Jury a Suárez García: un relato, dos desmentidas y muchas dudas
Los testimonios del juicio político a la fiscal de Rawson no dejaron claro una duda central: por qué el caso de trata no se derivó de inmediato a la Justicia Federal, cuando ya en las primera horas había evidencias de que el delito no era competencia provincial.
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
Todos los testigos opinaron ayer que la explotación sexual de la joven correntina no era tema para los tribunales locales. El camino incorrecto casi lo deja impune: el expediente se abrió el 11 de febrero de 2010 y Suárez García lo cerró el 16. Meses después lo reabrió el otro fuero.
Andrea Llancafil fue la oficial de la Comisaría de la Mujer de Rawson que recibió a la chica rescatada del prostíbulo de Playa Unión. Ante el Tribunal de Enjuiciamiento reveló que dos exintegrantes de la cúpula policial fueron los responsables de que el caso quedara en el fuero provincial.
Llancafil estaba de turno y a cargo de la dependencia la madrugada del 11 de febrero de 2010. Llevaba poco tiempo en la función. La llamaron: un patrullero había llevado desde Playa Unión a la Comisaría a la joven, que denunciaba haber sido engañada, encerrada y abusada. Pedía ayuda urgente. Llancafil estaba en Trelew.
Avisó a Asan Iliasof y a Luis Bidera. El primero era jefe de Operaciones de la Jefatura y el segundo, jerárquico de la misma área. De ellos dependía la Comisaría de la Mujer. Mientras, ella tomó la denuncia de la víctima y la contuvo. Llamó a la fiscal de Trelew, Silvia Pereira, quien ordenó que el caso se remitiera al fuero federal por tratarse de posible trata y tráfico de personas.
Pero pese a este pedido, ayer en el jury Llancafil reveló que Iliasof y Bidera le solicitaron en cambio que cerrara el expediente y que lo enviara a la justicia ordinaria. Aunque estaba en su organigrama, la testigo aclaró que ninguno de los dos estaba a cargo directamente de la Comisaría y que ni siquiera iban.
Pero sí en esta ocasión le sugirieron que era un caso de violación y no de trata. Según su versión bajo juramento hasta la ayudaron a confeccionar la nueva carátula del preventivo. No era habitual que se involucraran así. “Intervinieron solo en este caso particular”, aseguró.
Según la oficial, sus superiores ya se habían contactado con la Justicia Federal y a ella le dijeron que se había declarado incompetente. Pero admitió que no vio que Iliasof y Bidera hayan llamado a ese Juzgado, que ella tampoco lo hizo y que no quedó constancia escrita de que el fuero hubiera rechazado el expediente. Pese a tantas zonas grises, el sumario y las actuaciones se elevaron a la justicia provincial. Entonces intervino Suárez García.
Cuando fue su turno de declarar, Bidera desmintió ante el Tribunal haberle pedido a Llancafil una carátula provincial. El testigo enfatizó que era frecuente que visitara la Comisaría de la Mujer para seguir de cerca su trabajo. Pero Emilio Porras Hernández, el acusador, sugirió que los registros no mostraban sus presencias anteriores en la dependencia. Bidera insistió con que sí pero explicó que “no me involucraba ni en las pesquisas ni en los preventivos”.Y negó otro dicho de Llancafil.
El otro mencionado, Iliasof, declaró que recuerda el caso “por lo atípico en la zona”. Confirmó que la fiscal Silvia Pereira fue la primera que intervino y que coincidió en que se trataba de un tema federal. Igual que Bidera, desmintió haberle dado ninguna sugerencia a Llancafil para que cambiara la carátula y negó haber hablado con la Justicia Federal. “Nunca lo hice, mi único interés es que las órdenes se cumplan en tiempo y forma. Era la Comisaría de la Mujer la que debía mandar el expediente al fuero federal”.#
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
Todos los testigos opinaron ayer que la explotación sexual de la joven correntina no era tema para los tribunales locales. El camino incorrecto casi lo deja impune: el expediente se abrió el 11 de febrero de 2010 y Suárez García lo cerró el 16. Meses después lo reabrió el otro fuero.
Andrea Llancafil fue la oficial de la Comisaría de la Mujer de Rawson que recibió a la chica rescatada del prostíbulo de Playa Unión. Ante el Tribunal de Enjuiciamiento reveló que dos exintegrantes de la cúpula policial fueron los responsables de que el caso quedara en el fuero provincial.
Llancafil estaba de turno y a cargo de la dependencia la madrugada del 11 de febrero de 2010. Llevaba poco tiempo en la función. La llamaron: un patrullero había llevado desde Playa Unión a la Comisaría a la joven, que denunciaba haber sido engañada, encerrada y abusada. Pedía ayuda urgente. Llancafil estaba en Trelew.
Avisó a Asan Iliasof y a Luis Bidera. El primero era jefe de Operaciones de la Jefatura y el segundo, jerárquico de la misma área. De ellos dependía la Comisaría de la Mujer. Mientras, ella tomó la denuncia de la víctima y la contuvo. Llamó a la fiscal de Trelew, Silvia Pereira, quien ordenó que el caso se remitiera al fuero federal por tratarse de posible trata y tráfico de personas.
Pero pese a este pedido, ayer en el jury Llancafil reveló que Iliasof y Bidera le solicitaron en cambio que cerrara el expediente y que lo enviara a la justicia ordinaria. Aunque estaba en su organigrama, la testigo aclaró que ninguno de los dos estaba a cargo directamente de la Comisaría y que ni siquiera iban.
Pero sí en esta ocasión le sugirieron que era un caso de violación y no de trata. Según su versión bajo juramento hasta la ayudaron a confeccionar la nueva carátula del preventivo. No era habitual que se involucraran así. “Intervinieron solo en este caso particular”, aseguró.
Según la oficial, sus superiores ya se habían contactado con la Justicia Federal y a ella le dijeron que se había declarado incompetente. Pero admitió que no vio que Iliasof y Bidera hayan llamado a ese Juzgado, que ella tampoco lo hizo y que no quedó constancia escrita de que el fuero hubiera rechazado el expediente. Pese a tantas zonas grises, el sumario y las actuaciones se elevaron a la justicia provincial. Entonces intervino Suárez García.
Cuando fue su turno de declarar, Bidera desmintió ante el Tribunal haberle pedido a Llancafil una carátula provincial. El testigo enfatizó que era frecuente que visitara la Comisaría de la Mujer para seguir de cerca su trabajo. Pero Emilio Porras Hernández, el acusador, sugirió que los registros no mostraban sus presencias anteriores en la dependencia. Bidera insistió con que sí pero explicó que “no me involucraba ni en las pesquisas ni en los preventivos”.Y negó otro dicho de Llancafil.
El otro mencionado, Iliasof, declaró que recuerda el caso “por lo atípico en la zona”. Confirmó que la fiscal Silvia Pereira fue la primera que intervino y que coincidió en que se trataba de un tema federal. Igual que Bidera, desmintió haberle dado ninguna sugerencia a Llancafil para que cambiara la carátula y negó haber hablado con la Justicia Federal. “Nunca lo hice, mi único interés es que las órdenes se cumplan en tiempo y forma. Era la Comisaría de la Mujer la que debía mandar el expediente al fuero federal”.#