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Procesaron a la Procuradora Gils Carbó por la compra de un edificio


La procuradora Alejandra Gils Carbó fue procesada hoy por la presunta comisión del delito de "administración fraudulenta" en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación, en la que actuó como intermediario el medio hermano de un subdirector de ese organismo.

12/10/2017 07:16 p.m.


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La decisión fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini en la causa por la compra de un edificio, en 2013, en la calle Perón al 600, por 44 millones de pesos. En la operación se pagaron 7,7 millones de pesos en concepto de comisión. 

Ercolini firmó un fallo de 211 páginas en el que consideró a la Procuradora coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por el presunto direccionamiento de la licitación para la compra del edificio y dictó un embargo hasta cubrir la suma de siete millones de pesos.

El edificio, donde funciona actualmente la sede principal de la Procuración y el despacho de Gils Carbó fue adquirido a la empresa Arfinsa Argentina Financiera S.A, en una operación en la que intervino la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores S.A.

La empresa Jaureguiberry cobró una comisión de 7,7 millones de pesos, suma que para el juez era "exorbitante", algo "totalmente inusual en el mercado inmobiliario, que oscila entre un 3 y un 5 por ciento" del valor de la propiedad.

De la comisión percibida por Jaureguberry, 3 millones fueron para Juan Carlos Thill, "persona dedicada a la producción de seguros y que carecía de antecedentes en el mercado inmobiliario"; a su vez, medio hermano de Guillermo Bellingi, un subdirector de la Procuración que intervino en la licitación, de acuerdo con la acusación.

El juez Ercolini también procesó por la maniobra a Thill, Bellingi, Bárbara Jaureguiberry y a Adrían González Fischer, ejecutivo de Arfinsa Argentina Financiera S.A., la empresa que se desprendió del edificio que adquirió la Procuración.
Thill, Jaureguiberry y González Fischer fueron procesados como "partícipes necesarios" de la maniobra delictiva, con un embargo de bienes por cinco millones de pesos a cada uno. 

Para el juez "existen pruebas suficientes para afirmar" que los imputados "idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública".

La Procuradora Gils Carbó, había declarado durante casi 5 horas y presentado un escrito el 31 de agosto, luego de que requiriera su indagatoria el fiscal federal Eduardo Taiano, quien investigó la compra del edificio.

En su indagatoria, dijo que "no se abonó (personalmente) comisión alguna por la operación" y que se eligió esa oferta porque tenía "el precio por metro cuadrado más bajo".

"La operación no implicó en modo alguno un perjuicio para el erario público. Por el contrario, se adquirió un bien a un valor inferior al tasado por el organismo correspondiente y de plena funcionalidad para el proyecto institucional del Ministerio Público Fiscal", sostuvo.

Al responder sobre la intermediación en la compra del medio hermano de un funcionario del organismo, deslindó responsabilidades: "Las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras de Guillermo Bellingi y Juan Carlos Thill".

La causa se inició este año a partir de una denuncia anónima que fue investigada, de manera preliminar, por la fiscalía de Taiano, que luego fue enviada a sorteo para caer en el juzgado de Ercolini, con intervención del mismo fiscal. 

Para el juez, Gils Carbó se interesó personalmente por la licitación que derivó en la compra del edificio de Perón 667, al punto de que dejó sin efecto otra licitación anterior, para direccionar el proceso "en favor del inmueble que pertenecía a Arfinsa, y finalmente adjudicar su oferta, ordenando la formalización del contrato".


tag Gils Carbó Juez Ercolini
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