Lava Jato: confirman la inhibición de bienes al "Corcho" Rodríguez
La Cámara Federal porteña confirmó la inhibición general de bienes del empresario Jorge "Corcho" Rodríguez en la causa por supuesto pago de sobornos en la construcción de dos plantas para la empresa estatal Aysa, en el marco del "Lava Jato" brasileño.
La decisión fue de la sala I del Tribunal de Apelaciones que instó al juez resolver "con urgencia" la situación procesal de Rodríguez, quien está imputado en la causa pero aún no fue llamado a declaración indagatoria, según la resolución a la que hoy accedió Télam.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero entendieron que la decisión de inhibir los bienes al empresario fue precedida por una "investigación amplia" y se tomó ante sospechas de maniobras por parte del investigado para insolventarse.
Casanello llamó a indagatoria ya a 27 imputados, entre ellos el ex titular de Aysa, Carlos Ben, convocado para mañana y su ex segundo Raúl Biancuzzo, quien se presentó hoy en el juzgado.
Además fueron llamados a declarar los empresarios cuyas firmas integraron la UTE que se adjudicó las obras en el 2007, en una licitación que para el juez fue direccionada y con supuestos sobreprecios y pago de sobornos.
Se trató de la ejecución y puesta en marcha de la Plata de Potabilización Paraná de las Palmas y de la construcción de la de Pretratamiento del Sistema Berazategui.
Camargo Correa, Esuco, Odebrecht, Supercemento y Roggio
Las obras se adjudicaron a Construcciones y Comercio Camargo Correa, Esuco SA, Construcciones Norberto Odebrecht SA, Supercemento Saic y Benito Roggio e hijos SA, además de José Cartellone Construcciones Civiles SA.
Todos sus responsables fueron citados ya a indagatoria y tienen sus bienes inhibidos.
La Cámara remarcó que la hipótesis final de la acusación es que los pagos irregulares se realizaron en el exterior con un entramado societario para "disimular el verdadero origen de los fondos".
En esta "red de sociedades off shore" montadas en Panamá, Islas Vírgenes, Antigua y Barbuda y Uruguay estaría la "amenaza concreta" para resguardar los bienes que puedan haberse obtenido con el delito.
Por ello, justificaron la inhibición de bienes de Rodríguez aunque instruyeron a Casanello para que le permita operar sus cuentas bancarias una vez que se determine cuáles están a su nombre, los montos allí depositados y se establezca que no tuvieron origen en el delito investigado.
El "Corcho" Rodriguez está sospechado de haber actuado como "intermediario" o "lobbista" para las empresas con ex funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal.
La decisión fue de la sala I del Tribunal de Apelaciones que instó al juez resolver "con urgencia" la situación procesal de Rodríguez, quien está imputado en la causa pero aún no fue llamado a declaración indagatoria, según la resolución a la que hoy accedió Télam.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero entendieron que la decisión de inhibir los bienes al empresario fue precedida por una "investigación amplia" y se tomó ante sospechas de maniobras por parte del investigado para insolventarse.
Casanello llamó a indagatoria ya a 27 imputados, entre ellos el ex titular de Aysa, Carlos Ben, convocado para mañana y su ex segundo Raúl Biancuzzo, quien se presentó hoy en el juzgado.
Además fueron llamados a declarar los empresarios cuyas firmas integraron la UTE que se adjudicó las obras en el 2007, en una licitación que para el juez fue direccionada y con supuestos sobreprecios y pago de sobornos.
Se trató de la ejecución y puesta en marcha de la Plata de Potabilización Paraná de las Palmas y de la construcción de la de Pretratamiento del Sistema Berazategui.
Camargo Correa, Esuco, Odebrecht, Supercemento y Roggio
Las obras se adjudicaron a Construcciones y Comercio Camargo Correa, Esuco SA, Construcciones Norberto Odebrecht SA, Supercemento Saic y Benito Roggio e hijos SA, además de José Cartellone Construcciones Civiles SA.
Todos sus responsables fueron citados ya a indagatoria y tienen sus bienes inhibidos.
La Cámara remarcó que la hipótesis final de la acusación es que los pagos irregulares se realizaron en el exterior con un entramado societario para "disimular el verdadero origen de los fondos".
En esta "red de sociedades off shore" montadas en Panamá, Islas Vírgenes, Antigua y Barbuda y Uruguay estaría la "amenaza concreta" para resguardar los bienes que puedan haberse obtenido con el delito.
Por ello, justificaron la inhibición de bienes de Rodríguez aunque instruyeron a Casanello para que le permita operar sus cuentas bancarias una vez que se determine cuáles están a su nombre, los montos allí depositados y se establezca que no tuvieron origen en el delito investigado.
El "Corcho" Rodriguez está sospechado de haber actuado como "intermediario" o "lobbista" para las empresas con ex funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal.