Editorial / La Justicia que quiere cambiar contra la de los soberbios e incorregibles
Leé La Columna del Domingo, el tradicional análisis de la edición impresa de Jornada.
Summum ius summa iniuria / “La extrema justicia es extrema injusticia”
Cicerón
La publicación que hizo Jornada de un fallo de la Cámara de Trelew que otorgó la suspensión del juicio a prueba a un abusador de dos nietas de su pareja, al que en cambio beneficiaron con un ‘probation’ consistente en 30 horas de trabajo comunitario, volvió a sacudir el delicado equilibrio entre las demandas de la sociedad y las respuestas de algunos jueces –no todos-, que fallan en las fronteras del Código Penal y parecen estar dispuestos a defender sus principios jurídicos con dos posturas antipopulares: la jactancia y la soberbia.
El fallo de la Cámara Penal de Trelew que integran Alejandro Defranco, Adrián Barrios y Florencio Minatta fue tan polémico que trascendió las fronteras de Chubut. Tras la publicación que hizo este diario el lunes pasado, casi todos los grandes medios del país (diarios, radios y canales de televisión) recogieron la noticia con tono crítico y en los foros de lectores de cada uno de esos medios destrozaron la posición de los tres camaristas trelewenses. Sobre todo la de Defranco, que además de fallar a favor de un abusador de menores, escribió muy suelto de cuerpo en su perfil de Facebook una diatriba contra la “prensa barata”, cuyo destinatario no era otro que Jornada. Defranco se quejó de que este medio publicara partes del fallo entrecomillado y no editorializara en ese mismo artículo, desconociendo premisas básicas del buen periodismo.
Injusticia
El fallo de la Cámara de Trelew es una aberración, no porque no esté amparado en el Código Penal sino porque se lleva por delante las posibilidades que da ese manual de procedimientos para evitar ser injustos. La frase atribuida a Cicerón que abre esta Columna, que habla del exceso de justicia como una gran injusticia, se aplica claramente en este caso: al abusador lo ampara la frialdad del Código para obtener una ‘probation’ pero esa ventaja se convierte en una gran injusticia para el resto de la sociedad porque evita que vaya a juicio y enfrente las consecuencias. Este es el quid de la cuestión.
La fiscal Silvia Pereira, que fue la encargada de firmar el recurso de impugnación de la Fiscalía de Trelew, dijo en ese escrito que estamos ante una “sentencia defectuosa”, que los camaristas desconocieron la opinión vinculante de los fiscales, la oposición de la víctima y fallos anteriores de la Corte provincial, y hasta que es violatorio de la Convención de los Derechos del Niño.
La otra cara
No hay que irse tan lejos para comparar la posición de la Cámara Penal de Trelew con otra de su rango. En Puerto Madryn, por ejemplo, los camaristas han venido rechazando en los últimos años la “probation” para los casos de abusos sexuales. Hace cinco años que la Cámara Penal de esa ciudad no otorga la suspensión del juicio a prueba cuando hay un abusador y menores de por medio.
A diferencia de lo que ocurre en Trelew, la Justicia de Puerto Madryn considera inaplicable este beneficio para un abusador. El criterio de los camaristas madrynenses fue fijado en una sentencia de 2013 que rechazó un recurso planteado por un hombre acusado de abuso sexual simple de dos menores de edad. En aquel caso, los camaristas Leonardo Pitcovsky, Rafael Lucchelli y Flavia Trincheri resolvieron por unanimidad que era inaplicable otorgar la suspensión de juicio a prueba. El caso fue a juicio y el sujeto finalmente fue condenado en juicio a tres años de prisión.
¿Alguien puede explicar por qué dos abusadores que viven a 60 kilómetros de distancia el uno del otro tienen un trato jurídico distinto?
Según aquel fallo de la Cámara de Madryn, la “probation” no es posible en los casos de abuso sexual porque de esa manera hay una “revictimización” por parte del Estado con la víctima.
Hay jueces que sobreactúan el garantismo. Nadie habla de violar las garantías constitucionales, ni siquiera la de los abusadores de menores. Pero tampoco casi nadie se explica por qué hay jueces que se esfuerzan en evitar que un abusador vaya a juicio.
Camino de espinas
Son muchos los jueces, fiscales y hasta defensores que con distintas responsabilidades vienen haciendo un trabajo de hormiga tratando de mejorar el servicio de Justicia en Chubut. Aún disminuido a la mitad en la cantidad de miembros, la actual integración del Superior Tribunal de Justicia parece estar comprometida en transitar un camino más cercano al pensamiento de la gente que a la burbuja en donde durante muchos años se movió la cúpula judicial y muchos de sus intocables jueces.
Pero no bastará con que el cambio provenga desde las mismas raíces de la Justicia. Es necesario que el Consejo de la Magistratura, un organismo extrapoder y un instrumento fundamental de la democracia para elegir, controlar, investigar y juzgar a los malos funcionarios judiciales, empiece a funcionar de una vez por todas. Hace 24 años que fue creado y nunca terminó de consolidarse. Es verdad que le faltan recursos económicos, pero también le falta independencia a muchos de sus integrantes, que llegaron ahí colgados de una boleta electoral de algún partido político o elegidos por sus pares de los Colegios de Abogados, y muchas veces no tienen ni la capacidad ni las ganas para cumplir sus funciones.
Si toda la Justicia no se compromete con el cambio, pues habrá que cambiar a los que ponen trabas y siguen creyendo que la sociedad es un conjunto de idiotas que anda por la vida con una venda en los ojos.#
Summum ius summa iniuria / “La extrema justicia es extrema injusticia”
Cicerón
La publicación que hizo Jornada de un fallo de la Cámara de Trelew que otorgó la suspensión del juicio a prueba a un abusador de dos nietas de su pareja, al que en cambio beneficiaron con un ‘probation’ consistente en 30 horas de trabajo comunitario, volvió a sacudir el delicado equilibrio entre las demandas de la sociedad y las respuestas de algunos jueces –no todos-, que fallan en las fronteras del Código Penal y parecen estar dispuestos a defender sus principios jurídicos con dos posturas antipopulares: la jactancia y la soberbia.
El fallo de la Cámara Penal de Trelew que integran Alejandro Defranco, Adrián Barrios y Florencio Minatta fue tan polémico que trascendió las fronteras de Chubut. Tras la publicación que hizo este diario el lunes pasado, casi todos los grandes medios del país (diarios, radios y canales de televisión) recogieron la noticia con tono crítico y en los foros de lectores de cada uno de esos medios destrozaron la posición de los tres camaristas trelewenses. Sobre todo la de Defranco, que además de fallar a favor de un abusador de menores, escribió muy suelto de cuerpo en su perfil de Facebook una diatriba contra la “prensa barata”, cuyo destinatario no era otro que Jornada. Defranco se quejó de que este medio publicara partes del fallo entrecomillado y no editorializara en ese mismo artículo, desconociendo premisas básicas del buen periodismo.
Injusticia
El fallo de la Cámara de Trelew es una aberración, no porque no esté amparado en el Código Penal sino porque se lleva por delante las posibilidades que da ese manual de procedimientos para evitar ser injustos. La frase atribuida a Cicerón que abre esta Columna, que habla del exceso de justicia como una gran injusticia, se aplica claramente en este caso: al abusador lo ampara la frialdad del Código para obtener una ‘probation’ pero esa ventaja se convierte en una gran injusticia para el resto de la sociedad porque evita que vaya a juicio y enfrente las consecuencias. Este es el quid de la cuestión.
La fiscal Silvia Pereira, que fue la encargada de firmar el recurso de impugnación de la Fiscalía de Trelew, dijo en ese escrito que estamos ante una “sentencia defectuosa”, que los camaristas desconocieron la opinión vinculante de los fiscales, la oposición de la víctima y fallos anteriores de la Corte provincial, y hasta que es violatorio de la Convención de los Derechos del Niño.
La otra cara
No hay que irse tan lejos para comparar la posición de la Cámara Penal de Trelew con otra de su rango. En Puerto Madryn, por ejemplo, los camaristas han venido rechazando en los últimos años la “probation” para los casos de abusos sexuales. Hace cinco años que la Cámara Penal de esa ciudad no otorga la suspensión del juicio a prueba cuando hay un abusador y menores de por medio.
A diferencia de lo que ocurre en Trelew, la Justicia de Puerto Madryn considera inaplicable este beneficio para un abusador. El criterio de los camaristas madrynenses fue fijado en una sentencia de 2013 que rechazó un recurso planteado por un hombre acusado de abuso sexual simple de dos menores de edad. En aquel caso, los camaristas Leonardo Pitcovsky, Rafael Lucchelli y Flavia Trincheri resolvieron por unanimidad que era inaplicable otorgar la suspensión de juicio a prueba. El caso fue a juicio y el sujeto finalmente fue condenado en juicio a tres años de prisión.
¿Alguien puede explicar por qué dos abusadores que viven a 60 kilómetros de distancia el uno del otro tienen un trato jurídico distinto?
Según aquel fallo de la Cámara de Madryn, la “probation” no es posible en los casos de abuso sexual porque de esa manera hay una “revictimización” por parte del Estado con la víctima.
Hay jueces que sobreactúan el garantismo. Nadie habla de violar las garantías constitucionales, ni siquiera la de los abusadores de menores. Pero tampoco casi nadie se explica por qué hay jueces que se esfuerzan en evitar que un abusador vaya a juicio.
Camino de espinas
Son muchos los jueces, fiscales y hasta defensores que con distintas responsabilidades vienen haciendo un trabajo de hormiga tratando de mejorar el servicio de Justicia en Chubut. Aún disminuido a la mitad en la cantidad de miembros, la actual integración del Superior Tribunal de Justicia parece estar comprometida en transitar un camino más cercano al pensamiento de la gente que a la burbuja en donde durante muchos años se movió la cúpula judicial y muchos de sus intocables jueces.
Pero no bastará con que el cambio provenga desde las mismas raíces de la Justicia. Es necesario que el Consejo de la Magistratura, un organismo extrapoder y un instrumento fundamental de la democracia para elegir, controlar, investigar y juzgar a los malos funcionarios judiciales, empiece a funcionar de una vez por todas. Hace 24 años que fue creado y nunca terminó de consolidarse. Es verdad que le faltan recursos económicos, pero también le falta independencia a muchos de sus integrantes, que llegaron ahí colgados de una boleta electoral de algún partido político o elegidos por sus pares de los Colegios de Abogados, y muchas veces no tienen ni la capacidad ni las ganas para cumplir sus funciones.
Si toda la Justicia no se compromete con el cambio, pues habrá que cambiar a los que ponen trabas y siguen creyendo que la sociedad es un conjunto de idiotas que anda por la vida con una venda en los ojos.#