Luz y Fuerza criticó la "inacción" del Gobierno ante la crisis de los servicios públicos

El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia fustigó este jueves al Ejecutivo provincial al haber presentado un escrito confeccionado por la Fiscalía de Estado en el marco de una conciliación obligatoria y consideró como medida dilatoria que se intente involucrar a los municipios y las cooperativas en la negociación del reclamo por la falta de pago de salarios atrasados desde el mes de octubre a 244 trabajadores de las 21 cooperativas del interior provincial.

 

La conferencia de prensa contó con la presencia del Héctor González, secretario general del gremio; Rogelio González, secretario coordinador de la Secretaria General; y miembros de la Comisión Directiva Regional y Secretarios Generales de varias seccionales de la provincia.

 

En el documento leído por Rogelio González, Luz y Fuerza desconoció la participación de la Fiscalía de Estado, que presentó un escrito en representación del Poder Ejecutivo provincial,  en el marco de la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaria de Trabajo, al considerar que no es la patronal, ni representa al Estado en su calidad de garante de los servicios públicos esenciales, ni tiene ninguna injerencia en la aplicación del régimen de compensación de tarifas previsto por ley.

 

El gremio criticó también la intención del gobierno provincial de citar a municipios y cooperativas, dado que consideró que no encuentra ningún sustento normativo y que tiene una clara intencionalidad de entorpecer la negociación por los reclamos por los atrasos salariales en las cooperativas del interior y que dieron origen a la medida de fuerza planteada días atrás.

 

“De la conciliación no participó la FeChCoop que es la signataria de la convención colectiva de trabajo, ni tampoco las autoridades provinciales del área de Servicios Públicos” manifestó Héctor González y aseveró que Luz y Fuerza va a respetar la conciliación obligatoria que vence el 25 de enero, pero reclamó al gobierno provincial que se convoque a las partes pertinentes para encontrar una solución a esta problemática.

 

“Vamos a contestar este escrito, pero aquí existe una violación al convenio colectivo de trabajo y a la ley laboral” explicó González y sostuvo que “el Estado Provincial está obligado y es garante de la prestación de los servicios básicos esenciales y no puede desentenderse de esta obligación constitucional, por más que estén terciarizados”.  

 

Al mismo tiempo estimó que con una medida de fuerza “no se soluciona estos problemas que son de fondo y que vienen años” e insistió para que el gobierno provincial los convoque para buscar una solución.