El Gobierno del Chubut, a través de abogados de la Fiscalía de Estado, realizó una presentación ante la Secretaría de Trabajo en relación a la situación de los servicios públicos de la provincia en la que fijó posición promoviendo el diálogo social permanente y aseguró económicamente a usuarios por tarifa social.
En el escrito firmado por abogados de la Fiscalía de Estado lo más importante es que el Gobierno de la Provincia asegura la transferencia del monto completo de los subsidios previstos en la Ley 1.098 a las cooperativas, tal cual se vino realizando desde siempre, por lo que se deja constancia que no existió ningún tipo de suspensión, ni de reducción en el pago de los subsidios establecidos en la Ley N° 1.098, que son los que reciben las Cooperativas del interior provincial para cubrir cualquier tipo de desfasaje tarifario que puedan tener, lo que significa que cada una define para qué usan dichos fondos.
Además en la presentación efectuada este jueves, la Provincia deja constancia que en el caso de haber retrasos salariales, los mismos no son de competencia provincial ya que se trata de un conflicto entre privados, porque las obligaciones salariales corresponden a empresas privadas (Cooperativas) que son ajenas a la Provincia.
Por eso es que en el escrito también se pide citar a todas las municipalidades por ser el poder concedente de los servicios públicos e incluso el poder tarifario.
Citación
En síntesis en el escrito presentado ante la Secretaría de Trabajo, el Gobierno solicitó se cite a cada una de las cooperativas involucradas y a las municipalidades como poder concedente ante el conflicto colectivo promovido por Luz y Fuerza.
A su vez es importante destacar, según la gacetilla oficial del Gobierno, que a partir de esta presentación, por primera vez la Provincia del Chubut fija una posición en la que plantea que no es lógico que existan las denominadas “huelgas de solidaridad”, es decir que se involucre a otras cooperativas que no han incumplido con pagos.
Respuesta gremial
Sin embargo, en este mismo escenario, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza criticó la inacción del Gobierno ante la crisis de los servicios públicos del interior. Mediante un parte de prensa, el gremio fustigó al Ejecutivo provincial al haber presentado un escrito confeccionado por la Fiscalía de Estado en el marco de una conciliación obligatoria.
Consideró como medida dilatoria que se intente involucrar a los municipios y las cooperativas en la negociación del reclamo por la falta de pago de salarios atrasados desde octubre a 244 trabajadores de las 21 cooperativas del interior provincial.
La conferencia de prensa brindada en la Seccional Trelew del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia contó con la presencia de Héctor González, secretario general del gremio; Rogelio González, secretario coordinador de la Secretaría General, miembros de la Comisión Directiva Regional y secretarios generales de varias seccionales de la provincia.
En el documento leído por Rogelio González, Luz y Fuerza desconoció la participación de la Fiscalía de Estado, que presentó un escrito en representación del Poder Ejecutivo provincial, en el marco de la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo, al considerar que no es la patronal, ni representa al Estado en su calidad de garante de los servicios públicos esenciales, ni tiene ninguna injerencia en la aplicación del régimen de compensación de tarifas previsto por ley.
El gremio criticó también la intención del Gobierno provincial de citar a municipios y cooperativas, dado que consideró que no encuentra ningún sustento normativo y que tiene una clara intencionalidad de entorpecer la negociación por los reclamos por los atrasos salariales en las cooperativas del interior y que dieron origen a la medida de fuerza planteada días atrás.
“De la conciliación no participó la Fechcoop, que es la signataria de la convención colectiva de trabajo, ni tampoco las autoridades provinciales del área de Servicios Públicos”, manifestó Héctor González. Aseveró que Luz y Fuerza va a respetar la conciliación obligatoria que vence el 25 de enero, pero reclamó al Gobierno provincial que se convoque a las partes pertinentes para encontrar una solución a esta problemática.
Obligación
“Vamos a contestar este escrito, pero aquí existe una violación al convenio colectivo de trabajo y a la ley laboral”, explicó González.
Y sostuvo en este mismo sentido que “el Estado Provincial está obligado y es garante de la prestación de los servicios básicos esenciales y no puede desentenderse de esta obligación constitucional, por más que estén tercerizados”.
Al mismo tiempo estimó que con una medida de fuerza “no se solucionan estos problemas que son de fondo y que vienen de años”. E insistió para que el Gobierno provincial los convoque para buscar una solución.#
El Gobierno del Chubut, a través de abogados de la Fiscalía de Estado, realizó una presentación ante la Secretaría de Trabajo en relación a la situación de los servicios públicos de la provincia en la que fijó posición promoviendo el diálogo social permanente y aseguró económicamente a usuarios por tarifa social.
En el escrito firmado por abogados de la Fiscalía de Estado lo más importante es que el Gobierno de la Provincia asegura la transferencia del monto completo de los subsidios previstos en la Ley 1.098 a las cooperativas, tal cual se vino realizando desde siempre, por lo que se deja constancia que no existió ningún tipo de suspensión, ni de reducción en el pago de los subsidios establecidos en la Ley N° 1.098, que son los que reciben las Cooperativas del interior provincial para cubrir cualquier tipo de desfasaje tarifario que puedan tener, lo que significa que cada una define para qué usan dichos fondos.
Además en la presentación efectuada este jueves, la Provincia deja constancia que en el caso de haber retrasos salariales, los mismos no son de competencia provincial ya que se trata de un conflicto entre privados, porque las obligaciones salariales corresponden a empresas privadas (Cooperativas) que son ajenas a la Provincia.
Por eso es que en el escrito también se pide citar a todas las municipalidades por ser el poder concedente de los servicios públicos e incluso el poder tarifario.
Citación
En síntesis en el escrito presentado ante la Secretaría de Trabajo, el Gobierno solicitó se cite a cada una de las cooperativas involucradas y a las municipalidades como poder concedente ante el conflicto colectivo promovido por Luz y Fuerza.
A su vez es importante destacar, según la gacetilla oficial del Gobierno, que a partir de esta presentación, por primera vez la Provincia del Chubut fija una posición en la que plantea que no es lógico que existan las denominadas “huelgas de solidaridad”, es decir que se involucre a otras cooperativas que no han incumplido con pagos.
Respuesta gremial
Sin embargo, en este mismo escenario, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza criticó la inacción del Gobierno ante la crisis de los servicios públicos del interior. Mediante un parte de prensa, el gremio fustigó al Ejecutivo provincial al haber presentado un escrito confeccionado por la Fiscalía de Estado en el marco de una conciliación obligatoria.
Consideró como medida dilatoria que se intente involucrar a los municipios y las cooperativas en la negociación del reclamo por la falta de pago de salarios atrasados desde octubre a 244 trabajadores de las 21 cooperativas del interior provincial.
La conferencia de prensa brindada en la Seccional Trelew del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia contó con la presencia de Héctor González, secretario general del gremio; Rogelio González, secretario coordinador de la Secretaría General, miembros de la Comisión Directiva Regional y secretarios generales de varias seccionales de la provincia.
En el documento leído por Rogelio González, Luz y Fuerza desconoció la participación de la Fiscalía de Estado, que presentó un escrito en representación del Poder Ejecutivo provincial, en el marco de la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo, al considerar que no es la patronal, ni representa al Estado en su calidad de garante de los servicios públicos esenciales, ni tiene ninguna injerencia en la aplicación del régimen de compensación de tarifas previsto por ley.
El gremio criticó también la intención del Gobierno provincial de citar a municipios y cooperativas, dado que consideró que no encuentra ningún sustento normativo y que tiene una clara intencionalidad de entorpecer la negociación por los reclamos por los atrasos salariales en las cooperativas del interior y que dieron origen a la medida de fuerza planteada días atrás.
“De la conciliación no participó la Fechcoop, que es la signataria de la convención colectiva de trabajo, ni tampoco las autoridades provinciales del área de Servicios Públicos”, manifestó Héctor González. Aseveró que Luz y Fuerza va a respetar la conciliación obligatoria que vence el 25 de enero, pero reclamó al Gobierno provincial que se convoque a las partes pertinentes para encontrar una solución a esta problemática.
Obligación
“Vamos a contestar este escrito, pero aquí existe una violación al convenio colectivo de trabajo y a la ley laboral”, explicó González.
Y sostuvo en este mismo sentido que “el Estado Provincial está obligado y es garante de la prestación de los servicios básicos esenciales y no puede desentenderse de esta obligación constitucional, por más que estén tercerizados”.
Al mismo tiempo estimó que con una medida de fuerza “no se solucionan estos problemas que son de fondo y que vienen de años”. E insistió para que el Gobierno provincial los convoque para buscar una solución.#