Piden que se desfederalice la lucha contra el narcotráfico

Desde los Consejos Federales de Procuradores.

Los Procuradores Federales de los Estados argentinmos piden revisar la ley de desfederalización.
11 NOV 2017 - 20:59 | Actualizado

Conscientes de la gravedad e importancia que reviste  la problemática del narcotráfico, los Consejos Federales que agrupan a todos los Fiscales Generales y Procuradores Generales de las provincias y de CABA, consideraron que “es indispensable pronunciarse, una vez más, sobre el modo en que se lleva a cabo la gestión judicial respecto de los delitos relacionados a las drogas en la República Argentina”.
En ese orden destacaron que “es indispensable que como política de Estado en todo el país, se adopte la ya largamente postergada decisión de aprovechar la fortaleza de los ministerios públicos fiscales de las provincias para la persecución del narcomenudeo, tomando en cuenta, además, que actualmente estos organismos, que en la mayoría de las provincias actúan aplicando un régimen procesal moderno, ágil y eficaz, ostentan una especial capacidad para abordar las actividades periciales en las causas relativas a la narcocriminalidad por medio una red de laboratorios forenses distribuidos en todo el territorio  nacional”.
Consideraron que “el marco legal actualmente vigente en materia de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico constituye una base que ha permitido la participación de las provincias poniendo límite  al fenómeno del narcomenudeo que de otro medio queda en situación de impunidad. Señalaron, sin embargo, que “la ley que regula la materia debe ser objeto de revisión para posibilitar una actuación conjunta de las organizaciones federales y provinciales más adecuada”. Esta afirmación se formula en “el convencimiento de que es posible que ambos órdenes ejecuten actividades coordinadas y efectivas, como ocurre en experiencias de otros países como los Estados Unidos de Norteamérica, donde se han adoptado modelos de intervención convergente más flexibles que el vigente en nuestro ámbito”.
A raíz de ello, peticionaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que convoque, con la urgencia que la cuestión demanda, a una mesa de diálogo en la que participen autoridades de la justicia y de los Poderes Ejecutivos de las Provincias y de Ciudad autónoma, con el objeto de definir el aporte económico que la ley 26.052 de manera expresa establece que debe asignarse a las provincias adheridas al denominado sistema de desfederalización, entendiendo que “es el factor crucial que al día de la fecha viene impidiendo la generalización de una política integral contra la narcocriminalidad”.#

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Los Procuradores Federales de los Estados argentinmos piden revisar la ley de desfederalización.
11 NOV 2017 - 20:59

Conscientes de la gravedad e importancia que reviste  la problemática del narcotráfico, los Consejos Federales que agrupan a todos los Fiscales Generales y Procuradores Generales de las provincias y de CABA, consideraron que “es indispensable pronunciarse, una vez más, sobre el modo en que se lleva a cabo la gestión judicial respecto de los delitos relacionados a las drogas en la República Argentina”.
En ese orden destacaron que “es indispensable que como política de Estado en todo el país, se adopte la ya largamente postergada decisión de aprovechar la fortaleza de los ministerios públicos fiscales de las provincias para la persecución del narcomenudeo, tomando en cuenta, además, que actualmente estos organismos, que en la mayoría de las provincias actúan aplicando un régimen procesal moderno, ágil y eficaz, ostentan una especial capacidad para abordar las actividades periciales en las causas relativas a la narcocriminalidad por medio una red de laboratorios forenses distribuidos en todo el territorio  nacional”.
Consideraron que “el marco legal actualmente vigente en materia de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico constituye una base que ha permitido la participación de las provincias poniendo límite  al fenómeno del narcomenudeo que de otro medio queda en situación de impunidad. Señalaron, sin embargo, que “la ley que regula la materia debe ser objeto de revisión para posibilitar una actuación conjunta de las organizaciones federales y provinciales más adecuada”. Esta afirmación se formula en “el convencimiento de que es posible que ambos órdenes ejecuten actividades coordinadas y efectivas, como ocurre en experiencias de otros países como los Estados Unidos de Norteamérica, donde se han adoptado modelos de intervención convergente más flexibles que el vigente en nuestro ámbito”.
A raíz de ello, peticionaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que convoque, con la urgencia que la cuestión demanda, a una mesa de diálogo en la que participen autoridades de la justicia y de los Poderes Ejecutivos de las Provincias y de Ciudad autónoma, con el objeto de definir el aporte económico que la ley 26.052 de manera expresa establece que debe asignarse a las provincias adheridas al denominado sistema de desfederalización, entendiendo que “es el factor crucial que al día de la fecha viene impidiendo la generalización de una política integral contra la narcocriminalidad”.#


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