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Colihuinca: el Consejo de la Magistratura dijo que la tarea de los fiscales fue “malísima”


El padre de Rodrigo, asesinado brutalmente en 2012 en Trelew, denunció a Fabián Moyano y Arnaldo Maza por “mal desempeño”. El Consejo desestimó el reclamo pero cuestionó duramente al dúo y a la exfiscal y actual jueza Mirta Moreno. “Todo el mundo se quiso cubrir de su responsabilidad”, dijeron. Elevaron el tema al procurador general.
21/09/2017 02:00

Por Rolando Tobarez / @rtobarez

El Consejo de la Magistratura del Chubut calificó como “malísima” la investigación del crimen impune del joven Rodrigo Colihuinca y criticó “los escasos resultados recogidos hasta el presente” por el fiscal de Trelew Fabián Moyano, y su excolega Mirta del Valle Moreno.

Así evaluaron una denuncia del padre de la víctima, Juan Colihuinca, contra los investigadores por mal desempeño y negligencia grave. El chico fue hallado asesinado el 16 de marzo de 2012 en un baldío del barrio Malvinas Argentinas.

Los consejeros elevaron el expediente al procurador general Jorge Miquelarena, quien a su vez lo elevó al jefe de fiscales de Trelew, Omar Rodríguez, para que revise las múltiples fallas de la pesquisa y aplique sanciones, si lo decide.

El Concejo advirtió que tamañas faltas no pueden ignorarse. La actual jueza y entonces fiscal, Moreno, también fue muy cuestionada por su papel en el resonante homicidio.

Eduardo Pinsker, representante de los abogados de Trelew e integrante de la comisión que analizó el reclamo, explicó que el padre se quejó por una demora originada en 2014, cuando todos eludían tomar la causa. Fueron 48 días de disputa administrativa que sin embargo, según se verificó, no paralizaron la investigación. Por eso la presentación fue rechazada y Moyano y Maza evitaron el jury.

De todos modos, la revisación foja por foja reveló otras irregularidades. “No deja de llamarme la atención que la denuncia se circunscriba a Moyano y Maza y no a Moreno, que fue la que pretendió no tomar el caso”, dijo Pinsker.

El fiscal original era Moyano. Por “sobrecarga” de trabajo le pidió a Maza –fiscal jefe- que reasignara el caso a Moreno. Molesta por considerarlo una inequidad, ella elevó un recurso jerárquico a Miquelarena para no hacerse cargo. El procurador respondió con un reto general para que los fiscales dejaran la disputa interna y se abocaran a hallar al asesino. “La verdad que es sorprendente y realmente cada uno hizo lo que quiso”, interpretó Pinsker.

“En el expediente hay fojas recontrarepetidas, dictámenes, cédulas, citaciones y pericias incorporadas más de tres veces para parecer que se está trabajando, como esos expedientes que se arman y parece mucho pero en realidad es absolutamente infructuoso y estéril. Es pésimo todo lo que uno lee, pero esta discusión es insignificante comparada con las importantes falencias que se ven en la causa”.

A Juan Colihuinca lo describió como “una persona muy humilde que vive en el campo, cada tanto viene a preguntar cómo anda la causa de su hijo y con desazón porque siente que porque es pobre y está lejos, nadie se ocupa de su caso”.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, admitió que “se advierten varias cosas negativas”. El ministro habló de “falta de coordinación, trabajo en equipo y disfuncionalidad del Ministerio Público Fiscal en este caso puntual; espero que no sea una cosa generalizada”.

Rafael Luchelli, representante de los magistrados de Puerto Madryn, explicó que la denuncia se limitó al problema por la adjudicación de la causa. “Esto no perjudicó la investigación porque siguieron las medidas de prueba, no se paró ni obstaculizó nada”.

Sin embargo, “el dolor y los reproches de los familiares es observar lamentablemente cómo un equipo de trabajo se pelea entre sí para no hacerse cargo”. El juez consideró “terrible que uno como justiciable espere una respuesta y vea que se están peleando. Comprendo plenamente lo que deben haber sufrido los familiares porque nadie se quiere hacer cargo”.

“Es terrible cuando no se pone el corazón en la investigación y sí se lo hace para aparentar estar investigando, para cubrirse en vez de descubrir lo que pasó –insistió-. Se trasluce que todo el mundo se quiere cubrir de esta responsabilidad más que encararla de lleno y tratar de encontrar la verdad”.

Horacio Crea, el representante popular de Esquel y presidente del Consejo, advirtió por su parte en el debate que “por estos casos lo que trasciende para la gente es la incongruencia, un trabajo en equipo que no existe, un fiscal que no sabe si el segundo está de vacaciones. Es realmente un desastre desde el punto de vista del sentido común”.

“Cuando la gente dice que la justicia es un desastre estos son los hechos que marcan –siguió-. No es que estamos locos, son 3 o 4 tipos peleados a muerte”.

Crea propuso desestimar la denuncia pero advertir a la Procuración sobre “este caso de descoordinación, mal trabajo y mala relación humana”.

En el debate intervino el representante de los magistrados de Comodoro Rivadavia, Martín Montenovo, quien habló sobre los casos con víctimas pobres. “No tienen recursos y no tienen a quien acudir. Están a la buena de Dios porque no pueden pagar un abogado ni ser querellantes para enderezar la pesquisa”.

“Si se investigó para no investigar es lo peor que puede hacer el sistema judicial –subrayó-. Una cosa es no hacer nada porque no se sabe qué hacer, y otra muy distinta es llenar papeles porque no se quiere hacer y no sabemos dónde queremos llegar, es grave”.

Montenovo coincidió con que en este caso “al procurador hay que decirle ´Mire, acá tiene un problema disciplinario que tiene que arreglar”. Es una investigación de cinco años donde ante una muerte violenta la gente se pelea para no tomarla, eso sí tiene relevancia institucional”.

“Hay una gran disfuncionalidad compuesta por pequeños incumplimientos. ¿Cómo puede ser que no sepamos cuál es la hipótesis? Si a cinco años no pasó es que el GPS de la investigación está medio extraviado”.

La elevación a Miquelarena se aprobó por unanimidad. “La tarea de Moyano y Moreno está muy lejos de alcanzar los resultados y expectativas que la sociedad y el sistema judicial tiene depositado en un fiscal”, concluyó el dictamen de la comisión.


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