Chubut presentó a Nación proyectos para 879 viviendas y el IPV creará su propio fideicomiso
De ello, 330 son para casas de tipo social, mientras que las otras 330 se buscará financiarlas a través de contratación público-privada. La ejecución que se venía realizando se reducirá a la mitad. Por ello el Instituto de la Vivienda busca fuentes de financiamiento con participación de entidades bancarias.
Por Federico Sánchez / Twitter: @federicosn
El abrupto giro en el plan de viviendas y hábitat del Gobierno Nacional dado a partir de marzo de 2017 generó un impacto importante en la provincia de Chubut, a punto tal que el año pasado prácticamente se paralizaron las ejecuciones de nuevos hogares para los chubutenses y los que estaban ya en marcha.
Este año no será la excepción, aunque desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) están buscando las alternativas para compensar el déficit habitacional que se ocasionará con el cambio de política. De una política subsidiaria y con importante presencia estatal, se fue hacia una orientada netamente a lo crediticio y la apuesta de la asociación público-privada, con participación de bancos y fideicomisos.
Hoy están en ejecución en la provincia alrededor de 1.800 viviendas. De ellas 746 son financiadas 100% por la Provincia y otras 1.136 con un aporte del Gobierno Nacional. Para 2018 y de acuerdo a números aportados por el IPV, fueron presentados por Chubut un total de 874 proyectos de viviendas en la provincia. De ellos, 330 corresponden a viviendas sociales para los sectores menos pudientes y el grueso de 544 casas en iniciativas a través del esquema de asociación público-privada. Todo ello aún espera ser aprobado.
En los próximos días, las autoridades del instituto estarán viajando a Buenos Aires para destrabar algunos planes de vivienda que estaban pendientes. Unas 258 que también podrían ser reconvertidas para el sistema público-privado.
A ello se le deberían sumar algunas iniciativas que de último momento fueron incluidas dentro del Plan Patagonia. Sin embargo, queda claro que la nueva política nacional ha mermado fuertemente la construcción de casas y se afectó fundamentalmente a aquellos sectores de menos recursos.
En ediciones pasadas el Económico alertó acerca de la sensible caída en el Presupuesto Nacional 2018 en lo que hace a viviendas sociales para Chubut. Este año están programados 309 millones de pesos. De ese dinero, 200 millones serán para proyectos ya en ejecución. El resto servirá para tan solo 100 nuevos hogares. A ello también habría que incorporar unas 71 viviendas de Comodoro Rivadavia por la emergencia habitacional, que ya han sido aprobadas.
Y esta situación queda claro con la baja del programa Techo Digno. De allí se había logrado un promedio de ejecución en la provincia de 1.800 a 2.000 viviendas por año. Hoy, con la baja de este plan, se redujo a un cupo de tan solo 200 casas.
Frente a esta situación, desde el organismo provincial ya piensan en alternativas que le permitan generar recursos propios y poder responder a la fuerte demanda. La intención sería generar un fideicomiso o fondo fiduciario donde ingrese un privado que aporte el financiamiento y después participe en la venta de las construcciones habitacionales.
De esta forma se buscará resolver la escasa cantidad de viviendas sociales. A priori serían tan solo 100 nuevas de esta índole para este año. El instituto precisa de mayor autonomía para poder satisfacer la larga lista de espera de familias chubutenses. Vale recordar que desde mediados de 2016 que el Gobierno Nacional no firma nuevos proyectos de construcción para la provincia, lo cual generó un fuerte estancamiento, poniendo en riesgo a las cooperativas de autoconstrucción y por otro lado, impactando también en el empleo, donde en obra pública se está con la mitad de ocupación de la media histórica, al no habilitarse la ejecución de barrios.
Programas de vivienda
El nuevo esquema nacional que funciona desde abril del 2016 prevé tres tipos de programas para ejecutar en las provincias. Por un lado están las viviendas sociales, cuyo esquema poco a poco se fue dejando de lado. Allí el aporte sigue siendo del 70% por parte del Estado Nacional, el 30% de la provincia. El mismo está pensado para beneficiarios cuyos ingresos sean inferiores a los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Por otra parte, está la gran apuesta de la construcción a través de la Asociación Público-Privada (APP), donde ingresan a jugar los privados, disminuye el aporte realizado por Nación (30%) y no se generan gastos por parte de la provincia. A fines de 2017 Chubut adhirió en la Legislatura a este sistema de contratación. Aplican en este caso aquellos que estén entre 2 y 4 salarios mínimos, con remuneraciones que oscilan entre los $ 19.000 y los $ 40.000.
Los APP podrán aplicarse fundamentalmente en las ciudades grandes, pero no así en el interior de la provincia, donde las comunas tienen una menor capacidad de endeudarse, hay menores inversiones y además no hay un poder adquisitivo para que las familias puedan afrontar el pago de cuotas que son más elevadas.
La otra opción ya es individual y no existe injerencia alguna por parte del Estado. Tiene que ver con los créditos hipotecarios del Programa Procrear. En este caso, se apunta a los que ganan más de 4 salarios mínimos, vitales y móviles.
Consultados, desde el instituto de la vivienda manifestaron que “es todo un cambio, una política de vivienda distinta a la que se viene implementando y obviamente requiere ajustes, que la gente entienda que empezará a pagar sí o sí”.
“Los APP es para alguien que tiene capacidad de endeudarse, no es fácil, pero a todos nos está costando, con este nuevo esquema de financiamiento. Es lo que viene, tenemos que buscar ese tipo de beneficiarios que califiquen. Estamos trabajando en esto para que al menos nos permita con el correr de los meses llegar a un cupo de la mitad de lo que ejecutábamos antes”.#
Por Federico Sánchez / Twitter: @federicosn
El abrupto giro en el plan de viviendas y hábitat del Gobierno Nacional dado a partir de marzo de 2017 generó un impacto importante en la provincia de Chubut, a punto tal que el año pasado prácticamente se paralizaron las ejecuciones de nuevos hogares para los chubutenses y los que estaban ya en marcha.
Este año no será la excepción, aunque desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) están buscando las alternativas para compensar el déficit habitacional que se ocasionará con el cambio de política. De una política subsidiaria y con importante presencia estatal, se fue hacia una orientada netamente a lo crediticio y la apuesta de la asociación público-privada, con participación de bancos y fideicomisos.
Hoy están en ejecución en la provincia alrededor de 1.800 viviendas. De ellas 746 son financiadas 100% por la Provincia y otras 1.136 con un aporte del Gobierno Nacional. Para 2018 y de acuerdo a números aportados por el IPV, fueron presentados por Chubut un total de 874 proyectos de viviendas en la provincia. De ellos, 330 corresponden a viviendas sociales para los sectores menos pudientes y el grueso de 544 casas en iniciativas a través del esquema de asociación público-privada. Todo ello aún espera ser aprobado.
En los próximos días, las autoridades del instituto estarán viajando a Buenos Aires para destrabar algunos planes de vivienda que estaban pendientes. Unas 258 que también podrían ser reconvertidas para el sistema público-privado.
A ello se le deberían sumar algunas iniciativas que de último momento fueron incluidas dentro del Plan Patagonia. Sin embargo, queda claro que la nueva política nacional ha mermado fuertemente la construcción de casas y se afectó fundamentalmente a aquellos sectores de menos recursos.
En ediciones pasadas el Económico alertó acerca de la sensible caída en el Presupuesto Nacional 2018 en lo que hace a viviendas sociales para Chubut. Este año están programados 309 millones de pesos. De ese dinero, 200 millones serán para proyectos ya en ejecución. El resto servirá para tan solo 100 nuevos hogares. A ello también habría que incorporar unas 71 viviendas de Comodoro Rivadavia por la emergencia habitacional, que ya han sido aprobadas.
Y esta situación queda claro con la baja del programa Techo Digno. De allí se había logrado un promedio de ejecución en la provincia de 1.800 a 2.000 viviendas por año. Hoy, con la baja de este plan, se redujo a un cupo de tan solo 200 casas.
Frente a esta situación, desde el organismo provincial ya piensan en alternativas que le permitan generar recursos propios y poder responder a la fuerte demanda. La intención sería generar un fideicomiso o fondo fiduciario donde ingrese un privado que aporte el financiamiento y después participe en la venta de las construcciones habitacionales.
De esta forma se buscará resolver la escasa cantidad de viviendas sociales. A priori serían tan solo 100 nuevas de esta índole para este año. El instituto precisa de mayor autonomía para poder satisfacer la larga lista de espera de familias chubutenses. Vale recordar que desde mediados de 2016 que el Gobierno Nacional no firma nuevos proyectos de construcción para la provincia, lo cual generó un fuerte estancamiento, poniendo en riesgo a las cooperativas de autoconstrucción y por otro lado, impactando también en el empleo, donde en obra pública se está con la mitad de ocupación de la media histórica, al no habilitarse la ejecución de barrios.
Programas de vivienda
El nuevo esquema nacional que funciona desde abril del 2016 prevé tres tipos de programas para ejecutar en las provincias. Por un lado están las viviendas sociales, cuyo esquema poco a poco se fue dejando de lado. Allí el aporte sigue siendo del 70% por parte del Estado Nacional, el 30% de la provincia. El mismo está pensado para beneficiarios cuyos ingresos sean inferiores a los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Por otra parte, está la gran apuesta de la construcción a través de la Asociación Público-Privada (APP), donde ingresan a jugar los privados, disminuye el aporte realizado por Nación (30%) y no se generan gastos por parte de la provincia. A fines de 2017 Chubut adhirió en la Legislatura a este sistema de contratación. Aplican en este caso aquellos que estén entre 2 y 4 salarios mínimos, con remuneraciones que oscilan entre los $ 19.000 y los $ 40.000.
Los APP podrán aplicarse fundamentalmente en las ciudades grandes, pero no así en el interior de la provincia, donde las comunas tienen una menor capacidad de endeudarse, hay menores inversiones y además no hay un poder adquisitivo para que las familias puedan afrontar el pago de cuotas que son más elevadas.
La otra opción ya es individual y no existe injerencia alguna por parte del Estado. Tiene que ver con los créditos hipotecarios del Programa Procrear. En este caso, se apunta a los que ganan más de 4 salarios mínimos, vitales y móviles.
Consultados, desde el instituto de la vivienda manifestaron que “es todo un cambio, una política de vivienda distinta a la que se viene implementando y obviamente requiere ajustes, que la gente entienda que empezará a pagar sí o sí”.
“Los APP es para alguien que tiene capacidad de endeudarse, no es fácil, pero a todos nos está costando, con este nuevo esquema de financiamiento. Es lo que viene, tenemos que buscar ese tipo de beneficiarios que califiquen. Estamos trabajando en esto para que al menos nos permita con el correr de los meses llegar a un cupo de la mitad de lo que ejecutábamos antes”.#