Un juez advirtió que clausurará el Instituto Penitenciario si no garantizan servicio médico
Daniel Yangüela aseguró que podrían cerrar la cárcel al no poder garantizarse la atención médica a los reclusos que se encuentran en esa dependencia. Hay una deuda por parte del Gobierno Provincial de 3 millones de pesos. El ministro Durán aseguró que buscan alternativas y cuestionó al juez.
El juez Daniel Yangüela se refirió a la situación que se da en el instituto penitenciario de la ruta nacional Nº 3, ubicado entre Trelew y Puerto Madryn, que podría cerrar debido a la falta de un servicio médico que garantice la atención médica a los reclusos. Esto motivado por la deuda que el Estado provincial mantiene para con la empresa por las prestaciones que allí realiza y que no cobra desde hace meses y que ha generado una deuda que ronda los 3 millones de pesos.
El 11 de noviembre pasado se retiraron del penal, lo que motivó a la Defensoría Pública a presentar un habeas corpus colectivo por todos los presos alojados. El servicio médico es prestado de momento por el Cuerpo Médico Forense y los médicos policiales. No obstante ello, el magistrado ha solicitado que la anomalía se resuelva para poder contar con dicha prestación conforme a lo estipulado.
Yangüela enfatizó que “la cuestión hay que tratarla desde el punto de vista jurídico”, detallando que “un ciudadano común tiene los mismos derechos que un condenado o detenido”, además de plantear que por encontrarse en esa situación “no implica que se lo debe castigar quitándole los derechos, como es el caso de la salud que es reconocido como un derecho fundamental”.
El juez fijó un plazo de 72 horas para que la situación sea regularizada, cuestión que ahora se está resguardando con los médicos policiales de la ciudad portuaria y de Trelew, además de los integrantes del cuerpo médico forense.
Asimismo, recalcó que la decisión definitiva está en manos del gobernador Arcioni porque el responsable del instituto no tiene la potestad de resolver la cuestión económica. El juez indicó que “estoy intimando a que haya un servicio médico de enfermería y de ambulancia” porque ante cualquier patología que podría presentarse y que puede derivar en la muerte del detenido conllevaría en una responsabilidad del juez penal y del poder ejecutivo.
Daniel Yangüela, dispuso un plazo de 72 horas para que la Gobierno regularice el servicio médico en el Centro Penitenciario Provincial Nº1, ubicado en la ruta 3 entre Trelew y Puerto Madryn, caso contrario dispondrá la clausura de dicha cárcel.
La advertencia del juez se dispuso a raíz de la presentación de un Habeas Corpus colectivo de las personas detenidas en el lugar, por la suspensión del servicio médico el pasado 11 de noviembre, por falta de pago.
Ante esta situación el ministro de Gobierno, Pablo Durán, aseguró que el servicio de ambulancia insume una cifra muy importante de dinero y se buscan alternativas como la instalación en el mismo centro de un puesto sanitario.
Durán le respondió a Yangüela asegurando que “si el juez cree que es conveniente clausurarlo por la falta de una ambulancia, la realidad es que nosotros no dejamos de pagar un servicio porque se nos ocurra. Nadie desconoce la falta de recursos y a medida que se pueda, se van pagando los meses”.
“Estamos planteando otro esquema que tiene que ver con equipar una ambulancia propia y hacer un convenio con salud para tratar de tener enfermeros y médicos y esto bajaría mucho el costo”.
“Estamos hablando de algo más de 460 mil pesos por mes, es lo que nos insume este servicio. Uno entiende que tiene que estar este servicio permanente pero también hay otras alternativas que debería evaluar el juez para no llegar a la medida de clausura del instituto porque habría que preguntarle dónde hay que llevar a los detenidos”.
“Hoy tenemos prácticamente la capacidad casi completa, porque hay celdas que no se están ocupando. La capacidad es de 73, no está en su totalidad por el inconveniente en las celdas. Siempre se genera y esto también lo queremos discutir con la Justicia, muchas veces los internos provocan destrucción en las celdas con la intención de que los saquen de allí. Lo que nosotros estamos planteando es que los jueces que llevan a cabo cada una de las causas, establezcan una sanción hacia ellos, debería haber una medida ejemplificadora hacia ellos, es decir que paguen ellos el arreglo de esas celdas”.
Cámaras de seguridad
En otro orden el ministro también se refirió al pedido de informes que hicieron los diputados provinciales sobre la contratación de la empresa que dispuso las cámaras de monitoreo en Chubut.
“La empresa que está hoy haciendo la instalación de las cámaras, es una empresa que en el país tiene más de 10 mil cámaras, es una de las más importantes a nivel nacional, es una firma japonesa muy seria y obviamente que vamos a contestar el pedido de informes, pero no hay nada complejo en esto”.
“Se hizo una sola licitación el año pasado por 35 millones de pesos. Esa licitación contemplaba la refuncionalización de los centros de monitoreo con nuevo equipamiento, se le agregaron nuevas cámaras y a las que funcionaban solo se les aplicó un service. Hoy hay más de 90 kilómetros de fibra óptica en la provincia, en las distintas ciudades”, dijo por último el funcionario provincial.#
El juez Daniel Yangüela se refirió a la situación que se da en el instituto penitenciario de la ruta nacional Nº 3, ubicado entre Trelew y Puerto Madryn, que podría cerrar debido a la falta de un servicio médico que garantice la atención médica a los reclusos. Esto motivado por la deuda que el Estado provincial mantiene para con la empresa por las prestaciones que allí realiza y que no cobra desde hace meses y que ha generado una deuda que ronda los 3 millones de pesos.
El 11 de noviembre pasado se retiraron del penal, lo que motivó a la Defensoría Pública a presentar un habeas corpus colectivo por todos los presos alojados. El servicio médico es prestado de momento por el Cuerpo Médico Forense y los médicos policiales. No obstante ello, el magistrado ha solicitado que la anomalía se resuelva para poder contar con dicha prestación conforme a lo estipulado.
Yangüela enfatizó que “la cuestión hay que tratarla desde el punto de vista jurídico”, detallando que “un ciudadano común tiene los mismos derechos que un condenado o detenido”, además de plantear que por encontrarse en esa situación “no implica que se lo debe castigar quitándole los derechos, como es el caso de la salud que es reconocido como un derecho fundamental”.
El juez fijó un plazo de 72 horas para que la situación sea regularizada, cuestión que ahora se está resguardando con los médicos policiales de la ciudad portuaria y de Trelew, además de los integrantes del cuerpo médico forense.
Asimismo, recalcó que la decisión definitiva está en manos del gobernador Arcioni porque el responsable del instituto no tiene la potestad de resolver la cuestión económica. El juez indicó que “estoy intimando a que haya un servicio médico de enfermería y de ambulancia” porque ante cualquier patología que podría presentarse y que puede derivar en la muerte del detenido conllevaría en una responsabilidad del juez penal y del poder ejecutivo.
Daniel Yangüela, dispuso un plazo de 72 horas para que la Gobierno regularice el servicio médico en el Centro Penitenciario Provincial Nº1, ubicado en la ruta 3 entre Trelew y Puerto Madryn, caso contrario dispondrá la clausura de dicha cárcel.
La advertencia del juez se dispuso a raíz de la presentación de un Habeas Corpus colectivo de las personas detenidas en el lugar, por la suspensión del servicio médico el pasado 11 de noviembre, por falta de pago.
Ante esta situación el ministro de Gobierno, Pablo Durán, aseguró que el servicio de ambulancia insume una cifra muy importante de dinero y se buscan alternativas como la instalación en el mismo centro de un puesto sanitario.
Durán le respondió a Yangüela asegurando que “si el juez cree que es conveniente clausurarlo por la falta de una ambulancia, la realidad es que nosotros no dejamos de pagar un servicio porque se nos ocurra. Nadie desconoce la falta de recursos y a medida que se pueda, se van pagando los meses”.
“Estamos planteando otro esquema que tiene que ver con equipar una ambulancia propia y hacer un convenio con salud para tratar de tener enfermeros y médicos y esto bajaría mucho el costo”.
“Estamos hablando de algo más de 460 mil pesos por mes, es lo que nos insume este servicio. Uno entiende que tiene que estar este servicio permanente pero también hay otras alternativas que debería evaluar el juez para no llegar a la medida de clausura del instituto porque habría que preguntarle dónde hay que llevar a los detenidos”.
“Hoy tenemos prácticamente la capacidad casi completa, porque hay celdas que no se están ocupando. La capacidad es de 73, no está en su totalidad por el inconveniente en las celdas. Siempre se genera y esto también lo queremos discutir con la Justicia, muchas veces los internos provocan destrucción en las celdas con la intención de que los saquen de allí. Lo que nosotros estamos planteando es que los jueces que llevan a cabo cada una de las causas, establezcan una sanción hacia ellos, debería haber una medida ejemplificadora hacia ellos, es decir que paguen ellos el arreglo de esas celdas”.
Cámaras de seguridad
En otro orden el ministro también se refirió al pedido de informes que hicieron los diputados provinciales sobre la contratación de la empresa que dispuso las cámaras de monitoreo en Chubut.
“La empresa que está hoy haciendo la instalación de las cámaras, es una empresa que en el país tiene más de 10 mil cámaras, es una de las más importantes a nivel nacional, es una firma japonesa muy seria y obviamente que vamos a contestar el pedido de informes, pero no hay nada complejo en esto”.
“Se hizo una sola licitación el año pasado por 35 millones de pesos. Esa licitación contemplaba la refuncionalización de los centros de monitoreo con nuevo equipamiento, se le agregaron nuevas cámaras y a las que funcionaban solo se les aplicó un service. Hoy hay más de 90 kilómetros de fibra óptica en la provincia, en las distintas ciudades”, dijo por último el funcionario provincial.#