El massismo fue a la Justicia contra el mega DNU de Macri
Diputados nacionales del Frente Renovador presentaron hoy en Tribunales una acción declarativa por inconstitucionalidad del DNU del Poder Ejecutivo que apunta a desburocratizar el Estado, por considerar que "altera las reglas del Estado de derecho".
"Mediante este instrumento se toman más de 190 medidas que apuntan a reformar el Estado, adjudicándole al Poder Ejecutivo facultades que avasallan las atribuciones del Congreso de la Nación, alterando las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano", señaló la titular del bloque massista en la Cámara baja, Graciela Camaño, a la salida del Palacio de Justicia.
Junto a Camaño, concurrieron a Tribunales Daniel Arroyo, Raúl Pérez, Carla Pitiot, Marco Lavagna, José Ignacio de Mendiguren y Alejandro Grandinetti.
El Gobierno dictó el 10 de enero un extenso DNU que apunta a reformar y desregular el Estado, el cual contiene 190 medidas donde se eliminan normas en desuso, se quitan privilegios a los funcionarios hasta darle al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) flexibilidad para disponer de los ahorros de la Anses.
Un abuso de poder que"avasalla al Congreso de la Nación"
En su presentación contra el DNU 27/1 , los diputados del Frente Renovador-UNA señalaron que "representa un abuso de poder ya que adjudica al Poder Ejecutivo facultades legislativas, avasallando competencias del Congreso Nacional".
"No existen las condiciones de necesidad ni urgencia que constituyen requisitos ineludibles según la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", agregaron en el escrito.
Para los legisladores, massistas "las principales controversias del megadecreto que modifica 140 leyes y deroga otras 19, giran en torno a la habilitación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses a realizar operaciones financieras, como la creación de fideicomisos y operar con instrumentos dentro del mercado financiero".
Cuestionaron también "la decisión del Gobierno de permitir a bancos embargar cuentas sueldo en caso de cobro de préstamos bancarios" y "la eliminación de la obligación de publicar en los boletines de los distritos afectados las licitaciones de obras públicas, así como la reducción de días de anticipación para su publicación".
"Mediante este instrumento se toman más de 190 medidas que apuntan a reformar el Estado, adjudicándole al Poder Ejecutivo facultades que avasallan las atribuciones del Congreso de la Nación, alterando las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano", señaló la titular del bloque massista en la Cámara baja, Graciela Camaño, a la salida del Palacio de Justicia.
Junto a Camaño, concurrieron a Tribunales Daniel Arroyo, Raúl Pérez, Carla Pitiot, Marco Lavagna, José Ignacio de Mendiguren y Alejandro Grandinetti.
El Gobierno dictó el 10 de enero un extenso DNU que apunta a reformar y desregular el Estado, el cual contiene 190 medidas donde se eliminan normas en desuso, se quitan privilegios a los funcionarios hasta darle al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) flexibilidad para disponer de los ahorros de la Anses.
Un abuso de poder que"avasalla al Congreso de la Nación"
En su presentación contra el DNU 27/1 , los diputados del Frente Renovador-UNA señalaron que "representa un abuso de poder ya que adjudica al Poder Ejecutivo facultades legislativas, avasallando competencias del Congreso Nacional".
"No existen las condiciones de necesidad ni urgencia que constituyen requisitos ineludibles según la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", agregaron en el escrito.
Para los legisladores, massistas "las principales controversias del megadecreto que modifica 140 leyes y deroga otras 19, giran en torno a la habilitación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses a realizar operaciones financieras, como la creación de fideicomisos y operar con instrumentos dentro del mercado financiero".
Cuestionaron también "la decisión del Gobierno de permitir a bancos embargar cuentas sueldo en caso de cobro de préstamos bancarios" y "la eliminación de la obligación de publicar en los boletines de los distritos afectados las licitaciones de obras públicas, así como la reducción de días de anticipación para su publicación".