más extremistas y radicales de Cataluña", en referencia a sus socios anticapitalistas de la CUP. 

"En dos días han querido liquidar la Constitución, el Estatuto catalán, la legalidad y 500 años de historia", dijo el presidente del gobierno durante una sesión de control en el Senado español. 

Frente a este escenario, el líder del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, reiteró hoy en declaraciones televisivas su apuesta por una comisión parlamentaria para abordar el conflicto catalán, en el marco de la cual propuso ceder "más autogobierno a Cataluña, siempre desde la legalidad". 

"Antes del 1 de octubre se debe intentar hasta el último minuto llegar a un acuerdo", afirmó el dirigente socialista al intervenir en unos desayunos informativos en Barcelona. 
Pero mientras a nivel político el conflicto sigue enquistado, el frente judicial avanza contra los secesionistas. 

El Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, citó hoy al jefe de los Mossos d'Esquadra (policía catalana), Josep Lluis Trapero, y los máximos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil española, Sebastián Trapote y Ángel Gonzalo, respectivamente, para trasmitirles directivas concretas tendientes a evitar el referéndum.

En un comunicado posterior, el Ministerio Público explicó que la orden afecta a "todas las unidas de de la policía judicial", es decir, los tres cuerpos de seguridad, que deben actuar "ante cualquier acto ejecutado por autoridades, funcionarios o "particulares en connivencia con aquellos" dirigidos a preparar y celebrar del "referéndum de autodeterminación ilegal".

Por un lado, la Fiscalía solicita que "ante la existencia o conocimiento de cualquier hecho de posible desobediencia, prevaricación o malversación de fondos públicos", se elabore inmediatamente un atestado con todos los datos necesarios para saber quién es el autor. 

Asimismo, los agentes "procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal".

La orden transmitida viene a concretar lo expuesto en la querella presentada la semana pasada contra el presidente catalán Puigdemont, su gobierno, y la mesa del Parlamento regional, presidida por Carme Forcadell, por la aprobación de la ley del referéndum y su convocatoria, medidas que fueron suspendidas de inmediato por el Tribunal Constitucional. 

De esta forma, la Justicia estrechó su cerco al gobierno catalán, que convocando un referéndum unilateral consumó un desafió inédito al Estado español y abrió la peor crisis institucional desde la transición democrática. 

Los Mossos d'Esquadra se sitúan ahora en la encrucijada de tener que cumplir las órdenes de los jueces, en virtud de su condición de policía judicial, o facilitar la celebración del referéndum del 1 de octubre, siendo leales al gobierno catalán. 
Ante la disyuntiva, el presidente Puigdemont, pidió que se "deje tranquilos a los Mossos", ya que "la policía no debe hacer política". 

No obstante, el líder independentista, sugirió que la policía catalana acompañará al gobierno, porque "si tienen que elegir entre retirar las urnas y proteger, tendrán sus prioridades". 

Las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el desafió secesionista estuvieron acompañadas por notificaciones expresas a los afectados respecto a las consecuencias penales que se podrían derivar de la desobediencia a los dictámenes.

Al igual que ocurrió cuando se prohibió el referéndum, el alto tribunal avisó al gobierno catalán que no pueden tomar decisiones tendientes a desarrollar la ley de Transitoriedad Jurídica, que Puigdemont, desafiando esas órdenes, dijo que "aplicará" si gana el "sí" a la secesión. 

La citada norma, establece un plazo de un año para elaborar una Constitución catalana, que será validada en referéndum, y convocar nuevas elecciones. 

Mientras tanto, el actual presidente del gobierno catalán será el "jefe de Estado" y Cataluña asumirá el control de las fronteras y aduanas, lo que implicará expulsar al Ejército español, hasta que se decida, en el proceso constituyente, si los catalanes tendrán uno propio. 

Precisamente, uno de los artículos claves de la ley es que aprueba una "amnistía" para los condenador y procesados por haber impulsado el proceso de secesión de Cataluña.


tag Cataluña España Independentistas
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