El Gobierno prorrogará la ley que protege las tierras de aborígenes
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, publicó en las redes sociales mensajes en los que comprometió el apoyo del Gobierno a la prórroga de la ley 26.160, norma que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por pueblos originarios y suspende la ejecución de sentencias de desalojo.
"Acompañaremos la prorroga de la Ley 26.160 pedida por las comunidades originarias", escribió Peña en su cuenta de Twitter, en la que también resaltó: "Seguiremos trabajando desde el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) en el relevamiento de tierras que permita solucionar el tema".
El ministro coordinador también utilizó Facebook para comunicar la postura oficial sobre la norma, que caducará el 23 de noviembre. En esa red social, eligió comentar que el Gobierno está "trabajando con las comunidades originarias del país para realizar un relevamiento de las tierras que habitan a lo largo y ancho del país, en el marco de la Ley 26.160" y que están "recorriendo provincia por provincia para encontrar, juntos, la mejor solución a estos reclamos que llevan ya muchos años".
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se encuentra en Formosa como parte de ese recorrido que mencionó Peña, y se reunió con el líder qom Félix Díaz y con Agustín Santillán, dirigente wichi que está preso en el penal formoseño de Las Lomitas.
La iniciativa fue sancionada en 2006 pero no se pudo aplicar ya que no se terminó de fiscalizar la propiedad de esos territorios, y la prórroga vigente que caduca en noviembre impide desalojos de las tierras ocupadas.
Peña subrayó que el objetivo del Gobierno es que "estas comunidades tengan las mismas oportunidades que todos los argentinos, con la posibilidad de acceder al sistema de salud pública, a la educación y al trabajo y, por sobre todo, algo tan importante y valioso: que cada uno tenga su DNI".
El 7 de septiembre, en el Senado, el interbloque Cambiemos y el Frente para la Victoria, con el acuerdo de algunos sectores del peronismo disidente, coincidieron en debatir la nueva prórroga a fin de este mes. Referentes indígenas pretendían que la iniciativa fuera tratada sobre tablas y se congregaron ese día en la puerta del Congreso.
Varios pronunciamientos de distintos sectores se fueron sumando al reclamo de distintos pueblos originarios para pedir que se prorrogue la vigencia de la norma. Así lo hizo el Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC), con una carta enviada a fines de agosto al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. En una reunión en la ONU el 19 de julio, el abogado Fernando Kosovsky, miembro de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), también pidió extender la vigencia de la ley.
"Acompañaremos la prorroga de la Ley 26.160 pedida por las comunidades originarias", escribió Peña en su cuenta de Twitter, en la que también resaltó: "Seguiremos trabajando desde el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) en el relevamiento de tierras que permita solucionar el tema".
El ministro coordinador también utilizó Facebook para comunicar la postura oficial sobre la norma, que caducará el 23 de noviembre. En esa red social, eligió comentar que el Gobierno está "trabajando con las comunidades originarias del país para realizar un relevamiento de las tierras que habitan a lo largo y ancho del país, en el marco de la Ley 26.160" y que están "recorriendo provincia por provincia para encontrar, juntos, la mejor solución a estos reclamos que llevan ya muchos años".
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se encuentra en Formosa como parte de ese recorrido que mencionó Peña, y se reunió con el líder qom Félix Díaz y con Agustín Santillán, dirigente wichi que está preso en el penal formoseño de Las Lomitas.
La iniciativa fue sancionada en 2006 pero no se pudo aplicar ya que no se terminó de fiscalizar la propiedad de esos territorios, y la prórroga vigente que caduca en noviembre impide desalojos de las tierras ocupadas.
Peña subrayó que el objetivo del Gobierno es que "estas comunidades tengan las mismas oportunidades que todos los argentinos, con la posibilidad de acceder al sistema de salud pública, a la educación y al trabajo y, por sobre todo, algo tan importante y valioso: que cada uno tenga su DNI".
El 7 de septiembre, en el Senado, el interbloque Cambiemos y el Frente para la Victoria, con el acuerdo de algunos sectores del peronismo disidente, coincidieron en debatir la nueva prórroga a fin de este mes. Referentes indígenas pretendían que la iniciativa fuera tratada sobre tablas y se congregaron ese día en la puerta del Congreso.
Varios pronunciamientos de distintos sectores se fueron sumando al reclamo de distintos pueblos originarios para pedir que se prorrogue la vigencia de la norma. Así lo hizo el Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC), con una carta enviada a fines de agosto al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. En una reunión en la ONU el 19 de julio, el abogado Fernando Kosovsky, miembro de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), también pidió extender la vigencia de la ley.