La Justicia española suspende la independencia catalana y cita a Puigdemont
La Justicia española lanzó hoy un múltiple embate contra los principales líderes independentistas catalanes, al citar al ex presidente Carles Puigdemont y todo su gabinete a declarar esta semana por rebelión y sedición y al admitir a trámite una querella por esos delitos contra las autoridades del Parlamento regional.
Además de las decisiones del Tribunal Supremo (TS) y de la Audiencia Nacional (AN), el Tribunal Constitucional español suspendió hoy provisionalmente las resoluciones aprobadas por el Parlamento catalán para crear una "república" independiente al admitir un recurso del gobierno español.
Las medidas estrechan el cerco en torno a Puigdemont y las autoridades secesionistas catalanas luego de que el Parlamento catalán declarara la independencia de la región el viernes pasado luego varias idas y vueltas y del triunfo del "Sí" en un referéndum secesionista celebrado este mes y declarado ilegal.
El gobierno central español respondió a la declaración de independencia decretando una intervención de Cataluña que incluyó el cese de Puigdemont y de los 13 integrantes todo su gabinete y la convocatoria a elecciones regionales para el 21 de diciembre.
Puigdemont viajó ayer de incógnito a Bélgica, desde donde rechazó hoy la intervención de Cataluña pero dijo que respetará los resultados de las elecciones, de las que participará su partido.
Como líder del proceso independentista, se arriesga a ser condenado por rebelión, delito con una pena de hasta 30 años de prisión.
Hoy, la jueza de la AN Carmen Lamela citó para los días 2 y 3 de noviembre como investigados a Puigdemont y a los otros 13 ex consejeros de su gabinete por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos.
Además, en un escrito, la magistrada les dio un plazo de tres días para depositar una fianza de 6.207.450 euros.
La magistrada les advierte además que deberán depositar la fianza en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no lo hacen.
Lamela se hizo cargo de la querella presentada por la Fiscalía General por conexión con la causa que tiene abierta por sedición, en la que investiga al ex jefe de la policía autonómica catalana Josep Lluís Trapero, a la intendente del cuerpo, Teresa Laplana, y a los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Estos dos últimos están en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre, mientras que Trapero y Laplana están en libertad pero con medidas cautelares, como comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijar domicilio y teléfono para estar localizable.
También hoy, el Tribunal Supremo español admitió a trámite una querella por delitos de rebelión, sedición y malversación, presentada por la Fiscalía contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y el resto de los miembros de la Mesa de la cámara regional, disuelta por el Ejecutivo español.
Los jueces de la sala de admisiones del alto tribunal se declararon competentes para investigar el caso y, como primera medida, designaron como instructor al magistrado Pablo Llarena, quien será el encargado de ordenar las primeras pericias, como es la citación para que declaren los querellados, informaron fuentes judiciales.
El Supremo hace suyo el argumento de la Fiscalía General del Estado y afirma que los querellados deben ser juzgados por este tribunal superior por contar con fueros al ser miembros de la Diputación Permanente del parlamento catalán, órgano que funciona una vez disuelta la cámara, y ante la posibilidad de que sus actuaciones hayan tenido "proyección más allá del territorio catalán".
Los jueces de la sala indicaron que la querella se abre por posibles delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, como solicitó la Fiscalía, que demandó que los acusados sean citados a declarar de forma urgente y en caso de no comparecer, que sean encarcelados.
En su escrito, el Fiscal General, José Manuel Maza, aseguró que el gobierno catalán dirigió desde fines de 2015 un plan perfectamente diseñado con el fin de declarar la independencia de Cataluña, contra las leyes españolas y la Constitución, alentando un "levantamiento violento" antes, durante y después del referéndum del 1 de octubre.
Para llevar a cabo ese plan, el fiscal sostiene que "necesitaba de la intervención de los miembros de la mesa del Parlamento catalán para que se pudieran tramitar y votar las leyes" de ruptura, especialmente la ley del referéndum.
"Todos los querellados sabían que las leyes iban a ser aprobadas con la mayoría absoluta de los votos de los grupos parlamentarios independentistas, y que por su ilegalidad, el referéndum sólo podía celebrarse "por la fuerza de la muchedumbre movilizada", subrayó.
El Tribunal Constitucional, en tanto, suspendió provisionalmente las resoluciones aprobadas el viernes en el Parlamento catalán al admitir un recurso del gobierno español.
El texto votado ese día recogía la declaración de independencia anunciada y dejada en suspenso el 10 de octubre por las fuerzas nacionalistas, pero la incluía en una parte expositiva que no es la sometida a votación.
Además, pedía desplegar la llamada Ley de transitoriedad jurídica, una norma que pretendía regular el camino hasta la aprobación de una Constitución catalana.
El gobierno español alegó ante el Constitucional que esas resoluciones violan la anulación, por parte de esa misma corte, de la ley de transitoriedad y de la aprobada para convocar el referéndum unilateral del 1 de octubre.
Además de las decisiones del Tribunal Supremo (TS) y de la Audiencia Nacional (AN), el Tribunal Constitucional español suspendió hoy provisionalmente las resoluciones aprobadas por el Parlamento catalán para crear una "república" independiente al admitir un recurso del gobierno español.
Las medidas estrechan el cerco en torno a Puigdemont y las autoridades secesionistas catalanas luego de que el Parlamento catalán declarara la independencia de la región el viernes pasado luego varias idas y vueltas y del triunfo del "Sí" en un referéndum secesionista celebrado este mes y declarado ilegal.
El gobierno central español respondió a la declaración de independencia decretando una intervención de Cataluña que incluyó el cese de Puigdemont y de los 13 integrantes todo su gabinete y la convocatoria a elecciones regionales para el 21 de diciembre.
Puigdemont viajó ayer de incógnito a Bélgica, desde donde rechazó hoy la intervención de Cataluña pero dijo que respetará los resultados de las elecciones, de las que participará su partido.
Como líder del proceso independentista, se arriesga a ser condenado por rebelión, delito con una pena de hasta 30 años de prisión.
Hoy, la jueza de la AN Carmen Lamela citó para los días 2 y 3 de noviembre como investigados a Puigdemont y a los otros 13 ex consejeros de su gabinete por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos.
Además, en un escrito, la magistrada les dio un plazo de tres días para depositar una fianza de 6.207.450 euros.
La magistrada les advierte además que deberán depositar la fianza en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no lo hacen.
Lamela se hizo cargo de la querella presentada por la Fiscalía General por conexión con la causa que tiene abierta por sedición, en la que investiga al ex jefe de la policía autonómica catalana Josep Lluís Trapero, a la intendente del cuerpo, Teresa Laplana, y a los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Estos dos últimos están en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre, mientras que Trapero y Laplana están en libertad pero con medidas cautelares, como comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijar domicilio y teléfono para estar localizable.
También hoy, el Tribunal Supremo español admitió a trámite una querella por delitos de rebelión, sedición y malversación, presentada por la Fiscalía contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y el resto de los miembros de la Mesa de la cámara regional, disuelta por el Ejecutivo español.
Los jueces de la sala de admisiones del alto tribunal se declararon competentes para investigar el caso y, como primera medida, designaron como instructor al magistrado Pablo Llarena, quien será el encargado de ordenar las primeras pericias, como es la citación para que declaren los querellados, informaron fuentes judiciales.
El Supremo hace suyo el argumento de la Fiscalía General del Estado y afirma que los querellados deben ser juzgados por este tribunal superior por contar con fueros al ser miembros de la Diputación Permanente del parlamento catalán, órgano que funciona una vez disuelta la cámara, y ante la posibilidad de que sus actuaciones hayan tenido "proyección más allá del territorio catalán".
Los jueces de la sala indicaron que la querella se abre por posibles delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, como solicitó la Fiscalía, que demandó que los acusados sean citados a declarar de forma urgente y en caso de no comparecer, que sean encarcelados.
En su escrito, el Fiscal General, José Manuel Maza, aseguró que el gobierno catalán dirigió desde fines de 2015 un plan perfectamente diseñado con el fin de declarar la independencia de Cataluña, contra las leyes españolas y la Constitución, alentando un "levantamiento violento" antes, durante y después del referéndum del 1 de octubre.
Para llevar a cabo ese plan, el fiscal sostiene que "necesitaba de la intervención de los miembros de la mesa del Parlamento catalán para que se pudieran tramitar y votar las leyes" de ruptura, especialmente la ley del referéndum.
"Todos los querellados sabían que las leyes iban a ser aprobadas con la mayoría absoluta de los votos de los grupos parlamentarios independentistas, y que por su ilegalidad, el referéndum sólo podía celebrarse "por la fuerza de la muchedumbre movilizada", subrayó.
El Tribunal Constitucional, en tanto, suspendió provisionalmente las resoluciones aprobadas el viernes en el Parlamento catalán al admitir un recurso del gobierno español.
El texto votado ese día recogía la declaración de independencia anunciada y dejada en suspenso el 10 de octubre por las fuerzas nacionalistas, pero la incluía en una parte expositiva que no es la sometida a votación.
Además, pedía desplegar la llamada Ley de transitoriedad jurídica, una norma que pretendía regular el camino hasta la aprobación de una Constitución catalana.
El gobierno español alegó ante el Constitucional que esas resoluciones violan la anulación, por parte de esa misma corte, de la ley de transitoriedad y de la aprobada para convocar el referéndum unilateral del 1 de octubre.