Destituidos funcionarios del gobierno catalán declaran ante el Tribunal de Madrid
Los miembros del destituido gobierno catalán declararon hoy en la Audiencia Nacional de España acusados de rebelión, sedición y malversación por intentar materializar la secesión de Cataluña, sin el ex presidente Carles Puigdemont, quien anunció que no acudiría tras refugiarse en Bélgica, lo que previsiblemente forzará una orden de detención.
En el inicio de la audiencia de hoy, la Fiscalía también solicitó prisión sin fianza para todos los miembros del gobierno catalán destituido menos para el ex consejero Santi Vila, quien dimitió de su cargo el día antes de que se declarara la independencia de Cataluña en el Parlamento catalán y para el que pide otras medidas cautelares, informaron fuentes judiciales.
Desde Bruselas, Puigdemont dijo en un comunicado que "el gobierno legítimo de Cataluña" afronta las citaciones como un "juicio político" y asume "las penas de prisión que les esperan como una denuncia de la situación que vive la democracia en España y como un grito a favor de la libertad de nuestro pueblo".
Tras dos horas de interrogatorio a los ex dirigentes catalanes, comenzó la audiencia sobre medidas cautelares, al término de la cual la jueza a cargo de la causa, Carmen Lamela, tiene previsto dictar la orden de arresto internacional contra Puigdemont y el resto de autoridades que no se presentaron, tal como solicitó la Fiscalía en la querella ante los graves delitos que se les imputan.
En el inicio de la audiencia de hoy, la Fiscalía también solicitó prisión sin fianza para todos los miembros del gobierno catalán destituido menos para el ex consejero Santi Vila, quien dimitió de su cargo el día antes de que se declarara la independencia de Cataluña en el Parlamento catalán y para el que pide otras medidas cautelares, informaron fuentes judiciales.
El ex vicepresidente Oriol Junqueras y ocho ex consejeros, todos salvo cuatro que siguen en Bruselas con el líder secesionista, acudieron esta mañana a la sede del tribunal, en Madrid, en medio de una gran expectativa mediática y extremas medidas de seguridad.
Junqueras, el primero en ingresar, llevaba en la solapa un lazo amarillo para reclamar la libertad de los líderes secesionistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, quienes fueron enviados a prisión el pasado 16 de octubre por una investigación por sedición en relación con el referéndum ilegal del 1 de octubre, por orden de la misma jueza.
Los ex consejeros fueron recibidos con gritos de "¡Viva España!" y reclamos de "¡Prisión!" de una decenas de personas de extrema derecha reunidas en el lugar, a donde también acudieron dirigentes independentistas para mostrar su apoyo a los imputados.
"No deberían estar hoy aquí. Deberían estar trabajando. Con tribunales y violencia el conflicto entre Cataluña y España no se va a resolver. Cuanto mas gasolina y leña, el fuego se hace mayor, dijo a la prensa el ex presidente catalán Artur Mas, frente en la entrada de la Audiencia Nacional.
"Lo que está haciendo Puigdemont es salvar la institución y evidenciar la persecución política", apuntó por su parte el senador Josep Lluís Cleries, justificando la ausencia del ex presidente, quien pretende forzar un proceso de extradición.
A escasos cien metros, media hora después, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell y los otros cinco miembros de la Mesa de la cámara, ingresaban al Tribunal Supremo, donde debían declarar por los mismos delitos por haber permitido la tramitación y votación de las leyes que llevaron a la declaración de independencia del pasado 27 de octubre.
Sin embargo, a pedido de las defensas de los acusados que alegaron "indefensión", el juez instructor Pablo Llarena decidió otorgar una semana a las defensas, hasta el 9 de noviembre, para preparar sus estrategias, aunque ordenó vigilancia policial contra los imputados para evitar su fuga, informaron fuentes judiciales al anunciar el aplazamiento.
Los ex integrantes de la Mesa del Parlamento catalán acuden al Supremo porque la mayoría ostentan fueros al integrar la Diputación permanente del Parlamento catalán, órgano que queda en funciones cuando se disuelve la cámara, como ocurrió tras la intervención de la región por parte del Ejecutivo español y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.
Entre los imputados figura el ex diputado Joan Josep Nuet, de Catalunya Si que es Pot (Cataluña si se Puede), la coalición en la que está integrada Podemos, y quien votó en contra de la admisión a trámite de la resolución que contenía la declaración de independencia de Cataluña.
"Hoy es un día especialmente grave para la democracia. Se juzga a miembros de la Mesa por permitir que hubiera debates en el Parlament", señaló el diputado Xavier Domènech, de En Comú Podem.
"Un conflicto de naturaleza política se pretende resolver judicialmente y no se va a poder resolver judicialmente, ni tampoco con políticas que parecen más de la venganza que de la justicia", añadió.
Las actuaciones judiciales se precipitaron después de que el Parlamento catalán declarara la independencia el viernes pasado, lo que llevó al Ejecutivo español a intervenir la norteña región, destituir al gobierno y llamar a elecciones.
En el inicio de la audiencia de hoy, la Fiscalía también solicitó prisión sin fianza para todos los miembros del gobierno catalán destituido menos para el ex consejero Santi Vila, quien dimitió de su cargo el día antes de que se declarara la independencia de Cataluña en el Parlamento catalán y para el que pide otras medidas cautelares, informaron fuentes judiciales.
Desde Bruselas, Puigdemont dijo en un comunicado que "el gobierno legítimo de Cataluña" afronta las citaciones como un "juicio político" y asume "las penas de prisión que les esperan como una denuncia de la situación que vive la democracia en España y como un grito a favor de la libertad de nuestro pueblo".
Tras dos horas de interrogatorio a los ex dirigentes catalanes, comenzó la audiencia sobre medidas cautelares, al término de la cual la jueza a cargo de la causa, Carmen Lamela, tiene previsto dictar la orden de arresto internacional contra Puigdemont y el resto de autoridades que no se presentaron, tal como solicitó la Fiscalía en la querella ante los graves delitos que se les imputan.
En el inicio de la audiencia de hoy, la Fiscalía también solicitó prisión sin fianza para todos los miembros del gobierno catalán destituido menos para el ex consejero Santi Vila, quien dimitió de su cargo el día antes de que se declarara la independencia de Cataluña en el Parlamento catalán y para el que pide otras medidas cautelares, informaron fuentes judiciales.
El ex vicepresidente Oriol Junqueras y ocho ex consejeros, todos salvo cuatro que siguen en Bruselas con el líder secesionista, acudieron esta mañana a la sede del tribunal, en Madrid, en medio de una gran expectativa mediática y extremas medidas de seguridad.
Junqueras, el primero en ingresar, llevaba en la solapa un lazo amarillo para reclamar la libertad de los líderes secesionistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, quienes fueron enviados a prisión el pasado 16 de octubre por una investigación por sedición en relación con el referéndum ilegal del 1 de octubre, por orden de la misma jueza.
Los ex consejeros fueron recibidos con gritos de "¡Viva España!" y reclamos de "¡Prisión!" de una decenas de personas de extrema derecha reunidas en el lugar, a donde también acudieron dirigentes independentistas para mostrar su apoyo a los imputados.
"No deberían estar hoy aquí. Deberían estar trabajando. Con tribunales y violencia el conflicto entre Cataluña y España no se va a resolver. Cuanto mas gasolina y leña, el fuego se hace mayor, dijo a la prensa el ex presidente catalán Artur Mas, frente en la entrada de la Audiencia Nacional.
"Lo que está haciendo Puigdemont es salvar la institución y evidenciar la persecución política", apuntó por su parte el senador Josep Lluís Cleries, justificando la ausencia del ex presidente, quien pretende forzar un proceso de extradición.
A escasos cien metros, media hora después, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell y los otros cinco miembros de la Mesa de la cámara, ingresaban al Tribunal Supremo, donde debían declarar por los mismos delitos por haber permitido la tramitación y votación de las leyes que llevaron a la declaración de independencia del pasado 27 de octubre.
Sin embargo, a pedido de las defensas de los acusados que alegaron "indefensión", el juez instructor Pablo Llarena decidió otorgar una semana a las defensas, hasta el 9 de noviembre, para preparar sus estrategias, aunque ordenó vigilancia policial contra los imputados para evitar su fuga, informaron fuentes judiciales al anunciar el aplazamiento.
Los ex integrantes de la Mesa del Parlamento catalán acuden al Supremo porque la mayoría ostentan fueros al integrar la Diputación permanente del Parlamento catalán, órgano que queda en funciones cuando se disuelve la cámara, como ocurrió tras la intervención de la región por parte del Ejecutivo español y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.
Entre los imputados figura el ex diputado Joan Josep Nuet, de Catalunya Si que es Pot (Cataluña si se Puede), la coalición en la que está integrada Podemos, y quien votó en contra de la admisión a trámite de la resolución que contenía la declaración de independencia de Cataluña.
"Hoy es un día especialmente grave para la democracia. Se juzga a miembros de la Mesa por permitir que hubiera debates en el Parlament", señaló el diputado Xavier Domènech, de En Comú Podem.
"Un conflicto de naturaleza política se pretende resolver judicialmente y no se va a poder resolver judicialmente, ni tampoco con políticas que parecen más de la venganza que de la justicia", añadió.
Las actuaciones judiciales se precipitaron después de que el Parlamento catalán declarara la independencia el viernes pasado, lo que llevó al Ejecutivo español a intervenir la norteña región, destituir al gobierno y llamar a elecciones.