Editorial / Maldita inseguridad

El robo de una pequeña caja de caudales que contenía 20 mil pesos de la cooperadora de un jardín de infantes de Trelew, ubicado a media cuadra de la Seccional Primera y de la sede de la Unidad Regional de la Policía del Chubut, fue la gota que colmó el vaso. Más que por el valor monetario, por el valor simbólico: ya no tienen límites.

El tema no es nuevo ni mucho menos. Pero la escalada de inseguridad en toda la provincia durante los últimos meses, principalmente en Trelew, volvió a sobrepasar el límite de tolerancia del ciudadano común.

En las últimas semanas, los trelewenses volvieron a sentir que viven en la ciudad más insegura de Chubut. Inclusive, por encima de Comodoro Rivadavia, que tiene el doble de habitantes y en donde el mayor problema es el nivel de violencia social, no el de robos y asaltos domiciliarios.

En Trelew siguen saqueando casas, robando vehículos, lastimando a las víctimas y literalmente no pasa nada. La sensación de que algo se salió de control y nadie está en condiciones de controlarlo preocupa a la gente, que hace lo que tiene que hacer: exigir que el Estado cumpla con su obligación de cuidarlos.

Hay comisarios que, con cara de resignación, les admiten a los vecinos que se apersonan en las comisarías a reclamar un poco de tranquilidad para sus barrios que no tiene dinero suficiente para ponerle combustible a los patrulleros. Uno de ellos, por ejemplo, contó a tiene dos móviles parados hace dos meses en una concesionaria de Trelew porque no le mandan el dinero para pagar el arreglo.

Maldita policía
 
La Comisaría Primera de Trelew, la más importante de la ciudad por historia y radio de cobertura, tiene apenas 16 policías por turno. La mitad debe quedarse en el edificio de la calle San Martín para cubrir guardias y vigilar los calabozos masculinos y femeninos que hay en el lugar. O sea, apenas ocho policías por turno deben velar por la seguridad de toda la zona céntrica de la segunda ciudad de Chubut, además de cubrir los barrios de la zona semi-céntrica y sur, lo que significan unas veinte cuadras a la redonda.

La responsabilidad por las carencias es, sin ningún lugar a dudas, de las autoridades políticas. Hace años que todos saben lo que está pasando. Es inadmisible que sigan escaseando los recursos materiales y económicos. En todo caso, se puede entender que en la actual etapa de crisis pueda haber escasez de fondos, pero todo lo que se prometió hace años y nunca se cumplió es desidia e ineficiencia.

¿Cuántas veces este diario y casi todos los medios de comunicación publicaron las promesas de más policías para tal o cual ciudad? ¿Alguna vez llegaron a destino? ¿Y los millones de pesos que se gastaron en cámaras de seguridad que no andan o, peor aún, nunca se instalaron?

Malditos políticos
 
Si la sociedad cree que las responsabilidades políticas por la inseguridad terminan en quienes ocupan circunstancialmente la Casa de Gobierno o el Ministerio de Gobierno, está equivocada. Hay un “socio” clave para este desmanejo que es el Poder Judicial. O al menos algunos de sus integrantes, con los jueces a la cabeza.

“Hay jueces que viven en una burbuja desconociendo el contexto social y la realidad en la que vivimos”, disparó en febrero pasado el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, durante una entrevista con Jornada. Lo decía en referencia a un sonado caso que involucró a la jueza comodorense Raquel Tassello, que había liberado a los asesinos de un remisero de Comodoro.

El caso llegó al Consejo de la Magistratura, en donde la corporación judicial y sus aliados políticos finalmente lograron salvarle el pellejo a Tasello.
Vivas es de los pocos jueces que se hacen cargo en público de las responsabilidades que le caben al Poder Judicial: “La autocrítica es fundamental en un Estado republicano y democrático y nosotros tenemos por lo menos el treinta y tres por ciento de responsabilidad, porque conformamos una de las tres patas del Estado”, le dijo en aquella entrevista a este diario.

También la Procuración que comanda Jorge Miquelarena tiene su cuota-parte de responsabilidad, con fiscales que no están a la altura de lo que exige la situación. Un punto hay que destacar: el propio procurador empezó a impulsar denuncias contra los fiscales ineficientes. Por ahora señalaron a algunos, pero faltan más.

Malditos jueces
 
Tener en cuenta el contexto social y, sobre todo, el sentido común, deberían ser dos faros que iluminen a los jueces y también a los fiscales, que son los que deben acusar con sustento suficiente a los delincuentes para que los jueces no tengan más remedio que aplicar la ley.

A esta altura parece una verdad a medias que el Código Procesal Penal no les dé todas las herramientas necesarias a los magistrados para meter preso a quien corresponda sin afectar la presunción de inocencia.

Es cierto que hay que alimentar el debate legislativo para eventualmente modificar algunas de las leyes penales vigentes. La norma que fija la ejecución de la pena privativa de la libertad es una de ellas. Es tan ambigua que permite que los jueces tomen decisiones de libertades asistidas y transitorias para los reincidentes que a veces no se explican, aunque sean técnicamente legales.

Tampoco se trata de salir a vociferar y pedir “mano dura” a diestra y siniestra. El reclamo es sencillo: que vayan presos los que tengan que ir presos sin violar ninguna garantía constitucional.

Los jueces no pueden soslayar la problemática social ni dejar de interpretar lo que la sociedad está reclamando. Como dijo Vivas, algunos siguen viviendo en una burbuja. Es hora de que salgan de su zona de confort y se pongan a trabajar.#